El pasado 2 de setiembre en Torre Ejecutiva, se llevó adelante la mesa «Mesa sobre integración de la perspectiva de género en la END 2026-2030 « , convocada por la Secretaría Nacional de Drogas en la persona de la socióloga Laura Latorre. Allí se hicieron presentes las compañeras Margarita Olivera, Cecilia Olivera y Andrea Olivera, en representación de la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay.
Las compañeras vienen gestando el Area de Género y Cannabis de nuestra asociación desde hace unos meses. Es entonces que la mesa propuesta por JND, toma particular relevancia para nosotres, por ser la primer actividad oficial desde la perspectiva de género de la que el equipo participa, consolidando la mencionada área de trabajo.
Esta mesa oficial, convocó a intercambiar y proponer sobre género y drogas, hacia la Estrategia Nacional de Drogas 2026-2030. Les dejamos a consideración las propuestas elevadas por la ACCA en ese sentido, y un resumen de la reunión, ambos elaborados por nuestras Compañeras
Estrategia Nacional de Drogas Y GÉNERO (propuestas).
Nuestro accionar como ACCA (Asociación de Cultivadores de Cannabis), se vincula al mercado de cannabis y su regulación.
Uruguay ha avanzado hacia una política de drogas orientada a la reducción de daños, la salud pública, la convivencia social y los DDHH, disminuyendo el daño y el impacto social negativo de la guerra a las drogas, en lo referido a la marihuana.
Debemos modificar aquellos aspectos de la regulación de la cannabis que conservan parámetros prohibicionistas y exageradamente punitivos, teniendo en cuenta el enfoque de género, y la transversalidad de las políticas públicas. Que impacta en la manera en que mujeres, hombres y diversidades sexuales se ven afectados por éstas políticas.
Penalización
Persisten desigualdades de género en el acceso y en la penalización de delitos de drogas, a pesar de la regulación. Los aspectos socio-económicos, culturales y de género limitan la posibilidad del registro en el mercado regulado de las poblaciones más desfavorecidas y especialmente de las mujeres. La regulación de la cannabis, no tiene un enfoque inclusivo y beneficia a quienes pueden pagar precios en farmacias y clubes.
Datos de 2018 sugieren una brecha entre el consumo real y el acceso regulado, 33% de las mujeres se declararon consumidoras y sólo un 23,5% se registran como autocultivadoras . No contamos con datos actualizados del IRCCA.
El Art. 74 de la LUC, impuso penas mínimas de 4 hasta 15 años por microtráfico, y no excarcelable cuando el intento de ingreso de sustancias psicoactivas ocurre en cárceles. Estos agravantes se impusieron en un 77% en mujeres (datos de SERPAJ-UDELAR). Esto ha impactado en las jefas de hogar en situación de
pobreza estructural. Y son las mujeres quienes ocupan los peores lugares en las cadenas del crimen organizado, siendo fácilmente sustituibles. Los hombres son en su mayoría procesados por tenencia o tráfico, las mujeres por suministro o asistencia.
La población carcelaria femenina tuvo un incremento considerable, un 18% interanual. Más de la mitad de las mujeres encarceladas lo están por microtráfico, con frecuencia son jóvenes, pobres y cuidadoras. Esto trajo mayor hacinamiento y costos sociales, afectivos, separación de la familia, niños pequeños en unidades con madres, afectación en las redes de cuidados. En el año 2019 había 695 mujeres privadas de libertad , a mediados del 2024 eran 1.322 siendo un impacto dramático en mujeres , niñez y adolescencia. (Donna Summer Fleitas ingreso de 10 gr a cárcel y Natalia brownies locos en punta de diablo)
No se puede seguir admitiendo que por pequeños delitos de drogas se siga encerrando a infancias o queden a la deriva o institucionalizados. El daño social que se genera es mucho mayor que el que se quiere reparar. Debemos procurar reglamentaciones y leyes que eviten el encarcelamiento, teniendo en cuenta el entorno familiar o vincular de cada persona, mujeres, hombres y disidencias con
menores y otras personas a cargo.
Acceso universal
Pensar la política de drogas, no sólo en clave de salud pública sino también de DDHH, sociales, culturales, económicos.
El acceso a la marihuana regulada debe ser universal y en todo el territorio. No nos referirnos solamente a qué los turistas puedan acceder a la marihuana regulada. También hay muchísimos residentes que todavía no tienen un acceso legal a la marihuana. También pensamos en la posibilidad del acceso a la marihuana regulada para la población privada de libertad.
Blanqueo del “mercado gris”
El mercado gris del cannabis, constituye un espacio ambiguo, y reproduce desigualdades sociales y de género. Planteamos la necesidad del blanqueo del “mercado gris”, transformando el mercado regulado de marihuana de uso adulto, en un sector productivo transparente, generador de empleo y con reglas claras de calidad y seguridad. Que incorpore la perspectiva de género, asegurando que las poblaciones más desprotegidas tengan acceso equitativo a licencias, financiamiento, capacitación y espacios de comercialización. Promover el desarrollo productivo a través de cadenas de valor inclusivas, tanto para la marihuana de uso adulto, como para el cannabis medicinal y terapéutico.
Implementar la ley 19847(no regulada) en la categoría “producto vegetal en base a cannabis”, y en la habilitación sin límite de tiempo de las Asociaciones de Pacientes.
Cultivo, procesamiento, distribución y venta, con especial apoyo a emprendimientos
liderados por mujeres en situación de vulnerabilidad. Reducir los riesgos asociados al mercado informal, tanto para usuarias como trabajadoras, garantizando condiciones laborales dignas y eliminando la criminalización y excesivo punitivismo, de la economía de subsistencia.
Tenemos la oportunidad de avanzar en justicia social, con enfoque de género, que abra nuevas fuentes de ingreso, autonomía económica y empoderamiento en colectivos históricamente relegados de la economía formal. Ampliar las oportunidades de desarrollo de los aspectos económicos de la regulación. Esto comprende nuevas formas de producción y expendio, estableciendo un sistema de licencias múltiples y graduales, teniendo en cuenta derechos económicos, sociales y culturales. Así como principios de reparación histórica y justicia social.
Prevención y RRDD
En políticas de prevención y reducción de riesgos y daños señalamos que deben partir de una mirada crítica sobre las estadísticas oficiales existentes. Se estima que el 17% de las personas usuarias presenta un uso problemático. Esta cifra requiere ser revisada a partir de parámetros más precisos que diferencien entre lo que realmente constituye un uso problemático desde la perspectiva del propio usuario (impacto negativo, salud mental, social o económico) y, lo que terceros interpretan
como problemático, muchas veces desde el prejuicio , estigmas de género o percepciones culturales sobre consumo, sin que exista un verdadero daño social o de salud pública
No debemos olvidar que hacemos referencia al uso adulto de la cannabis, por lo que no corresponde introducir en esta discusión el tema de los tratamientos, o usos problemáticos de cannabis en adolescentes.
Si la mayoría (83%) de usuarios de cannabis no muestra mayor afectación en sus vidas, ni la de terceros, nos preguntamos si ésta población de consumo no problemático, está debidamente tenida en cuenta en los debates que hacen a la definición y aplicación de las políticas públicas.
CONCLUSIÓN
Persisten desafíos importantes:
. El impacto penal de normas como la LUC, y el NCPP y sus acuerdos abreviados.
. Los roles de género en la cadena de narcotráfico y tareas de cuidado
. Políticas más inclusivas y reparadoras.
Se requieren: – Garantías jurídicas – Acceso universal al mercado regulado. – Pequeña producción con enfoque de género.
Una política de drogas progresista que tenga a las personas y sus trayectorias de vida como centro. Que sustituya el punitivismo, el castigo y el estigma por oportunidades de desarrollo humano.
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ACTA DE REUNIÓN CON JND/ GENERO. MARTES DE 2 DE SETIEMBRE DEL 2025.
Lugar: Presidencia de la República
Participantes: Margarita Olivera Secretaría de la ACCA
Andrea Olivera Fiscal de la ACCA
Cecilia Olivera Fiscal de la ACCA
Temas tratados:
Enfoque de género en políticas de prevención
-Situación de género femenino afectado por la LUC específicamente el art. 74 donde se llevan presas a mujeres pobres, jóvenes y cuidadoras a ingresar drogas a la cárceles.
Problemas que trae consigo: aumento de la población femenina en las cárceles, maternar en las cárceles, desarticulación de redes de cuidado, institucionalización temprana, falta de educación, trabajo y vivienda digna.
Estrategia: penas alternativas a la cárceles con perspectiva de género y DDHH
Se discutió la importancia de diseñar campañas que contemplen roles de cuidado, violencia de género y estigmas asociados. Deben ser políticas públicas transversales, con una mirada integral y de diversidad de géneros. Estrategias de intervención real, propias de la comunidad LGTB+
- Acceso a tratamiento y servicios: se identifican barreras específicas para mujeres y personas LGBTIQ+ en acceso de salud y tratamientos
- Los roles del género dentro del crimen organizado, ¿que papel cumplen las mujeres en el crimen organizado? ¿Qué lugar ocupan? Masculinidades hegemónicas del crimen organizado. Criminalización de la mujer y las rutas del narcotráfico.
- Reducción de riesgos y control de mercado gris.
- Se debatió sobre la regulación del mercado gris y nuevas formas de acceso seguro.
- Se propuso integrar a mujeres y disidencias en emprendimientos vinculados al cannabis regulado de uso adulto.
- Oportunidad de avanzar en justicia social con enfoque de género que abren nuevas fuentes de ingreso , autonomía económica, empoderamiento en colectivos que históricamente fueron relegados de la economía formal.
El encuentro fue muy positivo porque pudimos intercambiar miradas y experiencias que enriquecen la comprensión de una problemática compleja. Se destacó la importancia de visibilizar las desigualdades y vulnerabilidades que atraviesan las mujeres y diversidades en relación al consumo, los cuidados, los tratamientos y el acceso a los derechos.
También se identificó como una limitación la falta de datos objetivos sobre género y drogas, lo cual dificulta el análisis integral y la generación de políticas públicas basadas en evidencia y no de “cosméticos”
Finalmente, se reafirmó el compromiso por parte de la asociación ACCA, en continuar trabajando con enfoque de DDHH, perspectiva de género, , reducción de daños y justicia social.
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