Actas de la intervención de la Coordinadora de Cannabis del Uruguay en el Parlamento

Comisión especial de adicciones de la cámara de Representantes

(Reunión del día 15 de junio de 2021)


SEÑORA PRESIDENTA (Nazmi Camargo).- Habiendo número, está abierta la reunión. (Es la hora 12:04)
Corresponde recibir a la delegación que participará en el día de hoy en la Comisión.
(Se establece la conexión vía Zoom)
—Damos la bienvenida a la Coordinadora de organizaciones nucleadas en torno al cannabis, integrada por las señoras Mercedes Ponce de León, María José Miles, Mariana López y Clara Musto y por los señores Juan Manuel Varela y Julio Rey. Cedemos la palabra a nuestros invitados.


SEÑOR REY (Julio).- Soy integrante de la Coordinadora de Cannabis del Uruguay que nuclea a varias agrupaciones, empresas, asociaciones civiles que se manejan en la temática y lo hago en representación de la ACCA, Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay, que se conforma principalmente con cultivadores domésticos registrados.
Los hechos por los cuales nos presentamos ante esta Comisión tienen que ver con lo que identificamos como una problemática en la operativa policial y judicial, además de otras instituciones que intervienen en la temática de la cannabis regulada en nuestro país.


Estamos preparando un pequeño documento, que está en elaboración, y una vez que los compañeros lo autoricen les va a ser remitido. Se trata de un índice de por qué consideramos que la forma en que se está desempeñando esto, hoy por hoy es una problemática, además de un relatorio de casos entre los cuales, para la ocasión, hemos elegido unos cuatro.


El combate al microtráfico, priorizado en la Resolución N° 137 del Consejo Honorario de Instrucciones Generales, respecto a la Instrucción N° 4 de Fiscalía, en combinación con la obligación de los fiscales -desde el nuevo Código Penal- de pronunciarse sobre los casos que son conducidos a audiencias de formalización en un plazo de 24 horas, más las cantidades de portación y stockeo de cannabis regulada, que se presentan en el capítulo de seguridad pública y drogas de la ley de urgente consideración, donde se vuelve a hablar de los 480 gramos para stockeo, para uso compartido en el hogar, en el caso del cultivo doméstico, o la portación de 40 gramos en calle, se presta a la interpretación de que, excediendo esas cantidades expresadas, se estaría constituyendo un delito. Esto contraviene la interpretativa original y el espíritu original de la Ley N° 19.172 que fue redactada en espera de que los jueces hicieran uso de su sana crítica en los procedimientos en cuanto a irregularidades sobre cultivo y uso de cannabis, interpretando lo que decía: que se constituye un delito. Eso no es así en el espíritu ni en la interpretación original de la ley.


Por lo tanto, consideramos que esto, acompañado del énfasis en el combate a las drogas que demostró el actual Ministerio del Interior, pese a la desaparición física de Larrañaga -aprovecho para trasmitir el pésame a los integrantes de la Comisión por el fallecimiento de esta persona- hace que se esté encarcelando, allanando o conduciendo a audiencias de formalización a personas que muchas veces están en perfecta regla.


Entonces, nosotros anotamos unos breves ítems de mecanismos judiciales y policiales que llevan a esto, para ir a más detalle. En mecanismos judiciales, por ejemplo, señalamos el juicio abreviado donde los conducidos son presionados a aceptar causas judiciales que no corresponden, a nuestro entender, ni se les informa adecuadamente de sus derechos. Está también el tema del poder adquisitivo de los acusados, que juega un rol importante y, como consecuencia de los procedimientos, muchas veces la diferencia entre libertad y cárcel está sujeta a si la defensa es de oficio o particular.


Quienes tienen experiencia en esta Comisión en el tema de derecho, o tienen alguna relación o vínculo con el Poder Judicial, saben que principalmente en el interior, cuando se trata de contravenir un proceso judicial, generalmente no se contradice mucho al Juez o al Fiscal por parte del abogado de defensa, por el simple hecho de que son personas que tienen que trabajar todo el año con ese mismo Juzgado. Esto hace que la defensa no sea adecuada. También hemos visto que no hay un conocimiento o hay confusión de cómo aplicar la ley a este respecto por parte de los defensores de oficio. Entonces, el tema del poder adquisitivo tiene muchísimo que ver en esto.


En cuanto a la instrucción de Fiscalía de combatir al microtráfico, en ese sentido estamos en un pico de intervenciones sobre cultivadores y usuarios, dándose judicializaciones, la mayoría de las veces, desde el mecanismo de denuncia anónima. Entonces, nos preguntamos, a la hora de constituir una semiplena prueba y ordenar un allanamiento, cuál es el peso de la denuncia anónima, que de por sí es un mecanismo bastante dudoso.


Con relación al aumento de penas a “delitos” de drogas —al delito lo ponemos expresamente entre comillas— en la ley de urgente consideración, por ese mecanismo se está condenando y se está formalizando a cultivadores e, inclusive, a usuarios con penas excesivas. Muchas veces, los acusados ni siquiera cuentan con antecedentes, pero aun siendo primarios, o habiendo cometido apenas lo que podrían ser delitos menores, se les condena con prisión o bien se los somete a prisión preventiva. Muchos de estos formalizados y condenados son jóvenes, con la consecuente afectación de su desarrollo personal y condena social en sus localidades. La ausencia de penas alternativas produce un serio daño a estas personas que la mayor parte de las veces es irreparable. También está el énfasis en figuras, como tenencia no para consumo y suministro a título no oneroso. Hay una vuelta a estas figuras de la ley de drogas, N° 14.294.


Esta interpretación lleva a condenas y formalizaciones no sujetas a derecho, en casos en que, de remitirnos a la cuestión interpretativa original de la ley de regulación, no se constituirían en delitos.
Respecto a los mecanismos policiales, destacamos la figura de allanamiento voluntario. Esta figura, utilizada recientemente en varios operativos, y sin sostén legal formal, ha producido intervenciones policiales sobre los domicilios de cultivadores debidamente registrados,

Otro punto es la denuncia anónima, que ya mencionamos, en cuanto a la judicialización. La priorización del mecanismo de denuncia anónima ha impulsado a allanamientos con autorización judicial, sin haberse constituido semiplena prueba, siendo que el protocolo de actuación policial, en presencia de cannabis, especifica que no se le debe dar prioridad a este tipo de denuncias, ni que la sola presencia de cultivos de cannabis constituye un delito. Sin embargo, la denuncia anónima procede y se realizan allanamientos y formalizaciones.


Cabe señalar aquí las declaraciones del Ministerio del Interior en su momento, acerca de que todo cultivo es ilegal, extendiendo esta declaración una sombra de dudas sobre personas que cultivan cannabis en regla y contraviniendo ni más ni menos que una ley en plena vigencia, como lo es la N° 19.172, provocando dudas en los propios cuadros policiales sobre actividades legales que no ameritan intervenciones. Además, se han dado intervenciones en calle a usuarios que se encuentran consumiendo cannabis. Es de señalar que el consumo de cannabis es permitido en Uruguay desde 1974 y la ley somete el manejo de dicho consumo a las mismas condiciones que el uso de cigarrillos de tabaco.


También se ha procedido a incautaciones de material vegetal que a toda vista son improcedentes. Asimismo, se da en calle la solicitud de carné de usuario de cannabis, el carné de “porrero”, para decirlo, como lo hacen groseramente algunos agentes en ciertos casos.


La Ley N° 19.172 indica claramente que los datos de los registrados son protegidos por habeas data; no existe, además, tal carné. Las intervenciones en calle, en particular, no solo ocurren durante esta administración, sino que se vienen dando desde la propia reglamentación de la ley.


Respecto al pesaje de la materia vegetal en los procedimientos policiales a cultivos, este se ha realizado en muchas ocasiones con plantas y flores frescas, indicando un desconocimiento absoluto de los procesos de la planta de cannabis, antes de estar apta para ser consumida, lo cual arroja pesos que no son los que corresponden al stockeo final para consumo compartido en el hogar. Acá tengo que brindar el detalle de que la capacidad psicoactiva de la planta se produce una vez que la materia vegetal está seca. Se da un proceso que se llama descarboxilación, donde el THCA, el CBDA, que son los cannabinoides, pierden una partícula de carbono, perdiendo esa A y convirtiéndose en THC o CBD. Por eso se fuma, por eso se seca; la planta fresca no tiene capacidad psicoactiva; podrá tener potencial, pero no tiene capacidad psicoactiva.

Equivocadamente, se han definido productos legales de cultivo en los allanamientos -fertilizantes, potenciadores de flora, etcétera- como precedentes químicos, y a lugares de acopio y secado, como laboratorios de droga. Creemos que esta clasificación equivocada va más allá de un error, es intencional porque, evidentemente, si hablamos de precedentes químicos y de laboratorios de droga, por más que esa persona esté en regla, el proceso judicial es remitido a la Ley N° 14.294; y no es bajo esa ley que se debe juzgar a la persona, formalizarla o dejar de formalizarla, sino bajo la Ley N° 19.172. Hay también mecanismos en el Ircca que favorecen todo esto, principalmente en el acompañamiento que hacen los inspectores del Instituto a los allanamientos. Se han dado visiones, a nuestro entender, erradas, de lo que se encuentra en los lugares allanados, promoviendo este desconocimiento de los procesos de cultivo, cosecha y secado de la planta por parte del cuerpo inspectivo del Ircca. Los propios informes de la Policía a fiscalías y la consecuente perpetuidad de esta terminología errada en los mismos procedimientos judiciales, se traducen en las decisiones que jueces y fiscales puedan expresar en la resolución de dichos casos.


En cuanto a la condena social, esto afecta más que los procedimientos judiciales. Inclusive, afecta la condición de personas de bien en su localidad a través de la prensa, ya que no solo se trasmite esta terminología y estos conceptos errados a los operadores judiciales, sino que se hace por medio de la prensa, provocando una condena social, muchas veces prácticamente inventando la causa a la persona o tomando la decisión judicial antes de que el propio Poder Judicial se pronuncie.


En cuanto a la falta de implementación, la Ley N° 19.847, de acceso a la cannabis medicinal y terapéutica, que se votó por unanimidad en diciembre de 2019, tenía un plazo para su implementación que ya venció. Eso provoca que queden expuestos aquellos pequeños productores no regulados —estamos de acuerdo—, pero que manifestaron en su momento su plena voluntad de pertenecer, de integrarse al mercado regulado en la forma debida. La propia ley contempla esto, así como la participación de esos propios productores en una comisión para la redacción de la implementación de la ley, cosa que no se está cumpliendo. Por su parte, los plazos evidentemente exponen en el tiempo a quienes desarrollan esta actividad que, si bien puede ser no regulada, está dando la solución que el Estado no ha sabido dar desde el momento de la votación e implementación de la Ley N° 19.172. Por eso, fue necesario llevar adelante esta Ley N° 19.847, de cuya redacción participaron los propios productores no regulados.


Pasaremos a comentar algunos casos que fundamentan lo aquí expuesto. Es una breve relación de casos judiciales, la mayoría en proceso, por lo cual los expondremos sin datos filiatorios, a fin de proteger las garantías del debido proceso. Se brindarán, sin embargo, los contactos de los abogados que llevan adelante las defensas, para cualquier duda que los parlamentarios presentes requieran aclarar al respecto.

El primer caso que voy a mencionar es el de un hombre de treinta y nueve años de Canelones. Él tenía seis plantas en regla y una cosecha de tres kilos de flores verdes, es decir, hacía un par de días que habían sido cosechadas. Vale aclarar que la materia vegetal pierde un 80% de su peso en el proceso de secado, que lleva de veinte días a un mes, según cómo se procese. O sea que eso de ninguna manera constituye un stockeo ni está apto para consumo. Era una cosecha de tres kilogramos de flores y hojas en rama, secando, y pesaron todo, lo que tampoco corresponde, apenas con cuarenta y ocho horas de realizada la cosecha. Le dieron prisión preventiva en Santiago Vázquez. ¡Vamo’ arriba!


El segundo caso es el de un hombre de treinta y cinco años, de Punta Rubia, Rocha. Este fue un sonado caso que ustedes conocerán. Seis plantas en regla, se le allana por “error” —entre comillas— en un megaoperativo. Sufre destrucción de su propiedad y violencia extrema por parte del personal policial. Tiempo después concurre al juzgado local, donde se le explica que el procedimiento fue un error de domicilio y no pasó más nada.


El tercer caso es el de un hombre de treinta y ocho años de Pando, Canelones. Se le allana por denuncias anónimas y tenía una cosecha de 2.500 gramos, también en verde. Saquen la cuenta, para ver cuánto puede quedar con el 80% de reducción. Esta persona está emplazada, porque el abogado no aceptó el juicio abreviado. Si no hubiera tenido dinero para pagar un buen abogado particular y este abogado no hubiera tenido la posición que tuvo de negarse a negociar el caso, esta persona estaría procesada o, por lo menos, con prisión preventiva.

El cuarto caso es el de un hombre de cincuenta y dos años, de Dolores, Soriano. Tenía un puñado de cogollos; no recuerdo ahora porque tuve un problema con el archivo, si fueron 8 o 18 gramos de flores que se las pesaron también con hojas y ramas. Obviamente el allanamiento fue en su domicilio por denuncia anónima, eso se encontró en su domicilio. Digo esto, porque la persona no estaba registrada como usuaria ni como cultivadora, pero a todas vistas es algo que está desarrollando en la intimidad de su hogar y, en la medida en que no afecte a terceros, es simplemente para el usuario. Acá no hay ni siquiera semiplena prueba de negociación ni de suministro a título no oneroso ni cosa que se le parezca. Se llevó con prisión preventiva a un usuario, enfermo cardíaco y con EPOC. Lo tenemos en la cárcel.


Por todo lo expuesto, basándonos en los pronunciamientos respecto a las políticas y legislaciones sobre cannabis en nuestro país como Política de Estado —esto está con mayúsculas—, y en el eje de derechos humanos con el cual se fundamenta la regulación del cannabis y las públicas declaraciones de Presidencia, respecto a profundizar y mejorar dichas políticas, es que expresamos que las condiciones de política de Estado no se reúnen en la realidad para ser denominadas como tales.


Además, observamos también una vuelta al concepto de guerra a las drogas, guerra cuyo fracaso ha sido debidamente corroborado, y una política de seguridad que conduce al encarcelamiento de personas que no han cometido falta alguna a la ley o han cometido delitos menores.

Solicitamos, entonces, la instalación de un ámbito sociedad civil-Estado, con el fin de lograr acuerdos que permitan la correcta aplicación de la ley, y que lleven a cumplir con las debidas garantías jurídicas y constitucionales que una ley, como la N° 19.172, amerita. Recordemos que fue ejemplo en el mundo y Uruguay provocó el efecto dominó que lleva a la regulación de aceptación de estos derechos en muchas partes del mundo y, más que nada, amerita la propia concepción de republicanismo y constitucionalismo que nuestro país porta como sello.
Gracias.


SEÑORA LÓPEZ (Mariana).- Formo parte de la Coordinadora de Cannabis del Uruguay y también represento a la asociación Batar, que es la agrupación de padres y madres de niños con epilepsia refractaria y síndrome de West.


Nosotros, más que nada, venimos a rogarles, suplicarles y pedirles que tengan la voluntad política de implementar la Ley N° 19.847. Sabemos que los plazos ya vencieron, pero con todo lo que está pasando hoy, los aceiteros han quedado expuestos, porque no están protegidos. Cuando se llevan a un aceitero preso lo digo con dolor, porque hoy mi hijo ya no va a tener estos beneficios. Hoy yo duermo en paz, pero las personas que no han reglamentado y no han implementado la ley van a tener una cruz, por lo menos, la de mi hijo. Espero que no haya más. Cuando llevan a un aceitero preso hay muchos niños que pierden calidad de vida; hay niños que no pueden con las convulsiones; hay niños que no pueden disfrutar más de un espacio libre en una plaza. Es tan simple como eso. Lo único que les pido es que por favor tengan voluntad política. Esta ley está aprobada desde 2019 y al día de hoy, año 2021, no tenemos ninguna respuesta, dejando expuestas a personas que de buena fe han dado calidad de vida a tantos usuarios, no solamente a los niños. Eso es lo que nosotros queremos ratificar y pedirles por favor que actúen. Es voluntad política lo que hay que poner hoy y eso lo tienen ustedes en sus manos. Ya venimos de un camino largo, que no es de un día. Venimos luchando desde 2016, lo conseguimos y ¿qué pasó? Nada. Quedó en algún cajón.


Hoy vine como madre, que fui, soy y seré, de un niño que tenía epilepsia refractaria y gracias al aceite de cannabis y a aceiteros, tuvo calidad de vida hasta sus últimos días. Sigo en esta lucha y en la Coordinadora, porque no quiero que ninguna madre escuche más lo que yo tuve que escuchar: “acá cannabis, no”.
Gracias.


SEÑORA MUSTO (Clara).- Nuestra consulta se relaciona con el artículo 42 de la ley de regulación del cannabis, aprobada ya hace ocho años. Como ustedes saben, el artículo ordena la instalación de una unidad de monitoreo y evaluación de esta ley, que debe elevar informes todos los años a la Asamblea General, es decir, a ustedes, al Poder Legislativo. Entiendo que eso es de particular interés para la Comisión a la que ustedes pertenecen y que trabaja sobre el tema. Este fue uno de los puntos que convocó mayor apoyo de parte de la ciudadanía, porque es importante para el país y para los ciudadanos saber qué se ha hecho, por parte del gobierno, con los recursos que aportamos, para llevar adelante esta implementación y cuáles han sido los resultados.

Entendemos que no se está cumpliendo con este artículo en particular. El Poder Legislativo está en falta al no reclamar y el gobierno, en general, está en falta al no brindar la información.
(Se corta y se restablece la conexión)


SEÑORA PRESIDENTA.- Perdón, pero se está cortando la conexión y no se puede escuchar a la señora Musto.

SEÑOR REY (Julio).- La pregunta de la compañera Clara Musto tiene que ver con el artículo 42 y a si se está implementando la unidad de control de seguimiento, porque consideramos que esto es fundamental para el proceso. No hay observación por parte de la institución acerca de esto que nosotros estamos planteando: calculo que está ausente del proceso.


SEÑORA MUSTO (Clara).- Redondeando la idea, para nosotros es muy importante informarnos respecto a si se piensa cumplir con la ley; asimismo, de qué manera la Coordinadora puede colaborar en este trabajo.
Los temas que planteamos hoy en lo que tiene que ver con la aplicación de la ley en términos de Fiscalía y del Poder Judicial, la implementación de la ley vinculada a los usos terapéuticos y medicinales, son aspectos fundamentales para nosotros.


Además de ponernos a las órdenes para colaborar en lo que podamos, también quisiéramos tener una respuesta de vuestra parte respecto a cómo se tiene pensado dar cumplimiento a ese aspecto de la ley.


SEÑOR VARELA (Juan Manuel).- Buenas tardes.
Soy de la Asociación de Grow Shops y Comercios Afines.
Quiero agregar algunos datos. Además de los cuatro casos que mencionó Julio, hemos relevado datos, y algo muy interesante que surgió es que el cien por ciento de los casos que pudimos ver sobre irregularidades y procesamientos, que a nuestro entender son injustos, son del interior del país, y un 25%, de Canelones.


Podemos decir que la mitad de esas personas son menores de veinticinco años, por lo que si bien todos los casos que mencionó Julio corresponden a personas mayores de esa edad, la mitad de la totalidad de los casos son menores de veinticinco años y son procesados o llevados a prisión por dos años, simplemente por tener seis plantas o alguna cantidad que exceda el límite permitido para acopiar. Como decía Julio, son delitos menores, y se les hace un daño tremendo que muchas veces es irreparable.


Otra particularidad de los datos es que el 90% de los procesados son hombres. Y en muchos de esos casos se repite la denuncia anónima, el proceso abreviado y el allanamiento voluntario. Quería agregar esas pequeñas cosas porque es bueno que los representantes lo sepan.


SEÑORA MILES (María José).- Buenas tardes; mucho gusto. Soy de los clubes cannábicos, pero no voy a hablar: simplemente, estoy para acompañar.


SEÑORA PONCE DE LEÓN (Mercedes).- Buenas tardes.
Antes que nada, quiero agradecer a los representantes por recibirnos. Asimismo, me disculpo por conectarme tarde; hubo un apagón. En este momento estoy en el campo.


A lo que comentaron mis compañeros, quiero agregar la completa voluntad de nuestra Coordinadora para colaborar en este tipo de acciones en lo que sea necesario y para acercarles información que sea requerida.


Dentro de las propuestas y consultas que hemos hecho, queremos comentarles que en el marco regulatorio de la Ley N° 19.172, está previsto que el Instituto de Regulación y Control del Cannabis tenga cierta estructura compuesta por la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva y el Consejo Nacional Honorario. Hasta el día de hoy el Consejo Nacional Honorario no se ha reunido, no ha sido convocado, siendo un ámbito de diálogo estatal con la sociedad que la ley prevé. Este Consejo, que ha sido creado por esa ley, está integrado por un representante de cada uno de los siguientes ministerios: Educación y Cultura, Interior, Economía y Finanzas, Industria, Energía y Minería -así como por los ministerios que componen el Ircca, como el Ministerio de Desarrollo Social-; un representante del Congreso de Intendentes, uno de Universidad de la República, uno de los clubes de membresía, uno por los autocultivadores y uno de las empresas licenciatarias, actuando en un plenario con los miembros de la Junta Directiva y del director ejecutivo del Ircca.


Este ámbito creado por esa ley es para nosotros muy importante porque justamente es de diálogo y de articulación entre todas las partes, pero hasta ahora no existe. Creemos que en este caso nuestros derechos, en algún punto, están siendo vulnerados, porque no tenemos la oportunidad de dialogar con los referentes que trabajan en este tema, sobre todos estos problemas y sobre las cosas buenas o las distintas situaciones que van atravesando los procesos de implementación de estas leyes que, al ser nuevas, también tienen muchas curvas de aprendizaje en los distintos ámbitos.


Queremos reclamarles a ustedes que, habiendo votado esta reglamentación, se exija o incite de alguna forma a que se convoquen y desarrollen estos ámbitos para el correcto funcionamiento de la ley y también para el correcto diálogo entre la sociedad y el Estado que nos parece fundamental para tomar en consideración este tipo de políticas a las que llaman políticas de Estado.
Muchas gracias.


SEÑORA PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, Mercedes.
Abrimos un espacio para que los integrantes de la Comisión realicen consultas o aclaren dudas que hayan quedado de la exposición de los representantes de la Coordinadora.


SEÑOR REPRESENTANTE DASTUGUE (Álvaro).- Muchas gracias, señora presidente.
Bienvenida la delegación. Hemos escuchado atentamente y nos hemos enriquecido con la información brindada.
Sin duda, algunas cosas nos exceden un poquito, principalmente el reclamo en lo que refiere a la ejecución y a que lo que se reglamentó se aplique.


Quiero presentar una moción a la Comisión, que creo que va a ser muy provechosa, para que la versión taquigráfica de lo expuesto por ustedes se envíe a la Junta Nacional de Drogas, pues considero que tiene que saber acerca de sus reclamos, principalmente lo que refirió Mariana sobre el cannabis medicinal.

Sin duda, la voluntad política estuvo; en el período pasado votamos por unanimidad ese proyecto de ley. Lo que falta es aplicarlo; es un reclamo justo y al enviar la versión taquigráfica a la Junta Nacional de Drogas, si los integrantes de la Comisión están de acuerdo además del resto de los reclamos que se hicieron, de nuestra parte estaremos haciendo fuerza para que lo que ustedes expusieron se cumpla, porque obviamente somos defensores de las leyes y consideramos que toda ley debe aplicarse correctamente.
Gracias, una vez más por lo expuesto. Estamos a las órdenes.


Señora presidente: mociono entonces, para que la versión taquigráfica de las palabras vertidas por la delegación se envíe a la Junta Nacional de Drogas para que su presidente, secretario e integrantes también se enriquezcan con esta exposición.


SEÑOR REPRESENTANTE GALLO CANTERA (Luis).- Comparto totalmente el planteo del señor diputado Dastugue. Pero, además, solicito que la versión taquigráfica de esas palabras destinada a la Junta Nacional de Drogas también sea enviada al Ministerio del Interior.


SEÑORA CORTÉS (Inés).- ¡Y al Ministerio de Salud Pública!

SEÑORA PRESIDENTA.- Si están de acuerdo, seguimos con la lista de diputados anotados para hacer uso de la palabra, y al final votamos la moción.


SEÑOR REPRESENTANTE GERHARD (Daniel).- Gracias, señora presidenta; gracias a los invitados e invitadas por la exposición. Manifiesto preocupación por la información que tan bien se dio. Pareciera que en muchas ocasiones ha primado lo político y lo moral, incluso antes que lo jurídico, y eso obviamente, para todos los de esta Casa debería ser una preocupación.


También pareciera que gran parte del nudo está en la forma de proceder o del Ministerio del Interior o incluso en las formas de aplicar la Justicia, más que en el marco jurídico. Capaz que a eso se refería el señor diputado Dastugue, si interpreté bien.


¿Ustedes ven que es así? ¿Esa sería la síntesis? De todas formas, no hacemos esta pregunta para eludir responsabilidades, para sacarnos el tema de encima y ponerlo en otro lado, porque si es así, si se debe a dificultades políticas, capaz que nosotros como actores también de la política podemos ofrecer respuestas, soluciones.
Me queda claro también que una de ellas es trabajar, incentivar, fomentar que el Consejo Nacional Honorario se reúna.
Muchas gracias.


SEÑORA REPRESENTANTE CORTÉS (Inés).- Pedí la palabra porque me sentí un poco interpelada.
Exactamente hace un año, con otra diputada elevamos un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública preguntando por la Ley N° 19.847, específicamente sobre el Programa Nacional de Cannabis Medicinal y Terapéutico, porque es responsabilidad de ese Ministerio reglamentarlo y ponerlo en funcionamiento. Y justamente lo hice a pedido de pacientes sobre todo oncológicos que necesitan del cannabis medicinal y terapéutico para paliar los síntomas del tratamiento. La respuesta que recibimos fue ambigua. Yo preguntaba sobre los plazos en los que se iba a implementar el programa y lo que me respondieron fue que todavía no sabían los plazos, que recién había asumido el gobierno; eso fue en junio de 2020.


Por eso dije que sería oportuno enviar la versión taquigráfica también al Ministerio de Salud Pública, porque ya hace un año de esto. Lógicamente está la pandemia de por medio, pero es muy importante lograr implementar lo que prevé la ley votada por todos los partidos políticos.


SEÑOR REPRESENTANTE GALLO CANTERA (Luis).- En primer lugar, agradezco los comentarios que hicieron a este respecto; es una preocupación que tenemos desde hace tiempo.
Yo dividiría el tema -por lo menos es la visión que tengo-, en dos partes a mi entender muy preocupantes, uno quizá más grave.


Uno es que en el período pasado trabajamos intensamente en la elaboración de una ley de cannabis medicinal, pensando que podía resolver un problema gravísimo que estamos teniendo. Obviamente, en algún momento tendremos que convocar a las autoridades del Ministerio de Salud Pública a los efectos de saber por qué no la han reglamentado. Si bien la reglamentación es compleja, si uno la analiza no lo es tanto; vamos a entendernos. No se requiere mucho. Lo importante era la voluntad política de tener un marco jurídico, y a eso nos abocamos durante el período pasado. A mi entender, la reglamentación requiere que personas que saben se sienten a hacerlo. No es tan complejo. ¿Por qué? Porque cada vez más estamos viendo más problemas con lo que decía una vieja conocida, Mariana, con quien tuvimos varias oportunidades de conversar: el acceso al aceite de cannabis. Hoy en las ferias se puede adquirir aceite de cannabis, y yo sigo insistiendo que lo que menos tiene es cannabis. Es más: creo que ni una gota de cannabis debe tener. Eso está provocando un daño en los seres humanos, y fundamentalmente en los niños con epilepsia refractaria que requieren de este medicamento. Ahí tenemos un serio problema de salud.


A esto le agregamos una política, que defiendo, que es el ataque al narcotráfico. Nadie en Uruguay puede estar en contra de la política contra el narcotráfico, pero sin violar los derechos, y ¡acá me parece que se extremaron! Esos cuatro ejemplos que citó el invitado, demuestran claramente que acá hay un exceso y abuso de poder, porque conceptualmente se está en contra del consumidor normal de cannabis que nada tiene que ver con el narcotráfico, con el comercio ilícito. Acá estamos hablando de cosas reguladas, legalizadas; y en ese sentido quería ampliar que esta versión taquigráfica también se elevara al Ministerio del Interior para trasladarle la preocupación que tenemos nosotros, los legisladores, pero también el mundo cannábico, hoy muy complejo, con sus derechos vulnerados.
Asimismo solicito que el ministro del Interior acuda a la Comisión a los efectos de conversar y de que nos aclare algunas situaciones complejas.
Gracias, presidenta.


SEÑOR REPRESENTANTE DASTUGUE (Álvaro).- Quiero hacer alguna acotación a ver si entiendo.
Creo que el Ministerio del Interior no tiene potestad de procesar ni de formalizar a ninguna persona. Sí el Poder Judicial. Creo que si hay alguna persona procesada, alguna persona formalizada, ha sido por el Poder Judicial y no por el Ministerio del Interior que es el que traslada información al Poder Judicial para que tome decisiones.
Obviamente, me gustaría estudiar, informarme un poco más sobre los casos que presentó el señor Rey, respecto de los cuales solo me informé a través de la prensa.


SEÑOR REY (Julio).-
En cuanto a que el tema es solo con el Poder Judicial, es relativo. En realidad, en el desarrollo que estamos haciendo del informe que les vamos a presentar, las causas institucionales son variadas y tienen que ver principalmente con el Poder Judicial y el Ministerio del Interior, pero también con la operativa del Ircca y del Correo en cuanto a los procedimientos de registros, porque en muchos casos se da información equivocada, ante lo cual cuando hay un problema policial o judicial, la persona se encuentra desprotegida, más allá de que hay que señalar puntualmente que la Ley Nº19.172 no refiere a cantidades, sino a una presunción de destino lícito del resultado de ese cultivo, de esa cosecha: el uso compartido en el hogar. Entonces, las cantidades son sugerencias para evitar aquellos criterios morales que antes se ejecutaban judicial o policialmente, donde capaz que por 4 gramos terminabas preso, pero con 20 kilos terminabas libre. Esa es la observación respecto a las cantidades y no la interpretación que se está dando de que si se exceden se constituye un delito. Esto por un lado.


Me parece bárbara la sugerencia de convocar al Ministerio del Interior a la Comisión, porque el daño no solo se provoca en las personas que sufren un procedimiento judicial, sino que hay múltiples noticias, que las estamos ordenando en esta segunda instancia para la elaboración final de ese documento, que revelan que en los allanamientos se producen daños materiales al mobiliario, el estrés que sufre la persona, la pérdida de la cosecha, destrucción de materia vegetal, cuando es absolutamente legal.


Recordemos además, volviendo al Poder Judicial, que la Ley N° 19.172 no sugiere penas de cárcel frente a las irregularidades, sino que son simples faltas administrativas que se pueden responder por parte del Ircca o del Poder Judicial con amonestaciones, pérdida del derecho a cultivar, o sea del registro, multas, pero nunca cárcel. Es a través de los otros mecanismos como la LUC o el nuevo Código Penal que esto se produce. Entonces, me parece que sí correspondería, como lo sugirió el señor diputado Gallo, convocar al ministro Heber, más cuando ya confirmó la continuidad de las políticas del fallecido Larrañaga y que considera a la droga -lo expresó claramente en notas de prensa- es la madre de todo crimen, de todo delito. Un despropósito, ¿verdad? Por lo menos a nuestro entender; lo decimos con humildad.


Creo que ya contesté el comentario del señor diputado Dastugue en cuanto a que las potestades del proceso solo son del Poder Judicial; acá hay un articulado. Creo que el énfasis está en los mecanismos con los que la Fiscalía colabora u ordena a la Policía los procederes para generar la semiplena prueba del delito. Claramente eso estaba descrito muy detalladamente en las páginas 35 a 36 de la segunda instrucción de Fiscalía que a los pocos meses fue descontinuada sin mayor fundamento, ni se comunicó, ni cosa por el estilo. Y hoy tenemos esta nueva instrucción o comunicado N° 137, que remite a la instrucción Nº4, sin mayores detalles. O sea, tiene más extensión, más cuerpo la fundamentación de la resolución que la resolución en sí, que es simplemente un párrafo. Entonces, pedimos seriedad a la hora de tratar este tema porque estamos hablando de las libertades de las personas, y volver a señalar que, aunque no se esté inscripto, el exceso de stock o de plantas en el cultivo, no constituyen un delito per se. El registro es una garantía ante un problema judicial para no dejar en duda la condición legal de ese cultivo y de la actividad de ese cultivador, pero desde la Ley N° 19.172, esos excesos no se consideran delito.


SEÑOR REPRESENTANTE DASTUGUE (Álvaro).- Obviamente, la intención no es polemizar ni generar un debate político. Pero por una alusión política podríamos decir que la declaración del hoy ministro del Interior, Luis Alberto Heber, no se refería obviamente a la marihuana en específico, se refería a las drogas en general, y hay muchas otras drogas que sabemos forman parte o son causa de una situación que a ninguno de nosotros nos gusta que son los crímenes. Basta ver el porcentaje de las causas por las que esas personas están en los centros penitenciarios. Obviamente que Luis Alberto Heber no se refería específicamente a la marihuana, sino a las drogas en general.
Nada más, presidente.


SEÑORA PONCE DE LEÓN (Mercedes).- Quiero hacer una simple aclaración, y sin ánimo obviamente de polemizar en el tema, me parece muy importante lo que acaba de mencionar el señor diputado.

Me gustaría recalcar que para que haya personas en la cárcel por haber cometido delitos de drogas, primero debe existir algo que se llama prohibicionismo. El prohibicionismo hace que esas personas vayan a la cárcel y no la sustancia en sí. Creo que está más que claro, y hay que tener en cuenta lo que varias autoridades del Poder Ejecutivo, pero también de la Policía en el pasado, como antiguamente el director nacional, Mario Layera o algunos otros referentes en Uruguay, señalaron sobre el narcotráfico y el consumo de drogas.


El narcotráfico existe porque existe el prohibicionismo. Sin esa prohibición a las drogas, si fueran legales, la gente tendría acceso a drogas como ocurre con el alcohol, tabaco, café y demás en condiciones reguladas y de calidad. Hoy en día el narcotráfico es un problema a nivel del mundo que no escapa obviamente a la realidad de Uruguay. Sin embargo, la ley de cannabis que también es una droga, por más que cuando uno habla de drogas es difícil saber si se está dejando por fuera el cannabis o no, porque la droga es una sustancia psicoactiva que altera el sistema nervioso central, por ende esa diferenciación es muy relativa, y más que nada moralista: depende del oído de quien lo escuche cómo se interpreta, la regulación del mercado de cannabis en Uruguay, ha demostrado que es una salida al prohibicionismo, que ha sido un gran fracaso a nivel del mundo.


El mundo está mirando a nuestro país como una vía pacífica para el final de una guerra de las drogas, una guerra a las personas pobres, sobre todo a los jóvenes, a los usuarios: una droga que criminaliza sociedades.
Y sobre todo también es una guerra, y voy a poner un punto importante, contra las mujeres. Hay un gran movimiento feminista antiprohibicionista que destaca que en realidad las mujeres son la población más vulnerable en este sentido por el narcotráfico, no solo por los puestos que utilizan en organizaciones criminales, desechables y abusadas en general, sino porque también, en proporción, hoy en día en Uruguay y en casi toda América Latina hay más mujeres presas que hombres por delitos de drogas. Y si el mercado de estas sustancias estuviera regulado incluso muchas veces el narcotráfico utiliza sustancias de corte que terminan siendo más peligrosas para la salud que las sustancias en sí a las que se quiere acceder estos delitos no existirían, así como tampoco las organizaciones criminales y seguramente las personas estarían presas por otras razones, que tal vez sean incluso más contundentes y peligrosas para la sociedad.


Me gusta aclarar esto, porque existe la concepción de que las drogas son el demonio, y en realidad el demonio es el narcotráfico, el crimen organizado, y eso gracias a que no hay una ley que regula el mercado. Entonces, el Poder Legislativo es el que a nivel del mundo tiene las herramientas justamente para terminar con esa guerra y dar accesibilidad, derechos y garantías a las personas en el ejercicio de sus derechos personales para consumir lo que quieran.
Muchísimas gracias.


SEÑOR REPRESENTANTE DASTUGUE (Álvaro).- Prometo que no voy a polemizar.
Obviamente, con todo el derecho que tiene Mercedes de expresar su posición, no estoy de acuerdo. No creo que sea así; no creo que sean las causas. Tampoco creo en lo que dijo del feminismo; de hecho, había un 90% de hombres presos pero, bueno, no era el objetivo de la convocatoria a la delegación en esta oportunidad. Es un tema interesante; es un tema para charlar en alguna otra oportunidad, es un tema para debatir y para que cada uno de nosotros aportemos nuestro punto de vista.
Nada más, presidente.


SEÑOR VARELA (Juan Manuel).- El diputado Daniel Gerhard hablaba sobre si es un tema moral o simplemente el Poder Judicial es el problema. Pero lo que en realidad venimos viendo desde la Coordinadora es una especie de ataque a la marihuana o a los consumidores o usuarios desde varios frentes.

Esto que venimos a plantear es lo más urgente y es muy importante que se resuelva porque hay personas que están injustamente privadas de libertad. Pero a su vez tenemos otros problemas como la regulación de la ley de los aceiteros que mencionamos o, por ejemplo, la falta de inclusión financiera que se da a nivel del mundo de las empresas que trabajamos en el rubro. En la ley se prevé la inclusión financiera: el Banco Central debe favorecerla y no está sucediendo.


También hay un ataque desde el Ministerio del Interior; ya el exministro Larrañaga lo había planteado y ahora Heber lo continúa como dice Julio. Y la verdad que, sin polemizar, como dijo Mercedes, se utiliza desde el Ministerio la palabra “droga” para referirse específicamente a la marihuana, y eso se puede apreciar en entrevistas que se le hicieran a Santiago González o al mismísimo Larrañaga que hablan de la droga al referirse a la marihuana, cuando la entrevista era solo para hablar de la marihuana.


El uso de esa terminología por parte de las autoridades, también genera una confusión muy grande en la sociedad y en todo el resto del espectro político, de los legisladores, del Poder Judicial.


Hay que tratar seriamente estos temas y reconocer la posición moral que uno tiene para con estas cosas que influyen en las decisiones que se toman, y en este caso está influyendo, contraviniendo leyes ya votadas en el Parlamento por todos ustedes, perjudicando a muchas personas, en muchos casos jóvenes que están desperdiciando su vida por errores administrativos, burocráticos, judiciales, llámenlo como quieran. Pero el ataque se está dando desde varios ámbitos. Quería recalcarlo porque no es un tema solo del Ministerio del Interior o del Poder Judicial. Esto es un cambio de paradigma o de interpretación que se está viendo desde el año pasado, y nosotros estamos alertando en ese sentido. Ya hemos mantenido otras reuniones y el señor diputado Ope Pasquet nos recomendó hablar con ustedes.
No es un tema que incumba solo al Ministerio del Interior, al Poder Judicial, ni a la Junta Nacional de Drogas. Esto es transversal a todas las instituciones del Estado.
Muchas gracias.


SEÑOR REY (Julio).- Aquí se hablaba de la falta de potestades, y quizás se hacía referencia a si esta Comisión puede hacer algo con respecto a la aplicación de la ley. Sin embargo, el Parlamento sí las tiene a partir de la Ley de Presupuesto N° 19.924, que estableció que las instrucciones de Fiscalía deben estar respaldadas por el voto del Poder Ejecutivo, por ejemplo.
Nada más.


SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la participación y las exposiciones de la Coordinadora de organizaciones nucleadas en torno al cannabis.
La Comisión queda a las órdenes para recibirlos siempre.
Despedimos a la delegación que nos acompañó en el día de hoy.
Muchísimas gracias.


(Concluye la conexión vía Zoom)
(Es la hora 13:05)

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