Padre e hijo emprendieron en cannabis medicinal, los detuvo la Policía y ahora enjuician al Estado

Los emprendedores habían invertido US$40 mil y perdieron todos sus cultivos

Poco tiempo después de que Agustín se quedara sin trabajo como jefe de cocina en un restaurante de Brasil, su padre, Ernesto, le sugirió emprender en una industria que —por las distintas medidas que tomaba el gobierno—, entendía que estaba en pleno desarrollo en Uruguay; la industria de cannabis medicinal. «En los diarios se leía que el gobierno estaba impulsando el cannabis medicinal; y que era buen negocio», justificó Ernesto en entrevista con Café & Negocios.

Tras evaluar los beneficios de la propuesta de su padre, Agustín se inscribió en un curso para aprender sobre el trabajo de la plantación de cáñamo y, cuando ya tenía el conocimiento suficiente, presentó el proyecto en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), en el que obtuvo la habilitación para plantar cáñamo en un cuarto de hectárea de un campo en el que vive su familia, y en el que su padre tiene otras producciones rurales.

Entonces —tras una inversión de US$ 40.000 para acondicionar el campo en el que se harían las plantaciones—, se puso en marcha el proceso: en noviembre se plantó el cultivo, entre diciembre y marzo se desarrolló y en abril se cosecharon 150 kg de flores secas para la exportación. Pero, en julio, el proyecto se desarmó.

Tal como recordó Ernesto, un día de invierno, con la orden verbal de la fiscal de Rivera, Alejandra Domínguez, la Policía allanó el establecimiento en el que estaba la cosecha —también hogar de los emprendedores— en un operativo «de película»: «Armas, ametralladoras… Todos camuflados. Una cosa impresionante», sostuvo quién ideó este negocio.

A propósito, la fiscal dijo que la decisión de allanar se tomó porque llegó la información a Fiscalía de que en ese predio había una plantación de marihuana y porque, además, se había captado con una filmación aérea una imagen que respaldaba esta información. «Se hizo el allanamiento y se encontraron 44 bolsas, todas acondicionadas de forma tal que aparentemente podrían ser cogollos«, explicó la fiscal, y aseguró que por más de que los dueños de la plantación dijeron que era cáñamo decidió incautarlo para hacer los análisis de cada una de las bolsas. 

Hasta entonces los emprendedores estaban tranquilos. Para ellos esto no era más que un mal entendido que se iba a aclarar una vez que se hicieran los análisis de las bolsas incautadas, pero no fue así. 

Las pruebas: un proceso de fallas y aciertos

«Al poco tiempo, vino la Policía con una orden de detención bajo el cargo de plantación y tráfico de drogas«, recordó Ernesto, e indicó que finalmente no ocurrió porque su abogado, Hugo Lavecchia, adujo que como los emprendedores no estaban presentes cuando se sacaron las muestras para realizar los análisis, no los podían detener.  

Ahora bien, ¿por qué la fiscal ordenó una orden de detención? Porque según el análisis que hizo la Policía Científica a partir de muestras de las bolsas incautadas, era todo cannabis psicoactivo, es decir, según el estudio, la plantación no era la de cáñamo habilitada por el MGAP sino que era un cultivo ilegal de marihuana. Esto porque el nivel de THC —el principal constituyente psicoactivo del cannabis—, tuvo un resultado mayor al 1%, cuando en el cannabis medicinal debe ser menor a ese porcentaje.

Agustín y Ernesto se repetían, una y otra vez, que no podía ser real ese resultado, que algo andaba mal.Para probarlo, decidieron hacer sus propios estudios en el laboratorio del MGAP. Sacaron ocho muestras de las bolsas incautadas frente a una escribana pública, e hicieron el envío a al laboratorio, que probó que las muestras eran de cáñamo, con 0,5% de THC. 

Consultado por qué se mandaron ocho muestras en lugar de 44, el emprendedor explicó que estos análisis eran a costo suyo y salían US$ 170 cada uno, y ocho era el máximo que podían pagar. 

Este nuevo estudio, junto con la presentación de escritos por parte de la defensa de los emprendedores en los que se justificaba la existencia de cada cosa que se incautó, llevó a la fiscal a solicitar un nuevo análisis pero, esta vez, en el Instituto Técnico Forense (ITF) que dijo que de las 44 muestras, 42 dieron un resultado de THC menor a 1%. Tal como explicó Lavecchia, dos bolsas arrojaban cannabis con componente psicoactivo porque eran del auto cultivo —aprobado por el  Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA)—, de Agustín: «La Policía se llevó todo y en algunas bolsas mezclaron», afirmó. 

La posición del abogado

Las pericias realizadas por la Policía Científica aseguraban que el contenido de las bolsas era cannabis psicoactivo de cultivo ilegal. Esto se logró rebatir porque los acusados pudieron realizar un nuevo estudio en el MGAP, por las que tuvieron que pagar un total de US$ 1.360.

En este sentido el abogado defensor sostuvo que «si no hubiesen tenido los recursos económicos para pagar un laboratorio y hacer su análisis particular, que al final demostró que le estaban errando, los hubieran terminado formalizando con prisión preventiva». Y se preguntó «¿En qué hubiera terminado esto si la persona no hubiese tenido los recursos para rehacer los estudios?», porque para él es más que complicado poder explicarle a un juez, al cual un fiscal pide la formalización con prisión preventiva por la presunta comisión de un delito vinculado al narcotráfico involucrando 140 kg de marihuana, que es una plantación de cáñamo y que no debe mandar presos a los involucrados.

El caso archivado

La fiscal Domínguez señaló«Uno investiga… Obviamente después se archivó el caso, y se realizó la devolución».

Consultada por la diferencia en los resultados de los tres análisis, la fiscal dijo que puede corresponderse con la metodología utilizada y que el MGAP y el ITF usa la misma, que es distinta a la de Policía Científica. «Si yo hubiera quedado con policía científica lo hubiera formalizado porque me daba que eran cogollos. Pero uno siempre trata de buscar la verdad, que es nuestra función», sostuvo. 

Una vez identificado que lo incautado no correspondía a un cultivo ilegal, se cerró la investigación y se devolvió el material a los emprendedores, pero según Ernesto, este ya no servía para nada porque había estado guardado «en un depósito horrible».

Por su parte,Domínguez afirmó que el material estaba mal preservado antes de que se incautara: «Se hizo todo un relevamiento por científica. Se tomaron declaraciones a personas idóneas que explicaron cómo tenían que estar acondicionados y no lo tenían de esa forma. No estaban acondicionadas como los propios peritos propuestos por la defensa nos explicaron como es que tenían que estar«.

El juicio al Estado

Si bien se archivó el caso, los emprendedores pretenden hacer un juicio de reparación al Estado: «Es una cosa larga, ya nos dijo el abogado, pero no pretendemos que esto quede así», señaló, y luego agregó: «Pasamos unos meses horribles, con un pie dentro de la cárcel».

El abogado explicó que la base de este juicio es la responsabilidad del Estado por el mal funcionamiento del servicio, tanto del servicio policial como del servicio de fiscalía a la hora de disponer la incautación del producto y «ni que hablar» en la custodia del producto: «Un producto que podía llegar a no ser lo que se decía —como al final se demostró, por la forma que fue estudiado—, se echó a perder porque lo guardaron un cuarto sucio y caluroso«.

La fiscal concluyó: «Ellos harán lo que tengan que hacer, pero uno investigó. Yo no tenía como saber si eso era cáñamo o era marihuana. Estamos hablando de más de 140 kilos que estaban acondicionados para la venta».

Nota publicada por El Observador el 28 de enero de 2023

Los nombres utilizados para los protagonistas de la historia son ficticios.

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