Nota de Camilo Salvetti publicada por La Diaria, 3 de abril de 2023.
Académicos que trabajan en la materia advierten que la experiencia internacional no es concluyente y que el proyecto no aborda “la cuestión de la investigación” y se concentra únicamente en las posibilidades de producir y comercializar.
El senador del Partido Nacional (PN) Juan Sartori elaboró un proyecto de ley para habilitar el uso medicinal de sustancias psicoactivas en Uruguay para atender enfermedades de salud mental. La justificación del proyecto es que “los distintos trastornos psíquicos que, con mayor o menor nivel de gravedad, afectan a la población, son una problemática que tiene que ser afrontada como política de Estado”, se lee en la exposición de motivos.
La iniciativa busca “favorecer el acceso a sustancias psicotrópicas naturales que, bajo indicación y prescripción de médicos especialmente formados, han sido utilizadas a nivel internacional para el tratamiento de afecciones como la depresión, la ansiedad, adicción a opioides, y otros trastornos” a través de despenalizar su “producción, distribución y comercialización”.
En su artículo 2, define que las sustancias a regular son “aquellas que provengan directamente de plantas u hongos” y contengan psilocibina y psilocina –que se encuentra en ciertos hongos comestibles–, ibogaína –se extrae de plantas africanas y se utiliza para el tratamiento de adicciones–, dimetiltriptamina –conocido como DMT–, mescalina –sustancia que contiene el peyote– o metilendioximetanfetamina –MDMA, el éxtasis–; esta última, sin embargo, es una droga sintética que no se puede encontrar en plantas u hongos.
En los artículos siguientes, el proyecto adjudica al Ministerio de Salud Pública la regulación y control de “la plantación, el cultivo, la cosecha y la comercialización de cualquier planta de la que puedan extraerse sustancias naturales enteógenas”, siempre y cuando “se realicen con exclusivos fines de investigación científica o para la elaboración de productos terapéuticos de utilización médica”; asimismo, la cartera sólo podrá habilitar medicamentos que contengan estas sustancias “con previo informe favorable de la Comisión de Ética especialmente conformada a estos efectos”. Los artículos siguientes sustituyen artículos de otras leyes para acomodar el marco normativo.
Ignacio Carrera, docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y coordinador del grupo interdisciplinario Arché, que desarrolla investigaciones sobre las sustancias psicodélicas, entiende que hay “imprecisiones” en el proyecto, y aclaró que si bien hay experiencias internacionales, en las investigaciones y experimentos con estas sustancias “no se han completado las fases de investigación clínica [I, II, III] para garantizar su seguridad y eficacia para su uso en diversas patologías”.
Por el momento, señaló, “los resultados obtenidos hasta la fecha en estudios internacionales son muy prometedores tanto en investigaciones de fase III para la psicoterapia asistida por MDMA para el tratamiento del estrés postraumático, y de fase II para la psicoterapia asistida con psilocibina para el tratamiento de la depresión resistente”.
Un tratamiento con este tipo de sustancias no consistiría en recetar a alguien el uso de un medicamento, como sucede quizá con los antidepresivos, sino que, en los estudios y en una hipotética implementación, los pacientes “son preparados en sesiones específicas para la experiencia psicodélica, se los acompaña durante la misma y luego tienen sesiones de psicoterapia para integrar lo vivido, todo en un entorno seguro”, explicó Carrera. Es decir, hay pocas sesiones con grandes dosis y luego se hace un acompañamiento.
Según Carrera, todo “depende del entorno donde la sustancia es consumida y de la preparación del paciente”, por lo que “una regulación debería poner foco en garantizar estos criterios psicoterapéuticos, y no sólo una prescripción psiquiátrica adecuada”.
Por último, destacó que los psicodélicos son utilizados “en diversos marcos culturales, religiosos y espirituales, los cuales también deberían estar considerados” a la hora de elaborar un proyecto que intente avanzar hacia una regulación, más allá de su producción y comercialización.
Para el exsecretario nacional de Drogas, Diego Olivera, “el proyecto tiene una orientación adecuada” pero necesita “varias mejoras que seguramente surjan en el debate parlamentario, entre otras, para evitar vacíos que puedan complicar la posterior implementación a nivel de la autoridad sanitaria o que puedan generar restricciones de acceso o sanciones a colectivos específicos”.
Asimismo, señaló que se debería definir “cuáles son las entidades que pueden producir estas sustancias”, puesto que “se habla de laboratorios” pero “habría que estudiar a fondo qué otras entidades podrían participar y bajo qué exigencias, incluso reconociendo los saberes de grupos tradicionales que existen en nuestra región e incluso en nuestro país” que usan estas sustancias con fines rituales. Además señaló que no aborda “la cuestión de la investigación, que parece algo fundamental” y se concentra únicamente en las posibilidades de producir y comercializar.
“Prohíbe algo que no está prohibido, que es el consumo de sustancias”
El antropólogo Juan Scuro, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Udelar, que ha trabajado en estos temas como parte de Arché, afirmó que alienta “toda iniciativa que tenga que ver con avanzar en derechos y posibilidades de uso de todo tipo de drogas”. Sin embargo, dijo que al ver este proyecto “uno no puede deslindarlo de quien viene: Sartori es un empresario vinculado al cannabis que sabemos que está interesado en el negocio de los psicodélicos”, sostuvo en diálogo con la diaria.
Por otro lado, Scuro señaló que en el texto “falta información y falta pensar el tema con perspectiva de largo plazo y como política pública” y que es más que nada “un guiño para el sector privado”. Llamó la atención sobre el artículo 7 del proyecto que, a su entender, “prohíbe algo que no está prohibido, que es el consumo de sustancias”, puesto que si bien “establece sanciones para acciones sobre sustancias como comercialización o transporte”, también menciona el consumo, y “una interpretación posible es que pasaría a ser legal únicamente con prescripción médica, es decir, yo perdería mi libertad actual de consumir cualquier sustancia”.
La Sociedad de Psiquiatría del Uruguay (SPU) tiene pensado discutir el tema de las sustancias psicodélicas y sus usos terapéuticos en el congreso que llevará a cabo en noviembre. Consultado por la diaria, su presidente, Artigas Pouy, sostuvo que la SPU “siempre va a estar de acuerdo en que haya nuevas posibilidades terapéuticas que tengan los avales científicos correspondientes”, y que si bien saben “que esto se está haciendo” en distintas partes del mundo, no hay “noticias de que esté avalado como procedimiento de primera línea”.