Nota de Julio Rey para la ACCA.
Esa mañana Nicolás preparaba tranquilamente el mate, el sol asomaba lindo como casi siempre se da en Salto. El plan era llevar a su pequeño de dos años a lo de su suegra, para que esta lo cuidara un rato mientras él salía a sus changas de mecánico. Changas que realizaba mientras esperaba su reincorporación a Boreal, tras un seguro de paro parcial que le había tocado.
Nada lo tenía preparado para que tras tres años de un excelente desempeño en la «empresa líder» en cannabis de Latinoamérica, se lo desvinculara de sus funciones sin más trámite que una llamada a su celular.
Nicolás es uno más de los ex-empleados, más de 400, que fueron cesados de esa misma forma, sin pago de salarios atrasados, y aniquilando las certezas que a boca jarro y corte de cinta de manos del Presidente Lacalle Pou, promoviera Boreal en su momento. La promesa de más de 5000 puestos de trabajo para Salto se desvanecían.
-Una cosa increíble (nos cuenta Nico), y así se dio con todos los otros compañeros. era el primero en reintegrarme tras el seguro y los demás estaban muy expectantes de que ocurría conmigo. Y bueno… hasta ahora estamos luchando por nuestros laudos salariales. ¿Que es ley no? Si te están dando de baja te corresponden los haberes a liquidar y el despido. Y eso no lo tuvimos.
-Más allá de este mal trago. ¿Como fue tu experiencia laboral en Boreal?
-Siempre se aprende algo. Sobre todo el cultivo y cosecha, que no es algo natural de aquí de Uruguay. Es algo que lo venimos estudiando todavía. Los mismos ingenieros agrónomos estaban indecisos con la plantación, bueno, con todo. Estuvo bueno aprender de maquinaria que aquí no había. Pero en general fue agridulce. Y un tanto caótico, sobre todo al final.
-¿Qué tipo de irregularidades notaste que podrían haber anunciado este final para la empresa?
-Mucha gente incapaz. Se veían irregularidades a nivel administrativo. Y también en la cosecha, por ejemplo parte de la cosecha estaba con hongos. Como que había cosas que no estaban coordinadas para que salieran bien. Se estaba haciendo algo sin mucho conocimiento digamos.
-¿Pensás que si este tipo de licencias apuntaran proyectos de pequeño y mediano porte este tipo de desenlaces se evitarían?
-Sin dudas que en esa caso las cosas se podrían controlar más, y se tendrían mejores resultados.
Actualmente el grupo de extrabajadores de Boreal se concentran en el reclamo y cobro de sus salarios atrasados, sin embargo dentro de otras posibilidades ven viable la cooperativización u otro tipo de reapertura de la planta. «Las instalaciones de secado están y son operativas, pero ya la maquinaria agraria desapareció en su totalidad» nos dice Nicolás.
El oro y el moro
Juan Carlos Galvano es presidente de la UTRAU, organización que reúne a los trabajadores rurales y agroindustriales del Uruguay. Con el charlamos de las expectativas que en su momento generó la instalación de Boreal en Salto y que deja como conclusión el lamentable desempeño de la empresa.
-En un departamento donde el índice de desocupación es de los más altos del país, nos topamos con la maravillosa noticia de que venía una empresa a dar 5000 puestos de trabajo nada más y nada menos. Aparentemente en la primera zafra se contrataron alrededor de 400 trabajadores por única vez, después ya se contrataron entre 50 y 60 trabajadores. Y después ya no se contrataron más, quedaron los trabajadores que estaban más o menos efectivos. En la última siembra, que fue muy poca, terminaron hasta los propios administrativos sembrando. Enseguida de eso se manda a todo el mundo al seguro y cuando comienzan los compañeros a terminar el subsidio, se les va comunicando vía whatsapp que están desvinculados de la empresa. Sin noticia de las liquidaciones, ni de nada de lo que se les adeudaba. Sin darles datos de con quien se podía hablar, de quien era el abogado, etc.
–¿Han tenido eco desde el Estado, el gobierno u otras instituciones en este trance?
-Acá en Salto fuimos atendidos por el Intendente Andrés Lima, también por el diputado Álvaro Lima, uno de los compañeros pudo reunirse con Omar Paco Estévez, y otro grupo de compañeros pudo reunirse con un grupo que impulsa la candidatura del Dr. Carlos Albisu presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Fuimos atendidos también por la Mesa Política del Frente Amplio. Y ahí se comenzó a decir acá en Salto que esto se había politizado. Que es algo que nos interesa desmentir. Esto no se ha politizado. La cuestión es que un sector político dio más importancia a esto que los otros sectores políticos. No es un tema de politización, sino que el Frente Amplio nos dijo «bueno muchachos, vengan y cuéntennos que está pasando.» Mientras que de los demás sectores seguimos esperando una reunión, y por lo menos no han demostrado mucho interés. Si bien, en la Junta Departamental se votó una minuta de comunicación, y se votó por unanimidad. Respecto a Carlos Albisu, yo personalmente envié un mensaje y al día de hoy no hemos obtenido una reunión concreta para contarle de primera mano el caso y que los trabajadores se expresen frente a él.
-¿Y de parte del IRCCA y el Ministerio de Trabajo?
-En cuanto al M.T. la abogada que está llevando adelante el reclamo hizo nueve citatorios a la empresa, no se presentaron a ninguno de los nueve. Nadie dio señales de vida. Nosotros le pedimos una reunión al Ministro Pablo Mieres, fuimos atendidos por él y por Andrés Pratti, Director de DINACOIN, según Pratti, el conoce al abogado que cumplía funciones en BOREAL y al que también han desafectado. Es así que lo llama para recabar algunos datos. Por ejemplo, tratar a través de esta persona ubicar a alguien que de la cara por la empresa. Porque por ejemplo los ingenieros que estaban a cargo de la empresa, uno de El Salvador y otro de España se volvieron a sus países de origen. Mediante este trámite telefónico se pudo ubicar a un auditor que pusieron los inversionistas canadienses, y es de suponer que con ese auditor se va a buscar una solución.
-Más allá de BOREAL se han dado este tipo de situaciones con otras empresas del rubro. ¿Cuales serian a tu entender las causas de cierres de esas empresas y de la pérdida de fuentes de trabajo?
-Acá se ha prometido un nivel de exportación elevadísimo y me parece que no se ha podido exportar absolutamente nada. Creemos que aquí se están prometiendo cosas a los inversores que después no se dan. Mucho ruido y pocas nueces.
-¿Algo que consideres agregar para conlcuir la nota?
-Algo que no podemos dejar de nombrar, y que se nos ha dado como «justificativo» para el cierre de esta empresa, es que el Sr. Gonzalo Aguiar, que fue quien logró traer a estos inversionistas, habría enviado informes fraudulentos a los inversionistas durante al menos dos años, pidiéndoles dinero, y aparentemente se habría fugado con el dinero.
Hay una investigación publicada por un diario canadiense, donde se explica todo lo que los inversores reclaman. Porque además Aguiar tendría una empresa en Canadá a la cual los inversores le habrían hecho un juicio.
No se cuidó a los nuestros
María José Borghi es la abogada que promueve las acciones legales de parte de los trabajadores perjudicados, nos presenta un proceso de justicia difícil y extenso, donde la particularidad de no tener una contraparte reconocible con quien negociar redobla el cuesta arriba a la hora de aplicar justicia.
-En mi caso patrocino a un grupo de extrabajadores de la empresa IGNAPIN S.A, que es la razón social con la que está registrada BOREAL. Fueron enviados a seguro de paro a principios de este año. A la mayoría ya se les ha vencido el seguro por desempleo y no fueron reintegrados. La empresa está cerrada, y cuenta con apenas dos funcionarios que hacen las veces de personal de vigilancia a efectos de que no dsaparezcan las cosas que están quedando en la empresa. Se hizo la citación al Ministerio de Trabajo por cada uno de los trabajadores, donde la empresa no concurrió a ninguna de las citaciones. Lo que significa que ha quedado abierta la vía judicial. Y estamos trabajando para la promoción de los juicios laborales respectivos.
No tenemos respuesta de nadie, de ningún accionista o representante de IGANPIN.
-¿Qué se les está adeudando?
-Se les adeuda licencias y salario vacacional generado en el año 2022. Se les debe el medio aguinaldo. Esos serían los rubros de naturaleza salarial. Después tenemos los despidos de naturaleza indemnisatoria. Hasta aquí los rubros que no son discutibles y corresponde pagar. Pero además entiendo que estaban mal categorizados, por lo cual correspondería reclamar la diferencia salarial. Los trabajadores están en una situación de perjuicio económico grave. Que les significa a ellos enfrentar su existencia cotidiana como puedan. No tenemos un representante legal de IGNAPIN en Salto, desconocemos quienes son los accionistas por ser una sociedad anónima, lo que nos significa tener una incertidumbre sobre si va a ser viable efectivizar los créditos de los trabajadores.
-¿En que laudo estaban categorizados?
-Estaban categorizados en un grupo residual, el grupo 23, y que entiendo que no correspondía, porque el rubro que se le autoriza a la empresa era la producción, cosecha y comercialización de cáñamo medicinal. Por ende correspondería haber sido categorizados en el grupo siete, subgrupo uno, con las categorías y los salarios correspondientes a cada lugar de desempeño.
-Tal cual están los controles para habilitar este tipo de licencias. SENACLAFT mediante por nombrar apenas un tipo de control… y sin embargo no parece haber una garantía para los trabajadores, la cual sería la base a la hora de promover estas inversiones. La inserción laboral, el desarrollo local, etc. ¿Deberían esos proyectos formarse bajo otras figuras jurídicas?
-Sin lugar a dudas. Porque la sociedad anónima no tiene una responsabilidad directa del empleador. Esa sociedad anónima puede estar vacía, o pueden retirar el patrimonio de la sociedad anónima. O pueden desaparecer los bienes que pertenecen a esa sociedad. Y el trabajador no cobra. Ha ocurrido muchas veces. Obviamente hay otros tipos de persona jurídica que garantizan al trabajador la posibilidad de su cobro. Por ejemplo no es lo mismo una S.A. que una S.R.L. Ahora, en caso de la S.A. nosotros estamos totalmente librados a si esta empresa sigue teniendo patrimonio o no.
Hay una inversión millonaria en el lugar, pero también puede desaparecer. Y de hecho, han ido desapareciendo cosas. ¿Encontraremos algo para poder ejecutar? Entiendo que los trabajadores no tienen garantías, y que son el lado más débil de toda relación comercial de la empresa.
-¿Una reflexión final sobre este tema María José?
-Entiendo que las empresas que se puedan promover en nuestro país a la hora de ofrecer fuentes de trabajo son siempre bienvenidas. Pero tenemos que tener una reglamentación legal que pueda asegurar al trabajador que nadie con inversión extranjera, pueda invertir sin una garantía que pueda dar cobertura a los derechos de los trabajadores. Nosotros primero tenemos que cuidar a nuestra gente, que nuestros ciudadanos puedan estar respaldados en lo que corresponde a sus derechos. Y en este caso estamos hablando de rubros salariales que nuestra ley protege por encima de todo. Entonces está bueno dar entrada a inversiones, pero primero debemos cuidar a los de casa, y en este caso no se dio.
Anexo: nota de la UTRAU respecto a la situación de los extrabajadores de BOREAL.
