“Hay muchas más cosas que hacen mal para la salud” más que el cannabis “y no están prohibidas: la sal de mesa, el veneno de hormigas, las armas”, dice el titular de la Secretaría Nacional de Drogas (Uruguay).
Daniel Radío asiste con frecuencia a foros internacionales para hablar de la experiencia uruguaya vinculada a la marihuana. El titular de la Secretaría Nacional de Drogas dice que a veces le da “vergüenza” asistir a esas actividades, por lo que tiene para decir del proceso que inició el país hace 10 años, cuando el Parlamento aprobó la ley que hizo a Uruguay el primero en regular el mercado de cannabis a escala nacional.
“Uruguay ganó un sitio, un lugar, un cartel en el mundo con respecto al cannabis. A mí me da un poco de miedo de que atrás del cartel haya un baldío con mejoras”, resumió Radío durante una actividad organizada el martes 21 (noviembre) por la Universidad Católica (UCU). “Tenemos un gran cartel y atrás tenemos el riesgo de tener un baldío con mejoras, porque no trabajamos, porque no investigamos tanto, porque no nos metemos en la cosa”.
El jerarca sostuvo que el sistema creado una década atrás necesita cambios para poder cumplir sus objetivos.
Mientras tanto, es lógico que haya un “mercado gris” que ocupe los lugares que el Estado todavía no cubre, afirmó.
Trabas
La ley aprobada en 2013 creó tres vías de acceso, excluyentes entre sí, para que los usuarios consigan marihuana: venta en farmacias, autocultivo y clubes de membresía. Los datos oficiales indican que alrededor del 66% de los usuarios del cannabis todavía recurren al mercado ilegal para obtener esa droga, explicó Belén Sotto, investigadora de la UCU, en la actividad Zonas
grises, mercados legales e ilegales: 10 años de la regulación de cannabis en Uruguay.
En la presentación, los investigadores de la universidad explicaron que las restricciones al acceso establecidas en la ley, sumado a que no hay un despliegue de farmacias que vendan marihuana en todo el país, ambientó la emergencia e “incremento” de un “mercado gris”. Esa
figura existe cuando el “cannabis que se produce legalmente se comercializa a través de canales ilegales”, resumieron. Esa definición abarca un “espectro amplio”:
“Desde el autocultivador que vende sus excedentes entre sus amigos, al club que produce para venderle al mercado ilegal”.
Rosario Queirolo, que lidera el equipo de la UCU, dijo durante su intervención que muchos usuarios combinan el mercado legal con el ilegal. Afirmó que “el principal obstáculo para generar un mercado legal más grande” son los “problemas” que provocan las vías de acceso.
Los datos más recientes del Instituto de Regulación y Control del Cannabis indican que hay 63.664 personas inscriptas en el registro que permite comprar marihuana en las 38 farmacias habilitadas. Hay 14.153 anotados como autocultivadores y 11.301 miembros de 324 clubes.
La tragedia y las armas
Radío retomó los planteos de Queirolo, que dijo compartir por completo. Aseguró que no le parece “una tragedia que haya mercado gris”, sino que lo considera una consecuencia natural de la legalización.
“Es deseable que no vayan al mercado gris y que no vayan al mercado negro, pero vos no brindás todas las soluciones de una y por lo tanto las cosas se van acomodando”, explicó. De acuerdo con su visión, el “mercado gris se encarga de llenar los intersticios” que deja la política pública.
Radío relató que le llegó la información de que en Treinta y Tres la Policía está persiguiendo a los autocultivadores, que era quienes proveían de cannabis a los consumidores, en un departamento donde no hay farmacias habilitadas para venderlo. “El mercado gris se encargó de resolver un problema que nosotros no resolvimos porque no teníamos una farmacia en Treinta y Tres”, resumió.
Para tener un mercado amplio, añadió Radío, el Estado debe ofrecer tres cosas: cannabis a buen precio, variedades de marihuana y más puntos de acceso. Pero hoy la política solo cumple con la del precio.
El titular de la secretaría dijo que está a favor de poner impuestos al cannabis para poder financiar mejor la política de drogas, ver cómo se amplía la cantidad de puntos de venta, aunque implique ir más allá de las farmacias, y eliminar el registro de compradores.
Para Radío, que integra el Partido Independiente, el registro es una demostración de que la marihuana sigue siendo una sustancia estigmatizada por la sociedad
uruguaya, aún 10 años después de la aprobación de la ley.
A modo de ejemplo, mencionó que el alcohol y el cannabis están prohibidos en las cárceles, pero que intentar ingresar la última sustancia tiene una pena mucho
mayor.
El jerarca insistió en que “es mentira” decir que las drogas “hacen mal a la salud” sin marcar diferencias. “Asociar las drogas con la enfermedad es solo una posibilidad de un porcentaje pequeño de los usuarios”, sostuvo. “Hay muchas más cosas que hacen mal para la salud y no
están prohibidas: la sal de mesa, el veneno de hormigas,
las armas. No están prohibidas y no son saludables para nada. No hay nada menos saludable que un revólver y, sin embargo, no se le ocurrió a la sociedad prohibirlo”.