El artículo 72 de la rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo envió el miércoles al Parlamento modifica el artículo 8 de la ley 19.172, la que reguló el mercado del cannabis: «La información de la dirección y ubicación de los autocultivadores y de los clubes cannábicos registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis [IRCCA] y de los respectivos lugares de plantación, cultivo y cosecha de cannabis, serán de acceso por razones de seguridad pública al Ministerio del Interior [MI], a los fines de la prevención de delitos, pudiendo en tales casos realizar inspecciones y controles regulares».
Este párrafo revive una de las polémicas en torno al cannabis de los últimos meses. El secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío, se negó a proveer al ministerio de tales datos, y tanto la Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay (FECCU) como la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay (ACCA) se pronunciaron en contra del atropello.