La vuelta al paradigma prohibicionista instala la guerra contra las personas y no resuelve el problema de seguridad pública. Fiscalizar esta actividad licita, sería una muy mala asignación de los funcionarios policiales y un desperdicio de los escasos recursos con que cuenta hoy el Estado.
El mercado regulado respeta el derecho de las personas a consumir cannabis, cuidando la salud y controlando la calidad de los productos. Con la regulación se ha apartado a muchos de los usuarios de cannabis del tráfico ilegal. Mediante la legislación y la fiscalización de todas las actividades conexas se tendió a la reducción de daños asociados al consumo.
