Publicado el 16 de julio de 2022 por La Diaria
Una investigación académica sistematiza los vínculos entre las organizaciones de tráfico de drogas en México y las facilidades para el blanqueo de capitales en el Sur.
Uruguay se presenta como una excepción en la región. Sin embargo, ¿realmente puede aislarse de su contexto? En caso negativo, ¿qué organizaciones delictivas internacionales operan en el país? ¿Qué atractivos encuentran para hacerlo? ¿Qué servicios ofrece el país y qué actores locales brindan protección al crimen organizado? En suma, ¿qué lugar tiene Uruguay en el esquema internacional del tráfico de sustancias psicoactivas ilegales? Con base en estas preguntas, el sociólogo Gabriel Tenenbaum sistematiza información de prensa, documentos oficiales, expedientes judiciales, informes de organismos internacionales y entrevistas hechas a informantes calificados para trazar un mapa de la presencia, desde finales de la década de 1980, de organizaciones de narcotraficantes mexicanos en Uruguay. El libro se titula Los protectores del capital. Las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay y fue editado por Debate.
Tenenbaum es doctor en Ciencia Social, con un posdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y es docente e investigador en la Universidad de la República (Udelar). El estudio fue desarrollado con el apoyo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y la Comisión Académica de Posgrados de la Udelar.
Tanto los viejos y conocidos grupos delictivos mexicanos ‒Guadalajara, Juárez, Tijuana, Sinaloa‒ como los nuevos ‒Los Cuinis y Jalisco Nueva Generación‒ se estructuran a partir de familias extendidas y allegados con fuerte presencia territorial, explica Tenenbaum. “Sin parangón alguno y en una escala significativamente menor, los grupos delictivos uruguayos dedicados al tráfico de drogas ilegales también se conforman desde sus familias, vecinos y redes de pares del barrio”, añade.
Los grupos delictivos organizados latinoamericanos de gran envergadura que lavaron dinero en el país han sido, según recoge el libro: Medellín (1982-1988), Cali (1994-1995), Juárez (1996-1997), Norte del Valle (2007-2014), Sinaloa (2008-2009 y 2015) y Los Cuinis/Jalisco Nueva Generación (2011-2013, 2014-2016). El autor repasa la presencia de estos grupos en Uruguay (ver recuadro).
La suiza de América
El investigador se centra especialmente en dos aspectos: el papel de Uruguay como proveedor de servicios al gran capital internacional ‒legal e ilegal‒ a lo largo de la historia y el rol particular que desempeñan a quienes denomina “protectores del capital”.
Respecto de lo primero, señala que en el país se construyó “una arquitectura normativa financiera flexible y abierta al flujo de capitales internacionales justificada en el argumento, en resumidas cuentas, de atraer riquezas que el país no generaba y no puede producir por sus condiciones naturales y de mercado. Detrás del cobijo al capital internacional vino la protección del dinero sucio”.
Hay algunos indicadores que, a juicio de Tenenbaum, orientan esta hipótesis: entre otros, la alta dolarización de la banca nacional; el alto ingreso de dólares respecto de los que salen del país; la proliferación de casas de cambio en todo el territorio; figuras jurídicas pasadas y presentes como el secreto bancario; la no regulación del delito de enriquecimiento ilícito; la libertad de circulación de los metales preciosos; las zonas libres de impuestos; las sociedades anónimas financieras de inversión; las fronteras porosas que tiene el país con grandes mercados como Brasil y Argentina y la cercanía con Paraguay.
Además, el autor menciona otros indicadores que ubican a Uruguay como jurisdicción especializada en la protección del gran capital internacional.
Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con base en la filtración denominada Panama Papers, en 2016, mostró que Uruguay estaba en la séptima posición en el total de jurisdicciones con compañías offshore y entre los diez primeros países con mayores clientes del estudio panameño.
Otra filtración denominada Swiss Leaks, que hizo públicos 60.000 archivos de más de 130.000 cuentas de clientes del banco HSBC de Ginebra que buscaban evitar el fisco de sus países, mostró que entre 2006 y 2008 Uruguay ocupó el puesto 26 entre 103 países con mayor cantidad de clientes del banco suizo. 20% de las cuentas estaban a nombre de personas con pasaporte nacional y en el restante 80% figuraban los nombres de los “protectores del capital” como representantes de terceros, se menciona en la investigación, al tiempo que se pregunta cómo puede ser que un país con una clase alta limitada forme parte del 25% de los países con mayores clientes del HSBC Ginebra.
Por otra parte, en abril de 2020 se conoció información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) facilitada al gobierno argentino que muestra que Uruguay encabezaba en 2017 la lista de países con mayor cúmulo de cuentas de empresas y personas físicas argentinas sin declarar en el país de origen, que llegaban a acumular 2.600 millones de dólares ese año.
A estos datos se suman quejas de la OCDE y de la Unión Europea sobre la permisividad uruguaya y evaluaciones de organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional, que por ejemplo en enero de 2020 remarcaba que Uruguay “tiene un riesgo alto con relación a la colocación de activos procedentes de delitos cometidos en el exterior, por ejemplo: tráfico de drogas, contrabando, trata de personas y proxenetismo, falsificación y estafa”.
Tenenbaum repasa la legislación que favoreció la protección del capital, luego la que lo restringió durante el último gobierno del Frente Amplio y expresa preocupación por la flexibilización de los controles en materia de lavado de activos durante este gobierno.
Al filo de la ley
Respecto de los “protectores del capital”, Tenenbaum los define como “un conjunto heterogéneo de expertos”, conocedores de la legislación y “de las artimañas necesarias, legales e ilegales, para asistir al lavado de dinero, evadir impuestos, etcétera”, que actúan como intermediarios entre lo público y lo privado. Estos “protectores” pertenecen a profesiones tradicionales “históricamente vinculadas a la clase dirigente”, como escribanos, abogados y contadores; son propietarios de casas de cambio; constructores, agentes inmobiliarios y rematadores, entre otros. En el libro se aclara que ser “protectores” no implica llevar a cabo actividades ilegales para el crimen organizado, sino prestar servicios profesionales a criminales “en el marco de las posibilidades que ofrece la ley”.
Estos profesionales desarrollan diversas actividades para “proteger” el capital que son enumeradas en el libro, y no todas ellas son irregulares o ilegales: crear y asistir en la creación de sociedades anónimas que participan en las estratagemas delictivas; desarrollar procedimientos de ocultación de bienes y titulares de activos; construir tácticas, asistir y participar directamente en la legitimación de dinero sucio y su repatriación; participar secundariamente en la larga cadena de transacciones del lavado de dinero; omitir intencionalmente la realización de estudios de debida diligencia de los clientes y reportes de operaciones inusuales o sospechosas, entre otras.
En las conclusiones del libro, Tenenbaum llama a investigar con más profundidad la operativa de estos “protectores del capital” dentro de los círculos políticos, económicos, jurídicos y en las fuerzas de seguridad. Con relación a estas últimas, menciona como ejemplo que en enero de 2020 fueron imputados un funcionario de la Policía aérea y otro de Interpol por no controlar debidamente en el aeropuerto 43 bolsos que llevaban cocaína, encontrados en un jet privado en Suiza. Ese mismo mes, la Fiscalía de Maldonado formalizó a cuatro militares de la Armada Nacional y a un particular por suministrar ilícitamente miles de litros de combustible de avión a aeronaves vinculadas al tráfico de drogas en la base aeronaval Capitán Curbelo de Laguna del Sauce.
“Funcionarios de los cuerpos policiales y de las fuerzas armadas de la región han brindado apoyo a emprendimientos criminales de importantes organizaciones transnacionales dedicadas al tráfico de drogas de armas de fuego, ¿por qué Uruguay sería la excepción?”, pregunta el autor.
Eslabones del narcotráfico regional en Uruguay en el siglo XXI: dos casos
Sinaloa
Presencia en Uruguay: desde mediados de 2007.
Integrantes de la organización presentes: Héctor Mario Cifuentes Villa y su esposa Natalia Elena Muñoz Restrepo.
Fachada legal: emprendimiento comercial para la producción de semen y embriones congelados de la raza brangus y exportación de carne uruguaya a Colombia, México y Brasil.
Propiedades en Uruguay: 289 hectáreas en Paraje Retamosa, departamento de Lavalleja.
Sociedades utilizadas en Uruguay: Genética del Sur.
Estudio jurídico y profesionales involucrados: estudio del contador Ricardo Dalva Vojiter.
En febrero de 2011, el nombre de Héctor Mario Cifuentes Villa apareció en “la lista Clinton”, un registro oficial de empresas y personas vinculadas al tráfico de drogas a las que Estados Unidos les embarga sus activos en dólares, como integrante de la organización criminal Cifuentes Villa. La familia se dedicaba al lavado de dinero de la organización de Sinaloa, y Genética del Sur, la sociedad anónima uruguaya, formaba parte del esquema financiero que los Cifuentes Villa utilizaban para legitimar la renta criminal de la droga de Sinaloa. No obstante, Genética del Sur nunca demostró tener actividad ilegal, inusual o sospechosa. En marzo de 2018, el domicilio fiscal de Genética del Sur SA seguía figurando en Lavalleja.
Los Cuinis
Presencia en Uruguay: desde 2011.
Integrantes de la organización presentes: Gerardo González Valencia yWendy Amaral Arévalo.
Propiedades en Uruguay: un chalet en el barrio Golf de Punta del Este, autos de alta gama, tres terrenos en la zona de Punta Ballena y otro terreno frente al chalet.
Estudio jurídico y profesionales involucrados: la escribana Gianella Francesca Guarino Anfossi, a través de su estudio notarial Asesores y Consultores del Sur (Asconsur). La firma panameña Mossack Fonseca creó entidades (Montella Global SA y Deltodo Enterprise SA) vinculadas a González Valencia y Amaral Arévalo a solicitud del estudio de Guarino.
En el rubro inmobiliario, contaron con el servicio de Raúl Alejandro de Perazzo Seeber, quien a su vez estuvo involucrado en “la ruta del dinero K”, ya que participó en la venta del campo El Entrevero.
Los Cuinis (México) es una de las organizaciones criminales con mayor poder adquisitivo del mundo, según las agencias de seguridad de Estados Unidos. La organización está estrechamente vinculada a Jalisco Nueva Generación, un grupo delictivo transnacional dedicado al tráfico de drogas ilegales, especialmente hacia los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia.
A los pocos años de estar en Uruguay, la familia se mudó de Punta del Este a Montevideo de forma inesperada. Fue tras la filtración de los Panama Papers, cuando dos artículos de prensa (en Miami Herald y Búsqueda) alertaron que Los Cuinis estaban en Uruguay. En abril de 2016, la Operación Jalisco detuvo a Gerardo González Valencia en Carrasco, a quien se lo acusó de liderar la organización criminal Los Cuinis y lavar activos en propiedades en Punta del Este. En 2020 lo extraditaron a Estados Unidos.
La Fiscalía Penal especializada en Crimen Organizado solicitó el procesamiento sin prisión, por asistencia al lavado de activos, de la escribana Guarino, por no cumplir con la debida diligencia, pero la justicia la absolvió.
Fuente: Tenenbaum, Gabriel. Los protectores del capital. Las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay.