El pasado jueves 27 de octubre se realizó frente a la Suprema Corte de Justicia una concentración y fumata, cuya principal consigna fue «No más presos ni presas por marihuana». Y que contaba además con una breve plataforma de reclamos acordada entre los movimientos sociales integrantes del Grupo Organizador de la Marcha de la Marihuana capítulo Uruguay.
La plataforma de reclamos tal cual reza en el flyer de difusión de la concentración y fumata son:
#Libertad a los compañeros y compañeras procesados.
#Por la inclusión de la pequeña producción en el mercado regulado.
#Por la restitución de los derechos conquistados por usuarios y cultivadores.
A su vez se entregó una carta dirigida a la SCJ y también a Fiscalía General de la Nación. Publicamos a continuación el contenido de dicha carta, cuya recepción fue documentada y membretada formalmente por la SCJ.
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Montevideo, Uruguay, 27 de octubre de 2022.
Sres. y Sras. integrantes de la Suprema Corte de Justicia.
Sres. y Sras. integrantes de la Fiscalía General de la Nación.
De nuestra mayor consideración.
Nos dirigimos a ustedes por una profunda inquietud que invade a nuestro colectivo. Inquietud que surge a partir del excesivo punitivismo ejercido por los operadores judiciales y policiales bajo el marco actual de la LUC, el Nuevo Código Penal y las instrucciones de Fiscalía en referencia al combate al microtráfico.
Tras haberse regulado en 2013 en nuestro país la producción y expendio de marihuana en flor, nos enfrentamos hoy por hoy a una política de seguridad pública y drogas con un pronunciado sesgo belicista y prohibicionista.
Una figura penal absurda más que ninguna otra provoca estas claras injusticias cometidas por la praxis policial y judicial, es la llamada «hipótesis de tenencia no para consumo». Vieja figura de la ley madre de drogas, la 14294, que viene siendo aplicada indiscriminadamente a partir del articulado de la LUC que vuelve a fijar las cantidades entre comillas «límite» propuestas desde la ley de regulación.
Pensamos que esto ha producido el procesamiento con prisión efectiva de un amplio universo de cultivadores y usuarios que o bien han cometido delitos de bagatela, o directamente no han cometido delito alguno, pero que dada la interpretativa forzada de estos artículos ven suspendidas sus garantías legales, causando así un daño irreparable no solo al normal desarrollo de sus vidas, sino también a sus familias y a la sociedad toda.
Esta visión prohibicionista y punitiva en conjunción con el juicio abreviado presente en el Nuevo Código del Proceso Penal permite que se realicen prácticas «extorsivas» por donde mediante la amenaza de que si el acusado no acepta la causa se formalizará por ejemplo a su pareja, más el desconocimiento de la ley de los acusados, lleva a que muchas personas que no han incurrido en falta alguna terminen aceptando una causa y un procesamiento claramente no sujetos a derecho.
Aquí vale aclarar que no estamos cuestionando el juicio abreviado por sí mismo, sino que decimos que en esta coyuntura legal el mencionado juicio abreviado puede volverse claramente una acción extorsiva, practicada por quienes deberían estar aplicando justicia, y no llenando las cárceles de ciudadanos inocentes en nombre de mejorar los guarismos de la seguridad pública.
Interpretamos además que estamos ante sentencias no sujetas a derecho, ejercidas desde «el pleno convencimiento moral» y no desde «la sana crítica» que es como corresponde.
Por otra parte, la instrucción de fiscalía ordena la persecución al microtráfico generando grandes inequidades en la población más vulnerable. A partir de su puesta en práctica ha aumentado significativamente la cantidad de hombres y mujeres presos por delitos de estupefacientes, no violentos. A nuestro entender esta norma de fiscalía no ataca al crimen organizado, al no priorizar al tráfico de grandes cantidades, ni su persecución , ni la condena al lavado de activos.
Por otro lado y refiriéndonos a las condenas por pequeñas cantidades que puedan efectivamente desviarse, nos parece de una enorme injusticia enviar a los y las responsables de dichos desvíos a cárceles donde el riesgo de vida aumenta significativamente, donde las familias se ven habitualmente destruidas, y donde siendo estas condenas mayormente a primarios, podríamos decir que alimentamos con nuevas víctimas a la vorágine de violencia tan habitual en nuestras cárceles.
En este aspecto es urgente adecuar las penas a la gravedad relativa del delito. No puede ser que por delitos menores y no violentos de drogas, nuestra justicia no encuentre más alternativa que la prisión efectiva, en particular si nos referimos a cannabis.
El mundo avanza hacia la regulación de los mercados ilícitos de drogas. Con un marcado desprendimiento de las nociones del «prohibicionismo» y la «guerra a las drogas». Recientemente en EEUU, ni más ni menos que el país que llevó la lista de sustancias prohibidas al mundo, se produjo el indulto masivo a presos y presas por delitos referidos a cannabis no violentos.
Uruguay no puede quedar atrás, y menos tras haber sido referente internacional de una política de drogas basada en los derechos humanos, seguridad pública, reducción de daños y desarrollo.
Si pretendemos sanear nuestra sociedad de la violencia surgida del narcotráfico, bajo ningún concepto puede ser peor el remedio que la supuesta enfermedad.
NO MÁS PRESOS Y PRESAS POR MARIHUANA…!!!
Grupo Organizador de la Marcha Mundial de la Marihuana Uruguay
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