29 de abril de 2021
Somos 60.000 personas que no tenemos nada que ocultar.
60.000 uruguayos estamos registrados como usuarios de cannabis. La ley que nos dio esta
potestad fue votada en el parlamento, regulando el mercado de cannabis.
El Poder Legislativo uruguayo generó garantías y derechos que ahora el Ministerio del Interior
presumiendo todo cultivo como ilícito, quiere modificar sin fundamentos legales. Lo hace
amenazando y cometiendo atropellos a nuestros derechos civiles. Solicitando la información
de nuestros registros y domicilios, que son datos sensibles protegidos por ley. Sólo es posible
acceder a ellos mediante una orden judicial.
Han ocurrido procedimientos con prepotencia y sin órdenes de allanamiento, cometiendo
otras irregularidades. El IRCCA tiene sus mecanismos a los que adherimos. La violencia
estatal contra cultivadores ha sido criticada por varios especialistas del derecho penal como
el Grupo de Estudios en Política Criminal de la UDELAR.
Hay episodios donde a los cultivadores se los ha formalizado o se los ha querido formalizar,
pesando las plantas verdes sin el proceso de secado, además de pesar tallos y elementos
del cultivo como macetas, tierra, y otros artefactos. Queda así en evidencia un cambio
interpretativo de la ley 19172 que desemboca en una criminalización a las y los usuarios y
cultivadores.
Las familias que necesitan cannabis para frenar los síntomas de los suyos, mayormente niños
que solo alivian sus patologías complejas con el cannabis y los autocultivadores, los clubes
de cultivo y las empresas no tenemos nada que ocultar, estamos aquí. Creemos en la regulación
como están creyendo cada vez más países en el mundo. Y seguiremos trabajando con el
estado y movilizándonos, para garantizar transparencia y la seguridad.
Para seguir dando garantías a la ciudadanía que adhiere al sistema de regulación necesitamos
que se reglamente la accesibilidad al cannabis medicinal (ley 19.847). Y también para darle a los
productores las garantías legales que establece el ordenamiento jurídico uruguayo.
Necesitamos que el Consejo Honorario Asesor del Ircca se conforme porque es el ámbito de
diálogo, resolución de conflictos y de construcción de esta política pública que todavía tiene
mucho camino por recorrer. El presidente Luis Lacalle Pou defendió y votó en el Parlamento
el autocultivo. Por eso le pedimos a todo el sistema político y judicial señales claras y
contundentes de su apego a la legalidad.
La Coordinadora de Cannabis del Uruguay la integramos organizaciones sociales, asociaciones
de pacientes y familiares de pacientes, empresarios, autocultivadores, clubes de cannabis,
adquirentes de farmacia e investigadores de diversas disciplinas científicas. Estamos abiertos
a recibir el aporte de más ciudadanos que quieran trabajar en conjunto para seguir demostrando
que no tenemos nada que esconder y que con estas libertades que tenemos estamos teniendo
acceso seguro, transparente y en paz.
