INJUSTICIAS
Recientes episodios de personas detenidas y procesadas por tenencia y venta de ínfimas cantidades de droga generaron polémica por el excesivo punitivismo implementado en la LUC y la falta de penas
alternativas.
Texto de Simón López Ortega publicado por Caras y Caretas el 23/02/2024
En las últimas semanas, el Ministerio del Interior difundió una serie de operativos antidroga que causaron polémica en la opinión pública por la excesiva penalización de las personas detenidas y formalizadas tras incautarles escasas cantidades de drogas.
Por ejemplo, el jueves 15 de febrero una comunicación oficial daba cuenta de un operativo policial llevado a cabo en la jurisdicción de la Seccional 22 de Salinas, donde se mencionaba la formalización y la incautación de estupefacientes a un individuo que fue detenido durante un patrullaje realizado por el Grupo PADO en las calles 60 y 72.
El escueto parte policial señalaba los antecedentes del detenido y estaba acompañado por una foto de los objetos incautados, y, entre ellos, apenas dos bolsitas de cocaína.
Esto derivó en que el hombre de 34 años sea formalizado por la presunta comisión de un delito de suministro de sustancias estupefacientes, por lo que se dispuso su prisión preventiva por un período de 90 días, hasta que se determine su sentencia definitiva.
Pero el caso que causó mayor controversia sucedió a principios de este mes en Punta del Diablo, cuando una mujer de 37 años fue condenada a dos años de prisión por vender brownies cannábicos en la playa y luego encontrarle marihuana en su casa.
El caso de Natalia en Punta del Diablo
El pasado 6 de febrero, el Ministerio del Interior informó que la Policía de Rocha “desarticuló una boca de venta de drogas en Punta del Diablo”, luego de un procedimiento que se desarrolló el 26 de enero cuando efectivos que realizaban tareas preventivas en Punta del Diablo, en el marco del operativo “Verano Azul”, observaron a personas haciendo un intercambio, por lo que procedieron a la identificación
de una mujer que llevaba una mochila y, luego de realizada la inspección en sus pertenencias, se constató que transportaba una lata con 22 envoltorios de marihuana y 5.930 pesos. Posteriormente, la Fiscalía Letrada de Chuy ordenó el allanamiento de la vivienda de la indagada, donde fueron incautadas 18 plantas de cannabis, 227 gramos de marihuana, una balanza de precisión y 1.450 pesos uruguayos.
“HAY UN CONTRASTE ENORME A LA HORA DE PERSEGUIR LOS DELITOS, CON UN ESTADO QUE TIENE ENORMES PROBLEMAS PARA PERSEGUIR AL NARCOTRÁFICO Y AL CRIMEN ORGANIZADO PERO PENALIZA LA VENTA DE BROWNIES LOCOS”.
El procedimiento judicial concluyó con una condena de dos años de penitenciaría mediante el acuerdo de un juicio abreviado para la mujer de 37 años (carente de antecedentes penales) como autora de un delito penal en la modalidad de suministro de estupefacientes.
Luego de lo sucedido, vecinos y comerciantes de la zona que conocen a Natalia comenzaron a manifestar su sorpresa por la pena aplicada e iniciaron una campaña de recolección de fondos para ayudar a la mujer a pagar el costo de los abogados.
Desde la Asociación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay consideraron que, si bien Natalia cometió un delito, “no se trata de una narcotraficante y ven la pena aplicada por la Justicia como excesiva, teniendo en cuenta que se trata de una madre soltera”.
“Nadie es peligroso por plantar, facilitar y mucho menos consumir marihuana”, dijo Mauricio Gabbiani en un audio difundido por la agrupación de cultivadores.
En sus redes sociales, la tienda Urugrow, que ofrece asesoramiento sobre las actividades comerciales en la producción de cannabis, también pronunció su apoyo a Natalia en un video publicado por Facundo Santo Remedio, que relata que la mujer encarcelada “es muy buena vecina, muy buena amiga y muy buena madre”.
“Natalia hace brownies y trufas locas en temporada de verano para ganarse la vida y así pagar sus gastos, actividad que sabemos que no está permitida y que no alentamos a nadie a que lo haga, pero también sabemos que es muy habitual, no pone a la sociedad en peligro”, cuenta el influencer antes de relatar lo que ocurrió el pasado 26 de enero que contradice, en parte, a la versión oficial. Según contó Santo Remedio, en el allanamiento a Natalia del pasado 26 de enero, “los policías ingresaron haciéndose pasar por compradores”.
“Allanaron su casa y encontraron plantas, una balanza que utiliza para cocinar y algunos porros”, matizó el activista cannábico. Al tiempo que cuestionó: “¿Estos son los narcotraficantes que hay que perseguir?”.
Juan Manuel Varela de Urugrow señaló que el Estado y la Justicia gastan recursos en determinados hechos o delitos que no lo ameritan por no tener cierta gravedad criminal.
“Debería haber otro tipo de penas alternativas, las cuales hoy no existen”.
¿Pena justa o desproporcionada?
El senador (s) de Fuerza Renovadora (Frente Amplio), exdirector del IRCCA y exsecretario de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, expresó en su cuenta de X que “penar con cárcel los delitos de microtráfico es una estrategia perimida, poco efectiva y nociva para las personas imputadas y la sociedad en su conjunto”.
Señaló que «existían otras alternativas , pero fueron suprimidas, torpemente, por el actual gobierno», en relación con las normas penales aprobadas en la Ley de Urgente Consideración (LUC) que previeron un aumento de penas contra el tráfico de drogas de manera genérica.
Consultado por Caras y Caretas, Olivera manifestó que “hay como una vuelta a un pasado, donde el concepto de guerra de las drogas era que había que perseguir a toda persona o todo ámbito en donde se consumieran drogas, donde existieran drogas, y que cada uno de esos procedimientos, por chico que fuera, colaboraba en parte a ganar esa guerra a las drogas”. Lo cual entiende que “es un disparate”, porque está claro que, en esos extremos, de gente que maneja muy pocas cantidades, “no se está tramitando nada que amenace a la seguridad pública, ni siquiera de la salud pública”.
Si bien reconoció que los procedimientos mencionados son “apegados a la ley” vigente, apuntó al “contraste enorme” a la hora de perseguir los delitos, con “un Estado que tiene enormes problemas para perseguir al narcotráfico y al crimen organizado”.
“Vos no podés perseguir simultáneamente y con la misma cantidad de recursos todos los delitos, y en el caso del tráfico de drogas es así. Vos no podés perseguir simultáneamente a todos los eslabones del narcotráfico», explicó Olivera.
“Entonces de alguna manera priorizas dónde haces el énfasis, dónde haces el despliegue”, sostuvo. “Evidentemente acá hay un orden de prioridad que para mí está sumamente alterado”.
Consultado por el tema particular de Natalia, expresó que “lamentablemente, la normativa se ha ido reformando de manera cada vez más punitiva y sobre todo con la Ley de Urgente Consideración, que impide que el sistema de Justicia le ofrezca o tenga disposición de penas sustitutivas a la privación de libertad para estos casos”, apuntó.
El especialista en políticas públicas comentó que “en sistemas de Justicia más avanzados y de carácter más progresista y progresivo, a estas situaciones se les impone, ya sea un plan de tratamiento o de participación en una capacitación laboral, de inclusión productiva”. “Es decir que a los Estados que son mucho más equilibrados desde el punto de vista punitivo no les interesa meter a esta gente presa”, indicó. “Primero, porque es carísimo tener a la gente presa, y, segundo, porque tiene un impacto enorme, en este caso sobre la familia y sobre los menores de edad; tiene un impacto social”.
“Si la ley prohíbe que se vendan esas cantidades de marihuana, algún tipo de sanción le tenés que imponer; el tema es si la sanción tiene que ser tan dura, ese es el asunto”.
Comunicado de Fiscalía justificó la pena aplicada
La Fiscalía General de la Nación publicó un comunicado el pasado miércoles 21, en respuesta a la información a la que calificó como “no precisa” tras la imputación de Natalia en Punta del Diablo, por el delito de suministro de estupefacientes.
A través de redes sociales y otros medios de comunicación “se presentó como un exceso de actuación de la Fiscalía el caso de una mujer que fue enviada a prisión por vender brownies y trufas cannábicas”, señaló el documento.
“En esa oportunidad le fueron incautados veintidós envoltorios de marihuana prontos para vender y una inspección realizada en su domicilio encontró 18 plantas de marihuana, así como más de 200 gramos de esa sustancia”, agrega Fiscalía.
La detenida aceptó un acuerdo “en el que consintió tanto su participación en los hechos como la pena impuesta”, sostiene el comunicado del Ministerio Público.
El “delito de suministro de estupefacientes previsto en el art. 34 del Decreto-Ley n.14.294, en la redacción dada por el art. 70 de la Ley (de Urgente Consideración) n.” 19.889 tiene una pena mínima de 2 años y no admite que pueda aplicarse en este caso la libertad a prueba, aunque sí la redención por trabajo y estudio”.
“En el marco de una sociedad democrática es saludable el debate con respecto a la política criminal del Estado, pero el mismo no debería apuntar a los fiscales que se dedican a aplicar las leyes vigentes votadas por los legisladores”, finaliza el texto.
Sin perjuicio de lo válido de los argumentos expuestos, resulta llamativo que la misma pena fuera aplicada para un hombre que intentó ingresar 8 ladrillos de marihuana prensada por el puente Salto-Concordia en setiembre de 2023, y similar a los dos años y medio de prisión que se determinó para dos ciudadanos paraguayos que intentaron ingresar 139 kilos de marihuana por la frontera de Rivera a mediados de enero.
La regla de goma del estado usada como chicote – como era de suponer – contra los más débiles . Con justificaciones dignas de quien pesca con dinamita y se proclama como rector- controlador moral. Cualquier cosa antes de admitir y corregir sus fallos lo que lo hace cruel e impío.