Según un estudio sobre la influencia de la regulación de la cannabis en los procesos de desestigmatización de sus usuarios, esta ha llevado a una relativa aceptación del consumo en los aspectos de su cercanía como vecindad.
Pero incluso en referencia al llamado «mercado gris» de flores, los uruguayos parecen preferirlo al mercado propiamente referido al narcotráfico. Es decir que de acceder de forma ilegal a cannabis en flor, es de preferencia que esas flores hayan sido suministradas por un amigo o conocido antes que a través de una boca de drogas.
Abstracto:
Las leyes y las políticas públicas pueden cambiar las normas sociales al señalar qué comportamientos son legales o ilegales. Las recientes políticas de legalización del cannabis podrían tener este efecto. ¿La legalización del cannabis aumenta la aceptación social hacia sus consumidores? Este artículo se centra en comprender el impacto de la legalización del cannabis en Uruguay en las actitudes hacia los consumidores de cannabis aprovechando que existen mecanismos legales e ilegales para obtener cannabis en el mismo contexto nacional. Para ello, realizamos un experimento conjunto en una encuesta nacional cara a cara ( N= 2.181). A los participantes se les presentaron dos perfiles diferentes de vecinos potenciales y se les pidió que eligieran uno. Estos perfiles aleatorizaron atributos como ser usuario registrado, mecanismo de adquisición de cannabis, frecuencia de consumo de cannabis, así como características sociodemográficas. Los participantes calificaron cada perfil del 1 al 7 en función de cuánto les gustaría tenerlos como vecinos. Posteriormente, estimamos el efecto del componente marginal promedio como la cantidad causal crítica de interés. Los resultados revelan que los usuarios que acceden al cannabis a través de un mecanismo legal son más preferidos como vecinos que aquellos que no lo hacen. Así, la evidencia presentada en este artículo indica que la regulación, al demostrar el acceso legal, aumenta la aceptación social de los consumidores de cannabis.
(Abstracto del estudio llevado adelante por Rosario Queirolo, Lorena Repetto y Eliana Álvarez)
Todo pareciera indicar que la experiencia uruguaya de regulación a logrado en buen grado reducir el estigma que en general pesa sobre el consumo de cannabis. No obstante, esto no parece funcionar de la misma manera en cuanto a las políticas de seguridad pública y drogas, ni en el marco legal altamente restrictivo y punitivo de la Ley de Urgente Consideración, y mucho menos en las constantes acciones policiales y judiciales en contra de cultivadores y usuarios de marihuana.
Incluso tras las anecdóticas expresiones del actual Presidente uruguayo Luis Lacalle Pou ante la BBC:
«Estamos tratando de cambiar algunas cosas. No creo en que los estados cultiven y vendan marihuana. Creo en las personas, los clubes de cannabis o lo que sea que tengamos, que producen su propia marihuana y pueden tener sus propios círculos de consumo de marihuana y no el Estado.»
En este punto cabe aclarar que no es el Estado quien vende marihuana, sino que su expendio se da a través de un sistema de farmacias, que además a diez años de aprobada la regulación, demuestra ser insuficiente para dar acceso a cannabis de uso adulto en todo el país.
Como sea, las expresiones de Lacalle Pou no pasaron de declaraciones sin mayores consecuencias en la legislación sobre cannabis, e incluso el IRCCA ha enfatizado más en el ineficiente sistema de licitantes que cultivan para las farmacias.
Desestigmatización cuestionable.
Más allá de esta «aceptación social» que tiene como costo un registro que no se exige para otras sustancias muchísimo más perjudiciales… y de que según las últimas encuestas la aceptación de la marihuana regulada creció de un 24% en 2012 a un 48% en 2022… el registro es claramente un mecanismo estigmatizante.
Y ni que hablar de la exclusión de las economías populares de las oportunidades de desarrollo de la cannabis regulada. O leyes que claramente benefician al lavado de activos mientras se hace énfasis en las cadenas mas débiles del tráfico de sustancias ilícitas. Cabe preguntarse… la regulación de la marihuana mejoró las libertades y derechos de los hogares en contextos vulnerados? ¿Qué ocurre en aquellos territorios donde no existen ni clubes ni farmacias? ¿La aplicación de la ley es la misma en La Tahona que en Casavalle?
A punto de cumplirse diez años de marihuana regulada en Uruguay, claramente es necesario sincerarse y cuestionarse acerca de si la regulación amplia derechos o más bien mantiene privilegios de clase. Ya que la contradicción entre la «aceptación social» y el resurgir prohibicionista en las instituciones policial y judicial es plenamente visible. Así como su ensañamiento con los excluidos.
No podemos apuntar a un país inclusivo para todos y todas si nos quedamos cortos en la propuesta.
Artículo de Julio Rey para la ACCA, 17/09/2023
Fuentes:
-Legalización, drogas y estigmas. Por Rosario Queirolo, Lorena Repetto y Eliana Álvarez.
Publicado en «Razones y Personas».
–Revista Internacional de Investigación de Opinión Pública , Volumen 35, Número 2, Verano de 2023,
-El País. «Apoyo a regulación de venta de marihuana se duplicó en 10 años».