MERCADOS, REGULACIONES, IMPUESTOS.
Escribe emilio Ruchansky para Le monde diplomatique, marzo de 2023
La legalización progresiva del cannabis para uso medicinal y recreativo está creando un nuevo mercado legal. Aunque sus posibilidades de crecimiento son grandes, no escapa a la lógica que gobiernan en otras realidades del capitalismo: los vaivenes financieros y el riesgo de ser capturado por un puñado de grandes empresas de los países más ricos.
El panorama del mercado global de cannabis para uso medicinal y personal no escapa a la crisis desatada por la suba de tasas de interés a nivel mundial. Tampoco lo ayudan la gran cantidad de controles e impedimentos para exportar flores secas y productos manufacturados, la persistencia del mercado clandestino y la falta de avances regulatorios. Pese a todo, en los pocos lugares donde ya es legal, la producción y la venta de marihuana crece, al igual que la innovación en el rubro de alimentos, bebidas y líquidos para vapeadores (además de los desarrollos, mucho más avanzados, de la industria farmacéutica). También se incrementa la recaudación impositiva. El principal problema es la aparición de grandes jugadores –sobre todo, empresas canadienses– que buscan marcar la cancha de las incipientes regulaciones en otros países, mientras que patentan semillas y procesos industriales, clásicas estrategias de acumulación capitalista.
El devenir de la empresa Curaleaf, una compañía especializada en cannabis con una red de dispensarios que opera en 17 estados de Estados Unidos, es un buen ejemplo de las dificultades financieras que actualmente enfrenta el sector. Curaleaf es la empresa de cannabis con mayor capitalización de mercado: en 2020 sus acciones habían llegado a cotizar casi 8.000 millones de dólares, y hoy valen 2.620 millones. Como consecuencia de la pandemia y del fin del “dinero barato”, la mayor parte de las 40 compañías más poderosas en el rubro del cannabis están perdiendo terreno y valor1. El caso de la canadiense Canopy Growth también es llamativo: pasó de ser una nave insignia a nivel mundial a anunciar hace dos semanas 800 despidos, el cierre de locales y el retiro de inversiones en otros países.
Mercados y regulaciones
Con la excepción de la experiencia pionera de los Países Bajos a fines de los años 1970, cuando se toleró la venta de cannabis, hachís y semillas sin regular su producción, el panorama mundial fue hasta hace poco tiempo de una férrea prohibición. Si bien las convenciones internacionales permiten el uso médico y científico de las sustancias controladas, recién en 1999 comenzaron los ensayos clínicos que derivaron en el primer fármaco producido en Reino Unido: Sativex. En paralelo, una serie de plebiscitos en estados de Estados Unidos y un litigio judicial en Canadá hicieron que el uso terapéutico, medicinal y/o paliativo se hiciera cada vez más común, sentando las brs de la regulación del mercado adulto en esos países.
Hoy, el estado de California es el principal consumidor de cannabis legal para fines no médicos del mundo. La regulación legal del uso adulto (utilización por parte de personas mayores de edad con fines recreativos) fue aprobada en un plebiscito vinculante en 2016. Contempla la posibilidad de poseer hasta 28,5 gramos (una onza) en la vía pública, el autocultivo de hasta seis plantas y la venta en negocios con licencias. Las ventas “sujetas a impuestos”, es decir, legales, fueron de poco más de 400 millones de dólares en el primer trimestre de 2018, cuando entró en vigencia la medida. Y vienen aumentando: en el tercer trimestre de 2022 superaron los 1.200 millones2. Es decir, se triplicaron. El estado californiano recaudó 4.400 millones de dólares en ingresos fiscales desde el comienzo de la legalización hasta noviembre.
Consultada para esta nota, la investigadora y activista Mara Gordon, sin embargo, advierte que la industria legal del llamado “cannabis recreativo” está en una carrera a la baja. “A medida que los precios continúan cayendo, la calidad también disminuye. Las empresas dedicadas a la producción para uso adulto no lograron generar una lealtad hacia sus dispensarios por parte de los consumidores. Los fabricantes lanzan nuevos productos todo el tiempo para retener el corto período de atención de los usuarios”, afirma Gordon. Aunque existen tiendas dedicadas a públicos más pudientes, no es el grueso del mercado a conquistar.
La interacción entre el mercado recreativo y el medicinal es compleja. En California el uso terapéutico (medicinal) es legal desde 1996. Al principio, con una indicación médica, la persona podía cultivar o designar a un “cuidador” para que le provea el cannabis. Con el tiempo este modelo derivó en la instalación de dispensarios con un perfil claramente comercial. Es decir que el mercado de cannabis para el uso adulto fue comiéndose al mercado del cannabis medicinal. Así lo explica Gordon: “El consumidor recreativo promedio compra haciéndose las siguientes preguntas: ¿qué hay de nuevo?, ¿qué está a la venta?, ¿qué producto tiene el THC más alto? Comparemos eso con el mercado médico. Obtener una tarjeta médica (Green Card) hoy es costoso y difícil para muchas personas que la necesitan y la mayoría de los dispensarios ya no tienen los productos adecuados”.
Gordon describe, a modo de ejemplo, la historia de una paciente con cáncer de mama que pasó de pagar mensualmente 150 dólares a su “cuidador” a dejar 500 dólares por mes en un dispensario. Con el tiempo, la paciente bajó la dosis para moderar el gasto, lo que empeoró su calidad de vida. “Las regulaciones que se han introducido en California tienen más que ver con los impuestos, que generan dinero para el Estado a costa de las empresas y los consumidores de cannabis, que con la seguridad de los productos”, advierte. La presión impositiva, agrega, deja afuera a quienes vienen cultivando en la ilegalidad desde hace décadas, lo que sostiene en parte un “mercado gris” de producción (que no está en manos de redes narco sino de cultivadores individuales), donde se genera el 80 por ciento de la marihuana que circula en California.
La puerta de atrás
La investigadora mexicana Zara Snapp fue parte de la Secretaría de la Comisión Global de Política de Drogas, donde militan varios expresidentes latinoamericanos que impulsan la despenalización. Al ser consultada sobre el impacto de las regulaciones estadounidenses en la producción tradicional e ilegal de cannabis en su país, afirma: “Sin duda, las regulaciones afectaron. Hay comunidades que ya no pueden exportar a Estados Unidos. El tráfico, por otra parte, estaba mucho más vinculado al crimen organizado y ellos ya venían diversificando sus actividades. Hay algo más que en estos años ha sucedido, yo diría que en los últimos cinco o siete años: el surgimiento de un mercado local. El mercado doméstico en México ha aumentado tanto que hay una demanda interna que antes no existía”. Por lo demás, como hay todavía muchos estados del vecino del norte que no regularon legalmente la producción, el flujo de flores de México hacia Estados Unidos no se detuvo.
Mientras esto ocurre, y gracias al impulso en los tribunales del activismo cannábico mexicano, la Corte Suprema de Justicia habilitó una vía legal para que las personas mayores de edad puedan, vía autorización administrativa, cultivar para sí mismas. “El trámite dura seis meses”, aclara Snapp. Esta decisión llegó luego del vencimiento de varias prórrogas que le dio la Corte al Congreso para que sancione una norma regulatoria. “Actualmente, estamos a la espera para ver si tienen la voluntad política colectiva de aprobar una iniciativa en el Senado y la Cámara de Diputados. Siempre dicen que es un tema pendiente”.
Las consecuencias de la llamada “guerra contra el narco” lanzada por el expresidente Felipe Calderón en 2006 están a la vista –y también bajo tierra, en fosas comunes–. Consultada sobre este punto, la investigadora canadiense Dawn Marie Paley explica: “Hay una sinergia muy fuerte entre el capitalismo y la guerra contra las drogas, y en México lo hemos visto todavía con más vigor en el período neoliberal. La guerra contra las drogas es un pretexto muy fuerte para militarizar, criminalizar y despojar. Pero a la larga los grandes ganadores de esa guerra no son narcotraficantes. Más bien son empresas –desde maquiladoras hasta empresas extractivas– que se dedican a la explotación y el saqueo”.
El reconocimiento de los daños provocados por el prohibicionismo en Estados Unidos es seguido con atención en México. Las primeras regulaciones para la producción y el uso de cannabis en los estados de Colorado y Washington, votadas en 2012, no contemplaban este enfoque reparatorio. La primera en tener en cuenta este aspecto fue California. “Es un reconocimiento de que en el pasado las leyes se han aplicado de una forma discrecional y discriminatoria. Significa que el Estado tiene la responsabilidad de eliminar antecedentes penales, excarcelar a personas encarceladas por formar parte del mercado ilegal y crear programas de equidad social”, afirma Zara Snapp.
La activista mexicana destaca lo hecho en Massachusetts, donde uno de los cinco comisionados del control de cannabis está enfocado en la justicia social, así como la nueva regulación sancionada en Nueva York. Allí las primeras 100 licencias de cultivo y comercialización irán a personas que fueron afectadas de forma negativa por la prohibición. De hecho, el primer dispensario abierto pertenece a Housing Works, una organización no gubernamental (ONG) que provee servicios para personas con VIH, en situación de calle y/o consumidoras de drogas. También se busca que la nueva industria cannábica se nutra de agricultores y agricultoras de cannabis y otros cultivos, o de personas afectadas con experiencia en comercio minorista, cualquiera sea el rubro.
Modelos que se bifurcan
El influyente Transnational Institute, con sede en Ámsterdam, viene compilando información sobre las nuevas regulaciones y trabajando en un enfoque de comercio justo. Una de sus referentes, Pien Metaal, analiza el asunto para esta nota: “La política económica de la regulación en Estados Unidos y Canadá es de puro y duro capitalismo, vertical y oportunista. Tienen regulaciones altamente tecnificadas desde la semilla hasta la flor, en manos de empresas privadas, bajo estrictos controles de agencias estatales. Como ya tuvieron avances en sus mercados de cannabis medicinal, se formaron como grandes actores en el mercado emergente internacional (para uso recreativo). Algunas de las empresas crecieron tan rápido y con tanta expectativa financiera que, mientras el comercio real se quedó atrás, en gran medida por las estrictas reglas del comercio internacional, perdieron plata y tuvieron que cambiar de táctica”.
Un estudio oficial de Canadá, donde el cannabis es legal desde 2018, muestra indicadores positivos en cuanto a la cuota de mercado interno. El porcentaje de usuarios que acudieron al mercado legal pasó de 53 por ciento a 61 por ciento entre 2021 y 20223. Claro que estas mismas personas siguen recurriendo algunas veces al mercado clandestino para proveerse. La primera reacción de los cultivadores y cultivadoras tradicionales fue bajar el precio antes que incorporarse al mercado formal.
“El mercado clandestino parece ser más horizontal, al menos con más actores y beneficiarios involucrados. Se actúa bajo una lógica capitalista, aunque algunas veces la producción queda en manos colectivas. En muchos casos hay una cuestión de pobreza, abandono y criminalización por parte del Estado; en algunos países se buscan formas cooperativas de producción, pero dejan a los productores y a las productoras a la suerte del libre mercado al momento de vender, y en otros se permite el cultivo doméstico o vía clubes de cannabis, como ocurre en algunos lugares de España y en Uruguay, con socios y socias que se proveen de cultivos colectivos sin fines de lucro. Son formas que escapan del modelo capitalista”, afirma Metaal.
El desmantelamiento de un negocio ilegal como el cannabis es un desafío grande y de largo plazo en términos sociales y de salud pública. Está claro que las tendencias actuales apuntan a que se convierta en un negocio más, insertado en los circuitos del capitalismo. Por el momento, sin embargo, el capital privado no capturó aún el mercado global y su presencia se limita al cannabis medicinal. “Se podría decir que los tratados internacionales de drogas avanzan más hacia el desarrollo de una industria de grandes inversiones de capital, como es la farmacéutica, con br en los países del norte”, explica Metaal. Para la especialista, las restricciones bancarias aún no permiten que el gran capital se adueñe del mercado de cannabis para uso adulto: “Pero una vez que cambie eso, está muy claro quiénes se apropiarán del negocio”.
Emilio Ruchansky, periodista, autor de Un mundo con drogas, los caminos alternativos a la prohibición. Ed. Debate, 2015.
Punto uy
Uruguay fue el primer país en regular la producción y el uso de cannabis, a fines de 2013, con un modelo basado en el control estatal, con poca participación privada, en el que el capital financiero desempeña un papel marginal. El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, se muestra, sin embargo, cauteloso. “Yo nunca fui muy optimista. Algunos creyeron que habían descubierto el oro de este siglo, pero el cannabis es una cosa más. Sí genera un mercado nuevo, innovador, moviliza la economía y da fuentes de trabajo”, asegura. A nivel interno, la cuota de mercado legal ronda el 41 por ciento si se toma en cuenta el uso compartido de cannabis de fuentes legales. El resto del suministro proviene del “mercado gris” de flores uruguayas y menos de 10 por ciento es del “narcotráfico clásico” de marihuana prensada traída de Paraguay.
Con los años, la amenaza de las casas centrales de los bancos de cerrar cuentas de las farmacias uruguayas que comercian marihuana comenzó a ser superada, pero aún persiste. La prohibición de vender a no residentes cambiaría si se aprueba una ley impulsada por el Frente Amplio [oposición de izquierda], lo que haría crecer el mercado con el turismo.
En cuanto a la exportación, según Radío, el problema no son sólo los cupos y prohibiciones impuestas por la Junta Internacional de Fiscalización Internacional de Estupefacientes de la ONU: “El principal obstáculo son las normas de buenas prácticas de manufactura de Europa (GMP)”. A pesar de estas trabas, la información aportada para esta nota por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis de Uruguay (Ircca) indica que en 2022 se exportó un total de 2,2 toneladas de flores para uso medicinal (con más de uno por ciento de THC), por un precio de 4,4 millones de dólares, a Alemania, Canadá y Portugal. También se exportaron medicamentos a Argentina y Brasil, y flores de cáñamo (principalmente a Suiza, pero también a República Checa, Estados Unidos, Ecuador y Brasil). Estas últimas flores son las que se utilizan para fabricar cigarrillos de CBD puro o mezclado con tabaco, comercializados en Europa, y como saborizante de bebidas.
Emilio Ruchansky.