Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay
La ley de urgente consideración ataca gravemente la seguridad jurídica de cultivadores y usuarios de cannabis registrados. Desde su capítulo «seguridad pública y drogas» permite que la moral relativa de jueces, fiscales y policía condene a usuarios y cultivadores incluso sin haber cometido delito.
Es la primer iniciativa en la nación que posiciona a los agricultores de Nueva York y a las personas con delitos previos relacionados con la cannabis para acceder temprano a la Cadena de Suministro de Cannabis para el Uso Adulto.
La política, que será anunciada por la gobernadora Kathy Hochul el jueves, es parte de un esfuerzo concertado para asegurar que los primeros dueños de negocios en la industria de marihuana proyectada de mil millones de dólares en el estado sean miembros de comunidades que se han visto afectadas por décadas de guerra contra las drogas.
«Más allá o más acá, la inequidad de la ley en su aplicación lleva a que la gente vuelva una y otra vez a ese mercado negro, o a ese mercado gris no regulado, en busca de respuestas para su consumo. Sea recreativo o sea terapéutico. Entonces tenemos que abrir la mente e integrar a todas esas personas que hoy por hoy la regulación no contempla.»
Sobre el marco normativo (Ley N.º 19.172), el apoyo de los autocultivadores es “alto” tanto por parte de quienes se han registrado como entre los que no lo han hecho. Sin embargo, “en cuanto a las reglas específicas del modelo de regulación, la obligación de seleccionar un único mecanismo legal de acceso es la menos apoyada”.
La mayoría de los autocultivadores no cubren la totalidad de su consumo con su cultivo y, por lo tanto, deben recurrir a otras vías ilegales o registrarse en alguna de las vías legales y cultivar sin estar amparados en la ley. Entonces, la imposibilidad de utilizar más de un mecanismo legal a la vez puede promover que los cultivadores continúen vinculándose al mercado ilegal, aun cuando están registrados para alguna de las vías legales”.
Uruguay: Autocultivadores se enfrentan a años de prisión luego de pesajes y procedimientos policiales cuestionados por los juristas.
Por último, una pregunta ajena al tratamiento y la ciencia del cannabis: ¿estás de acuerdo con la propuesta del Partido Pirata de permitir el autocultivo para todos los adultos?
Hoy, estoy a favor de la legalización total del cannabis, porque solo la legalización total garantizará a los pacientes que son tratados con cannabis y a quienes esta planta puede ayudar que obtengan exactamente lo que necesitan para el tratamiento, y en cantidades suficientes. Con la legalización total, dejarán de estar hartos de los rehenes estatales y tendrán más posibilidades de recibir tratamiento.
Eduardo fue un gurí bueno, trabajador y padre de dos hijos, uno tiene autismo y la niña que no conoció ya que nació mientras él estaba preso, quince días antes de que él muriera. Eduardo no tenía antecedentes penales, ni problemas de adicción. Fue sentenciado al Comcar por dos años, porque tenía 29 plantines de marihuana menores a 15 o 20cms de longitud, en su casa. Los abogados que nos asesoraron dijeron que por ciertos artículos en la LUC, no se podría hacer nada y lo mejor era esperar a que le permitan salir al año, si demostraba buena conducta.
“La instrucción N° 2 era muy buena”, coincidió Bardazano. “Reflejaba lo que había estado en el espíritu de la ley, de la discusión parlamentaria”, añadió, y señaló cómo los cambios en la integración del Consejo Honorario que elabora las instrucciones, con una mayor representación del Poder Ejecutivo y una disminución de la presencia de la Universidad de la República, “tiene impacto” en sus contenidos.
Martín Fernández, abogado miembro del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, planteó que hay un “enfrentamiento de paradigmas, el prohibicionista con el regulatorio”. En ese sentido, sostuvo que pese al texto y espíritu de la ley, “hay actores que siguen actuando en el anterior paradigma”, por motivos que pueden ser “ideológicos o morales”, o porque “es más cómodo”.
“Lo problemático es no respetar los postulados que la legislación claramente estableció”, evaluó.
“Nos falta autocrítica y formación a todos los operadores de derecho”, reconoció la defensora de oficio Virginia de los Santos, de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay.
La sala de segunda instancia liberó a un hombre detenido por exceder los límites
permitidos y cuestionó el sinsentido de investigar penalmente las cantidades de
cannabis que poseen los cultivadores si no hay “indicios” de tráfico