Solo los que hacen y difunden los datos oficiales consideran que la seguridad ciudadana ha mejorado.
Nota de Carlos Pelaéz para Caras y Caretas 17/03/2024
La violencia y criminalidad adquieren ribetes cada día más complejos; la situación de las cárceles está desbordada mientras el sistema político sólo agrava penas; los amplios nichos de corrupción policial son inocultables. Ahora muchos miran a Rosario, Argentina, sin darse cuenta lo cerca que estamos.
En setiembre del año 2022 el entonces ministro del Interior Luis Alberto Heber solicitó que la sesión del Senado, a la que había sido invitado, pasara a ser secreta. Junto a altos jerarcas policiales, desplegó un gráfico en el que se identificaba con sus nombres a los principales integrantes de 45 grupos criminales que operaban en la zona metropolitana (Montevideo, San José y Canelones).
Pero según un informe de Inteligencia policial difundido esta semana por radio Sarandí y La Diaria, un año y medio después son 59 los grupos criminales que ahora operan en todo el país, algunos asociados a organizaciones brasileñas, sobre todo en zona de fronteras.
En este período el Gobierno se jactó de haber cerrado una importante cantidad de bocas dedicadas a la venta de drogas. Centenares de personas fueron asesinadas y la ola de violencia dejó víctimas inocentes, entre ellos niños y adolescentes.
En el año 2020 el exministro de Defensa, Javier García, ordenó un despliegue muy importante de tropas del Ejército en zonas de frontera; a través de la LUC se implementó la Ley de Derribos, para que la Fuerza Aérea pudiera actuar contra aeronaves que no se identificaran y la Prefectura Nacional Naval adquirió lanchas para proteger las fronteras acuáticas.
Sin embargo, en estos cuatro años Uruguay se convirtió en un país de acopio de cocaína para ser exportada a Europa a través del puerto de Montevideo. Miles de kilos fueron incautados en Europa, unos cuantos centenares aquí. Droga que ingresó por tierra, aire y río.
Los imputados por delitos vinculados al tráfico de drogas suman centenares, pero por lavado de activos no sobrepasan la decena.
Estos datos, todos corroborables con la realidad, revelan el fracaso de una política sobre seguridad que también se cobró a varios jerarcas policiales.
Cárceles: la puerta del infierno
El proceso de deterioro carcelario viene de muchos años atrás, pero fue con la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en el año 1995 que se crearon nuevos delitos y se aumentaron y endurecieron las penas.
Según han sostenido varios expertos, ese aumento no sólo no disminuyó la criminalidad sino que, peor, incrementó la población carcelaria y el hacinamiento. Hubo un período en el que el sistema colapsó porque ingresaba más gente de la que salía.
Los más veteranos tal vez recuerden varios motines, con secuestros incluídos, la destrucción casi total de los interiores de la cárcel de Libertad o los presos quemados en un incendio ocurrido en la cárcel de Rocha.
Otros recordarán los contenedores instalados en Libertad, para alojar a los presos que ya no tenían celda.
Después sobrevino la crisis del 2002, el ingreso de la pasta base al mercado de la droga y, a partir de allí, el delito no ha dejado de crecer, aunque a fines de los 80 el entonces presidente Julio María Sanguinetti ya hablaba de “una crisis de inseguridad”, algo que también se relacionaba con la por entonces imparable corrupción policial.
El Instituto Nacional de Rehabilitación se creó durante el segundo gobierno del Frente Amplio. Y aunque permaneció como dependencia del Ministerio del Interior, se unificó la gestión carcelaria que antes estaba a cargo de la Dirección de Cárceles en la Zona Metropolitana y de cada jefatura en el interior.
Para cumplir con normas internacionales sobre derechos humanos, también se aprobó la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Penitenciario, que proponía redimir pena por trabajo o estudio y la inserción laboral de los liberados, con un artículo que obligaba a las empresas a contratar a personas que obtenían la libertad y estaban registradas en una Bolsa de Trabajo administrada por el Patronato del Liberado.
La referida ley también establecía penas alternativas como la prisión domiciliaria para mayores de 70 años que no hubieran sido condenados por homicidio, violación o delitos de lesa humanidad. También para mujeres que cursaran la etapa final de un embarazo o estuvieran en el primer trimestre de lactancia y además se contemplaba a enfermos mentales, con cáncer o portadores de VIH. Asimismo, se convenía con ASSE para que prestara atención a los presos.
Fue durante ese gobierno que se construyó el penal de Punta de Rieles bajo el sistema público-privado, además de reformar o ampliar varias cárceles del interior.
“De buenas intenciones está plagado el camino hacia el infierno”, expresa un dicho popular y que de alguna manera resume lo que ocurrió después de la aprobación de esa ley.
Los Gobiernos del Frente Amplio tuvieron una alta tasa de prisionización que de alguna manera echó por tierra lo que se pretendía como una mejora, porque las autoridades de la época ya veían a las cárceles como una olla a presión.
Con el advenimiento de la Coalición Republicana al gobierno y la pronta aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) la situación se agravó. Por lo pronto no sólo no hay nuevos edificios carcelarios y sólo se hicieron algunas reparaciones puntuales sino que, además, se agravaron penas y modificaron la calificación de algunos delitos.
De acuerdo con datos de la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, en Uruguay hay unas 15 mil personas privadas de libertad, lo que significa que por cada 230 habitantes uno vive dentro de una cárcel.
Se estima en unos mil dólares lo que le cuesta al Estado mantener a un preso, es decir, aproximadamente unos 180 millones de dólares al año. La mayoría de las personas privadas de libertad son pobres y jóvenes que, si alguna vez trabajaron, ni de cerca llegaron a ganar mil dólares por mes.
Uruguay ocupa el 5º lugar entre los países de América Latina y el Caribe con la tasa más alta de presos por cada 100.000 habitantes, por delante de Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela, entre muchos otros. Y está en el puesto 12 en el mundo entero.
Unos 6.500 presos recuperan la libertad cada año. Pero, con diferentes variables, aproximadamente el 70 % reincide. Muchos de los liberados no tienen a dónde ir, por eso terminan viviendo en la calle y robando lo que pueden para sobrevivir.
Otro fracaso mayúsculo de la política de seguridad.
Corrupción policial, un tema que nadie quiere encarar
Solo en las últimas semanas supimos que policías vendían municiones a bandas de narcos. Antes habían desaparecido varias armas cortas que estaban para ser periciadas en Balística. Periódicamente aparecen policías vinculados al tráfico de drogas o armas.
En realidad la corrupción en filas de la institución es un problema de larga data. Pero ahora, además, aparecen metidos en el tema drogas.
En enero del 2020 en Salto se descubrió que una mujer vinculada al narcotráfico tenía fotos y datos personales de 40 policías. El subjefe de Policía, comisario mayor Adolfo Cuello, aseguró que de la pericia realizada del teléfono celular se encontró que toda la información que tenía quien era llamada “La brasilera” provenía del celular de una mujer oficial de policía.
En junio de ese año una investigación sobre amenazas contra la fiscal Mónica Ferrero permitió descubrir que policías corruptos vendían a los narcos grabaciones de las audiencias orales y públicas.
En agosto, la Justicia de San José imputó al comisario Richard Hernández, jefe de la Brigada Antidrogas de ese departamento, y a otros tres policías, por los delitos de cohecho y asistencia al narcotráfico.
En noviembre del 2021 fue formalizado el subcomisario Richard Perdomo, entonces en Cerro Largo pero hasta hacía pocos meses en Maldonado, por el delito de tráfico interno de armas.
Al mismo tiempo, la Justicia imputó a un policía y a un bombero por ser parte de una banda que transportaba cocaína desde Melo a Montevideo.
Un joven oficial de Maldonado fue enviado a prisión por liderar una banda de pequeños traficantes y haber participado en un homicidio en una boca. También se le imputó por lavado de dinero.
Un integrante de la Guardia Republicana fue detenido por pretender que uno de sus compañeros llevara una mochila con cocaína desde Pan de Azúcar al puesto que se encuentra al ingreso de San Carlos por ruta 9.
Antes de fin de año pasado se hicieron test masivos en el Comcar y se descubrió que algo más de una decena de policías dieron positivo al consumo de cocaína o marihuana.
En medio, otros oficiales y policías fueron formalizados por diferentes delitos.
El asunto Astesiano reveló que la corrupción es un tema que llegaba muy arriba. Tanto, que hasta un pasaporte le dieron al narco uruguayo más importante, que encima estaba preso.
Pero no todo está mal en la Policía. No son pocos los que dicen que hay una especie de batalla “entre el bien y el mal”. Es decir, hay muchos funcionarios indignados con lo que ven cada día.
“¿Cómo le explico a mis hijos que yo no tengo nada que ver con esos policías?”, se preguntó un funcionario con muchos años en la fuerza.
Y otro fue más allá: “¿Cómo puedo confiar en alguien que en cualquier momento me va a entregar a los narcos?”. Explicó que “hemos pasado días y noches de frío y lluvia haciendo tareas de vigilancia para que cuando se hace el procedimiento no encontremos nada, y después te enterás que tu superior avisó a los delincuentes”.
Desde el Gobierno consideran que muchas de las filtraciones que se han conocido son maniobras que tienen como fin perjudicar la gestión. Podría ser esa la razón en algunos casos, sobre todo como pequeñas vendettas internas. Pero la mayoría de los casos se relacionan con la indignación.
Hace unos años atrás, Patricia Rodríguez, expresidenta del sindicato policial (SIFPOM) y ahora funcionaria de confianza del Ministerio del Interior, hablaba del “muro azul”. Entonces proponía la creación de una Fiscalía para que los efectivos pudieran denunciar hechos delictivos de forma anónima y evitar represalias, como traslados o descuentos salariales abusivos.
Mucho más claro sobre la actual situación fue el inspector (r) Roberto Rivero, con una larguísima trayectoria en filas policiales que incluyeron la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas para culminar como director nacional de Policía, cargo del que fue destituido por presiones políticas cuando descubrió los vínculos del Cártel de Juárez en Punta del Este.
Hombre de extracción colorada, fue quien a fines de los 90 inició un proceso de depuración interna y quien, además, promovió a dos destacados oficiales: Julio Guarteche y Mario Layera.
En diálogo con Caras y Caretas, Rivero afirmó que “las autoridades de la región se muestran atraídas por modelos de otros países, pero no estudian con los sociólogos la idiosincrasia de cada país. Acá estamos ignorando las conductas internas de la Policía, no miramos hacia adentro. Se arranca de la base de que la Policía es un organismo honesto. Y a mi me parece que eso no es lo correcto”.
Agregó: “Es cierto que somos vulnerables y es verdad que existe relación en las cárceles con el mundo delictivo extranjero. El problema es que también hay colusión en los cuerpos de represión y prevención. Las autoridades políticas rehuyen tratar el tema y se basan en políticas que no son adecuadas”.
Rivero dijo que, a pesar de estar retirado, “siento un compromiso y afecto profundo por la Policía. Mi padre lo fue y yo toda mi vida. Pero no puedo dejar de señalar lo que me parece equivocado”.
Estos últimos cuatro años se pueden sintetizar en que Jorge Larrañaga, primer ministro del Interior de este Gobierno, creyó que a “poncho y boleadora” podía resolver graves problemas. A su lamentable fallecimiento asumió Luis Alberto Heber, quien jamás entendió de qué trataba su tarea. Y el ministro Nicolás Martinelli, que parecía haberle dado un giro interesante a la gestión, terminó comiendo asados con un estafador internacional.
Rosario nunca estuvo tan cerca
Hace unos años, los uruguayos tuvimos un acercamiento a lo que ocurría con el narcotráfico en Colombia y México a través de las series de Netflix.
En Punta del Este habían caído capos lavadores de dinero de los cárteles de Cali, Medellín, Juárez y Los Cuinis. Pero se los veía como parte de un relato, no como un problema.
Antes de fin de año pasado ya vimos en los noticieros de TV la tragedia que vivía Ecuador. Y ahora ya son amigos y colegas rosarinos los que no relatan cada día lo que se vive en Rosario, tal vez la ciudad argentina más parecida a Montevideo.
Para aquellos que insisten en que todo eso aún está lejos y no pasaría en Uruguay, les quiero recordar lo que este lunes y martes pasó muy cerca, acá, en el asentamiento Kennedy de Punta del Este.
Durante esos dos días, bandas de narcotraficantes se enfrentaron a balazos en las calles internas, asesinaron a un hombre e hirieron de gravedad a otro e incendiaron cinco casas.
Los vecinos, que aún no fueron trasladados a las nuevas casas que les entregará la Intendencia, debieron permanecer encerrados, los niños no pudieron ir a la escuela y algunos pequeños comercios cerraron.
¿Qué tan lejos está Rosario?