Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay
Nueva York está dando prioridad a las licencias de venta minorista a personas con condenas previas por marihuana. Se ve como un movimiento para equilibrar las injusticias de las leyes antiguas que a menudo terminaban con un número desproporcionado de condenas para los acusados pertenecientes a minorías.
Uruguay. Turistas pagan hasta 25 dólares por un porro en Uruguay.
Brasil. Ministro de Desarrollo Agrario dice que propondrá un proyecto de regulación de la marihuana a medida y semejanza del que en Uruguay cumple una década de vigencia en el año que empieza.
Las empresas que producen el cannabis del Estado son representantes de un “nuevo prohibicionismo del tipo económico”, debido a que el cultivador es perseguido y limitado para que el usuario consuma el producto de un mercado regulado, que tiene distintos beneficios para los privados. “Yo soy partícipe, junto con el movimiento social, de la libertad y los derechos, antes que el capital”. Es “absurdo” que personas sean condenadas a prisión por algo que se vende en las farmacias.
Si el ente regulador esquiva su rol de garante de los derechos y obligaciones de cultivadores y cultivadoras, entonces para que conservar el status regulatorio de la marihuana…?
¿Significa entonces que una actividad plenamente lícita pasa a ser cuestionada? Porque es en estos casos que policía y poder judicial actúan.
¿El IRCCA por tanto con esta negación de su rol inspectivo y de control le está dando la derecha a la guerra a las drogas como política de seguridad pública y drogas?
IRCCA: «Somos conscientes de que la normativa es muy restrictiva en muchos aspectos y que eso encorseta mucho. Estamos tratando de ir hasta el borde de todas esas cosas» para mejorar el sistema, explicó el director ejecutivo del instituto, Juan Ignacio Tastás, el viernes 2 durante una charla en la Expocannabis. «No nos queda otra que movernos en ese esquema hasta que se modifique por decreto o por ley».
Detrás del bajo porcentaje de usuarios comprando cannabis por vías legales, lo que falta es un esquema de incentivos que -como en cualquier mercado- sea atractivo para los consumidores. La rigidez que presentan las alternativas legales en relación al registro, la elección de una única vía de acceso, los topes máximos a las cantidades que se puede adquirir o autocultivar legalmente, la poca variedad, parece que son contraproducentes para maximizar el alcance de la política. La regulación uruguaya de cannabis 2.0 tendrá, entonces, que repensar un diseño que otorgue mayor flexibilidad y contribuya a la expansión de un mercado legal, y no de uno gris como hasta ahora.
En Uruguay existe un amplio consenso respecto a habilitar la venta de cannabis con fines recreativos para turistas. Con un proyecto sobre las mesas del Parlamento, jerarcas y referentes del ámbito debaten las condiciones necesarias para llegar a un cambio en lo estipulado por la ley Nº19.172, aprobada en 2013.
La realidad es que en Uruguay existe hoy por hoy, un retorno a la mundialmente fallida “Guerra a las drogas”. Asistimos a una nueva demonización pública de la marihuana y sus cultores.
El relato de el Estado retoma una retórica prohibicionista y estigmatizante. Y yendo aún más lejos, procura de facto, por acción y omisión, el paulatino desmantelamiento del marco regulatorio de la cannabis.
Una de las propuestas de la ACCA en esa línea es que se cree “un sistema de licencias múltiples que contemple la microproducción”, es decir, a quienes cultivan en sus casas; esta licencia “podría ser de 20 o hasta 50 plantas, lo que sea, pero definir la producción y habilitar licencias accesibles, con algunas ventajas” para los pequeños productores y generar la “figura de expendio” para comprar el cannabis, que no se limitaría sólo a las farmacias, que hoy son unas 30 en todo el país. A nada de cumplir diez años, para Rey, la ley 19.172 necesita “un ajuste general”