Legisladores oficialistas dispuestos a modificar normas sobre microtráfico que impactan en mujeres y niños

Escribe Victoria Fernández para BUSQUEDA Nº 2138 – 2 al 8 de Setiembre de 2021

“Hay una buena señal”, sintetizó el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, tras una semana de “diálogo intenso” entre integrantes del gobierno y del Poder Legislativo. Es que el impacto de la estrategia de persecución al narcotráfico sobre mujeres y niños ya generaba preocupación en la oposición política y en ámbitos judiciales, y había llevado a la sociedad civil y a organismos como Naciones Unidas a pedir cambios para mitigar la dureza de la respuesta penal. Pero tras la publicación de un artículo en Búsqueda que describió el caso de una mujer joven con cuatro hijos menores que irá cuatro años a la cárcel por intentar ingresar 56 gramos de marihuana al ex-Comcar, el tema se instaló en el debate público y la inquietud por buscar soluciones alcanzó a jerarcas y legisladores del oficialismo.

De acuerdo a las consultas realizadas por Búsqueda, hay voluntad en legisladores de la coalición de gobierno de “revisar” las normas penales que afectan de manera particular a mujeres sin antecedentes penales que son atrapadas por ingresar bajas cantidades de droga a las prisiones.

En paralelo, los organismos del Poder Ejecutivo vinculados al tema —como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)— están estudiando cómo dar una mejor atención a las mujeres con niños que cumplen penas de prisión, y a los menores que deben ser institucionalizados por quedar sin adultos referentes.

El tema también ingresó en el debate político sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC), ya que las normas que endurecen las penas contra el narcomenudeo están entre los 135 artículos que el Frente Amplio, el PIT-CNT y otras organizaciones buscan derogar en el referéndum contra la ley. Una de ellas es el artículo 74 de la LUC, que revivió una norma de 1974 que había quedado en desuso, el artículo 36 del decreto ley 14.294, que penaba el ingreso de drogas a las cárceles con una mínima de cuatro años. En 1998 se aprobó la Ley de Estupefacientes N° 17.016, que en su artículo 60 legisló nuevamente el agravante de ingreso de droga a la cárcel (sin fijar mínimos ni máximos), por lo que la norma anterior se consideraba derogada tácitamente.

Un problema “que urge corregir”
La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, dijo a Búsqueda que está siguiendo el asunto con “gran preocupación” y que incluso en los últimos días le encomendó un informe al comisionado penitenciario. Argimón entiende que la normativa debe “considerar los casos” excepcionales como el de mujeres con niños a cargo que quedan de “rehenes” de la actividad delictiva de su pareja. “Es un tema muy complejo y hay que ser muy cuidadosos en su abordaje”, señaló. La vicepresidenta agregó que está interesada en esta situación desde antes de que volviera al tapete con los cambios introducidos por la LUC.

Por su parte, el senador nacionalista Jorge Gandini dijo que está “dispuesto a revisar” las normas penales que imponen “penas muy fuertes” para algunos casos de microtráfico, aunque afirmó que no fue la LUC la que “aumentó” penas. “Es el resultado final de la integración de distintas normas, no de la LUC”, insistió. Por otra parte, señaló los “volúmenes imponentes” de droga que se consumen en las cárceles para hacer énfasis en la gravedad del problema que se pretende atacar.

De todos modos, dijo que comparte “que no hay relación entre las penas”.

“No puede ser que al Betito Suárez le den dos años y a esta mujer cuatro años”, dijo, en referencia al conocido narcotraficante y al caso de Dona Samer Fleitas relatado por Búsqueda. “Eso no puede ser, está mal”, afirmó. “Hay que estar abierto a revisar algunas cosas, también para revisar los efectos no deseados. Y hay que hacer un estudio global de la legislación penal, para revisar la dosimetría penal”, agregó el senador.

Gandini no comparte el pedido de que se apliquen penas alternativas a la prisión para casos de microtráfico: “Mandarla a barrer la plaza, no”. Cree que el camino es aplicar “penas más leves”, aunque estas deberían limitarse a los casos en que la persona haya intentado ingresar cantidades muy pequeñas de marihuana, menores a los 10 gramos.

El diputado colorado Ope Pasquet coincidió en que “hay un problema de dosimetría penal que urge corregir”.

“Tenemos que buscar una alternativa para ese tipo de conducta que quedó atrapada en una maraña de disposiciones muy severas que producen un resultado desequilibrado respecto a otras situaciones más graves”, dijo. “Estoy afín a buscar una solución”.

“La conducta debe seguir siendo delito porque no está bien que se ingrese droga a la cárcel. Pero lo que está mal es que la severidad de la sanción sea tal que una mujer que lleva un poco de marihuana para su pareja deba cumplir cuatro años mientras que un automovilista que manejaba ebrio, sin libreta y mató a una persona recibió un año y medio de privación de libertad efectiva. Eso no tiene gollete”, afirmó el diputado.

Además, “tiene que haber un margen para medir la gravedad, porque una cosa es un porro y otra cosa es una cantidad para comerciar dentro de la cárcel, y el juez tiene que tener margen para evaluar eso”, opinó.

La senadora colorada Carmen Sanguinetti también cree que es necesario hacer modificaciones. “Entiendo que este artículo tiene que ser trabajado”, declaró a Búsqueda, y añadió que desde el año pasado está trabajando “muy de cerca” en temas vinculados al sistema penitenciario.

En la misma línea, la diputada del Partido Colorado María Eugenia Roselló dijo que plantearía el tema para discutirlo en la bancada, y que también le gustaría tratarlo en la Comisión de Equidad y Género de Diputados que se reunirá la semana que viene.

“Va a traer mejoras”
“Hay un intenso diálogo sobre cómo abordar con estándares de derechos humanos la situación de las mujeres privadas de libertad con hijos a su cargo”, dijo Petit a Búsqueda. “Podemos decir que todas las instituciones involucradas están hoy preocupadas y pensando en cómo abordar este tema”.

El comisionado parlamentario es uno de los que más ha advertido sobre las consecuencias negativas de incrementar las penas de cárcel, en particular para delitos leves. También desde la Defensoría pública y la Fiscalía han planteado preocupación por la severidad de algunas sanciones, que han llevado a que el INR tenga que ampliar al doble la capacidad de la cárcel para mujeres con niños (Búsqueda Nº 2.137).

Petit contó que su oficina inició un estudio “caso por caso” de todas las mujeres privadas de libertad con hijos. “Esperamos que este relevamiento en pocos días nos va a permitir juntar más información y redondear una propuesta para informar al Parlamento. Creo que este diálogo intenso va a traer mejoras”, afirmó.

El Mides está trabajando para fortalecer su presencia en cárceles con especial énfasis en los niños a través del programa Uruguay Crece Contigo, en coordinación con el Ministerio del Interior y el INAU.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo la semana pasada, consultado por Telemundo, que “el tema preocupa” y que lo hablaría con el ministro del Interior. Tras las conversaciones, el enfoque del ministerio estará puesto en la atención a los hijos de las mujeres enviadas a prisión. Lo consideran el punto más urgente y problemático de la situación, ya que es más complejo abordar las penas contra el microtráfico que prevé la LUC, según dijeron a Búsqueda desde esa secretaría de Estado.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo por su parte que se trata de un tema legislativo y que “la solución está en el Parlamento”, si es que “hay voluntad política de cambiar la ley”. Mientras tanto, “la Fiscalía debe aplicar la norma”, afirmó.

“Un disparate”.
“Fue un asunto muy claramente advertido por diversas organizaciones nacionales e internacionales en la discusión sobre la LUC”, reprochó la socióloga Valentina Perrota al discutir el tema en el programa radial En perspectiva el lunes 30 de agosto. “Es una alerta roja que se legisle de esta forma. Ojalá se pueda revertir”, afirmó.

“Esta pobre mujer es víctima del sistema, de los políticos, de las leyes, de la Justicia y la sociedad toda. Lo que debería suceder acá es un reflejo inmediato. El Parlamento tiene legisladores de todos los partidos que estoy seguro que saben que esto es una profunda injusticia”, opinó por su parte el abogado y exedil colorado Martín Bueno.

“Me consta que está habiendo en este momento diálogos intensos”, acotó la abogada Fernanda Sfeir, dirigente del Partido Nacional. “Obviamente la situación es una desgracia pero por primera vez se está hablando en serio del tema”, añadió.

El maestro y miembro de la organización Eduy21 Juan Pedro Mir hizo énfasis en la necesidad de proteger los derechos de la infancia y opinó que “hablaría muy bien del sistema político si esta medida absolutamente salvaje es revisada; que no sea parte del botín de debate de la LUC, que sea antes, porque todos sabemos que es un disparate”

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