Coordinadora de Cannabis denunció ante comisión legislativa irregularidades en los procedimientos policiales y procesos judiciales contra autocultivadores

Autocultivo de cananbis en Montevideo (archivo, mayo de 2021). Foto: Ernesto Ryan

La Comisión Especial de Adicciones convocará a autoridades del Ministerio del Interior, de la Fiscalía y del Ministerio de Salud Pública.

La Comisión Especial de Adicciones de la Cámara de Diputados recibió por teleconferencia a la Coordinadora de Cannabis, que denunció procedimientos irregulares por parte del Ministerio del Interior (MI) contra autocultivadores y decisiones judiciales que contravienen lo establecido por la Ley de Regulación y Control del Cannabis (19.172).

La coordinadora -integrada por autocultivadores, clubes de cannabis, asociaciones de pacientes y familiares, empresas, adquirentes de farmacia, investigadores y organizaciones sociales- expresó su preocupación por el retroceso en la aplicación de la Ley de Regulación del Cannabis y particularmente por disposiciones legales y lineamientos que van contra el “espíritu” de esa ley, como la resolución de Fiscalía que priorizó la persecución del microtráfico.

Los representantes de la coordinadora plantearon que existe una “problemática de orden judicial, policial y de política de Estado” y presentaron una serie de casos en los que entienden que existieron formalizaciones del proceso contra autocultivadores sin las garantías correspondientes.

Entre otros temas, señalaron que la obligación de la Fiscalía de pedir la formalización en 24 horas cuando hay detenidos “provoca que los acusados deban declarar sin la adecuada asistencia legal” y sostienen que se utiliza sistemáticamente el “allanamiento voluntario”, por el que la Policía pide permiso para ingresar a los hogares.

También señalan que se da prioridad a la “denuncia anónima” como disparador del procedimiento policial e intervenciones en la calle contra personas que están consumiendo cannabis con incautaciones sin ningún sustento legal.

Además, expresaron su preocupación por que el pesaje de lo incautado en cultivos “se ha realizado en muchas ocasiones con plantas y flores frescas, indicando esto un desconocimiento absoluto de los procesos de la planta de cannabis antes de estar apta para ser consumida”.

Por otra parte, sostienen que en el acompañamiento que hacen los inspectores del Instituto de Regulación y Control del Cannabis a los allanamientos se cometen errores técnicos y conceptuales, lo que afecta el proceso de cultivo y tiene consecuencias sobre los informes policiales y las decisiones de la Justicia.

La coordinadora planteó que “la propia concepción de republicanismo y constitucionalismo de nuestro país” amerita “la correcta aplicación de la ley” y llamó a la instalación de un ámbito de diálogo entre la sociedad civil y el Estado.

Otro de los temas que fueron planteados por la coordinadora fue la falta de reglamentación de la Ley 19.847, sobre producción de cannabis para el uso medicinal y terapéutico, que está en manos del prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y del Ministerio de Salud Pública (MSP). Los integrantes de la coordinadora advirtieron que la falta de reglamentación “deja expuestos a pequeños productores de derivados terapéuticos, que han manifestado su plena voluntad de integrarse al mercado regulado”.

En diálogo con la diaria, el diputado del Frente Amplio Daniel Gerhard señaló que se definió llamar, en primer lugar, a las autoridades del MSP para conocer qué está pasando con la reglamentación de la Ley 19.847 y también con la convocatoria a la Comisión Honoraria que realiza el seguimiento de la política del cannabis, en manos de ese ministerio.

En cuanto a la situación de los autocultivadores, el diputado señaló que se está utilizando el marco regulatorio vinculado con drogas en general y no el específico del cannabis: “El problema no es la ley, sino el componente moral y político con que actúa todo el Estado, especialmente el MI”.

Consultado sobre las diferentes posiciones entre la Junta Nacional de Drogas, que mantiene el objetivo de avanzar con la regulación y la política del MI, el diputado respondió: “Vivimos en un gobierno de las apariencias. Aparentemente el gobierno no va a hacer cambios en esto, pero después lo que vemos en la práctica es otra cosa”.

Gerhard dijo que “hay una base del gobierno que se opone” al avance de la regulación. “En definitiva, están haciendo lo que criticaron mucho, que es poner lo político por encima de lo legal”, agregó.

Gerhard afirmó que existe “un ensañamiento, producto de un nuevo clima político, que busca criminalizar y estigmatizar algo que en realidad es legal”.

El diputado mencionó el hecho de que muchos de los casos planteados por la coordinadora ocurrieron en el interior del país. “Probablemente tiene que ver con el ambiente cultural y moral, y es un problema, porque las leyes son para toda la República. Es curioso que se dé en un gobierno que la palabra que más repite es ‘libertad’”.

Después de recibir a las autoridades del MSP, la comisión llamará al MI y a las autoridades de la Fiscalía General de la Nación para tratar los temas planteados por la coordinadora.

Publicado por La Diaria el 15 de junio de 2021. Link al original AQUÍ.

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