Uruguay: Propondrán «mejoras» a la ley de marihuana

Aclaración necesaria. Antes de introducirnos en el artículo publicado por el diario «El País», debemos dejar claro para evitarnos confusiones que las actividades sobre evaluación y propuestas de cambio a la regulación de la cannabis en Uruguay son dos.

1. Lunes 6 de noviembres desde las 18:30hs en la Sede del PIT-CNT será la actividad «Cannabis hacia el III Congreso del Pueblo». Donde se dialogará y debatirá sobre las propuestas de ampliación a la regulación desde el movimiento social de base.
2. El 8 y 9 de noviembre desde la mañana en el anexo de Torre Ejecutiva, el foro «Diálogos sobre políticas de drogas». Donde parte de la academia y parte de el Estado también evaluarán y propondrán cambios a la regulación de la cannabis.
3. Ambas visones serán presentadas durante el próximo año a los candidatos presidenciales y a las bancadas parlamentarias para su consideración.
4. Es sumamente necesario el apoyo y la presencia de todos y todas para que las propuestas que redunden en una ampliación de libertades y derechos prosperen, en oposición a políticas de Estado de elevado punitivismo y prohibición.

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A 10 años de la regulación del cannabis, expertos
propondrán“mejoras” y evaluarán la ley vigente

Artículo de Rosina de Armas para El País 29/10/2023

La Secretaría Nacional de Drogas fijó un cronograma de trabajo, que culminará con la presentación de un informe preliminar a mediados de 2024 Referentes señalaron a El País los mayores desafíos.

A casi 10 años de la regulación del mercado del cannabis en Uruguay, la Secretaría Nacional de Drogas fijó un cronograma de trabajo para evaluar esta ley como política pública, estudiando si cumplió con los objetivos trazados en 2013 y cómo podrían potenciarse.

La propuesta fue anunciada el jueves pasado por el director del Observatorio Uruguayo de Drogas, Héctor Suárez, en el Seminario abierto sobre modelos y evaluación de las políticas de cannabis, centrado en indicadores, al que El País asistió.
De momento, el plan está dividido en cinco etapas y comenzará a ejecutarse en noviembre. El primer paso será la planificación de las actividades, seguido de una ronda de consultas a expertos y del diseño metodológico de la evaluación. Finalmente, entre marzo y junio del próximo año, dicho modelo se ejecutará y se presentarán los hallazgos en un informe preliminar.
“Vamos a hacer una propuesta de mejora”, indicó Suárez a El País. El análisis buscará profundizar en todos los aspectos de la norma, para saber si es necesario “flexibilizarlos o no” y “qué otras alternativas se pueden proponer a la regulación” actual.
La última palabra la tendrán los políticos, a quienes los técnicos presentarán las recomendaciones. En el seminario, ante una audiencia conformada por profesionales uruguayos, argentinos y europeos, Suárez destacó que la Ley 19.172 estuvo vigente durante tres períodos de gobierno y legislativos. Por lo tanto, “no es poca cosa que la regulación se mantenga y que exista lo más parecido a una política de Estado. Para el país es un motivo de orgullo, más allá de que tengamos que sentarnos a repensar la regulación”, expresó el sociólogo.

“Los datos (hasta ahora disponibles) no dicen mucho sobre los objetivos de la ley: si se están cumpliendo o no; si el alcance es bueno, regular o malo. Solo tenemos una foto con algunos
resultados”, planteó Suárez.
A modo de ejemplo, el director del Observatorio Uruguayo señaló que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes -la agencia de Naciones Unidas- en su momento mostró “espanto” por el incremento de la cantidad de consumidores de marihuana en Uruguay. Sin embargo, para hacer el cálculo había tomado como referencia la variación interanual de personas anotadas en el registro oficial. Y esto no necesariamente era un indicio del mayor número de usuarios, sino de quienes se inclinaban por el mercado legal.
De acuerdo a los datos del Observatorio de Drogas, actualmente hay 86.207 personas registradas como cultivadoras domésticas, adquirentes o miembros de clubes de membresía. Es el registro más alto desde que entró en vigencia la ley, pero se estima que en total representa al 34% del mercado.
Como los criterios para medir la política pública no están tan claros como deberían, según los expertos, a veces se dificulta la lectura de si algunas observaciones posibles responden al diseño de la norma o a factores externos.
“A veces hay un problema con que los registros vencen, no los renuevan y tenemos que asumir que no están en el mercado legal”, ejemplificó el sociólogo. Pero también planteó que la nómina de autocultivadores se incrementó significativamente en determinado momento, posiblemente porque los usuarios se sintieron “mucho más seguros” apuntándose.
Entonces, a 10 años del marco normativo que posicionó a Uruguay en las noticias internacionales, la evaluación buscará responder si efectivamente se implementaron las acciones programadas. A su vez, si se involucraron todos los actores previstos, si se respetó la gobernanza planificada, si hubo suficientes recursos y cuáles fueron los obstáculos, tanto a escala local como internacional.
A este marco normativo se suma la ley que, en 2019, reguló el cannabis medicinal y terapéutico.

Falta un acceso real a fármacos

La ley que reguló el uso del cannabis para fines científicos se aprobó al final del pasado período. Facultó al Ministerio de Salud Pública a incluir los fármacos en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM), y también buscó estándares básicos de calidad para los pequeños y medianos productores que elaboraban aceites y remedios.
Sin embargo, si bien la estructura legal permitiría el desarrollo de esta especialidad médica, en los hechos no se está dando, según la médica Julia Galzerano, especializada en el área.
Los tratamientos personalizados a partir de fórmulas magistrales -elaboradas en farmacias, con la cantidad de cannabinoides recetada por el doctor- siguen siendo muy costosos. Son pocos los químicos farmacéuticos abocados a ello en Uruguay y, a la vez, abundan las preparaciones industrializadas y las que no cumplen con los criterios mínimos de calidad.

“Nos está faltando accesibilidad real a productos controlados. No nos sirve si el producto va a salir más caro que en la farmacia”, afirmó Galzerano a El País.
La clave, según la doctora, es que las fórmulas magistrales y los remedios se incorporen al FTM, la lista de fármacos que necesariamente deben ofrecer los prestadores. Al día de hoy, tan solo dos centros cuentan con medicina cannábica y los tickets cuestan más de lo que el paciente promedio puede gastar. El resultado, entonces, es predecible: “La gente busca soluciones en otros lados y accede a productos de los que no sabe su composición, si son tóxicos ni si son el indicado”.
El empresario Marco Algorta destacó: “El gran logro es que la regulación funciona para la salud pública de los jóvenes y adolescentes, y ese ejemplo ha sido quizás nuestro gran producto de exportación”, resaltó, citando estudios de la investigadora Rosario Queirolo. Y añadió que, “simbólicamente, Uruguay se ha posicionado en el mundo y los países repiten en gran medida lo hecho acá porque ven que es lo más beneficioso”.

Los desafíos
Quizás un caso paradójico sea el de Marco Algorta, fundador de la Cámara de Empresas de
Cannabis Medicinal, que hace cuatro años dejó de operar en Uruguay para empezar a hacerlo en el mercado brasileño.

En el país vecino, el empresario se encontró con leyes que «quizás son más estrictas», pero también «más claras». «Uno sabe exactamente lo que puede hacer y lo que no». Uruguay está en un enorme problema porque el cannabis no tiene seguridad jurídica. Las leyes te dicen que se pueden hacer determinadas cosas, pero la burocracia no, y así es imposible hacer proyecciones a futuro”, remarcó.
Si bien Algorta valoró positivamente la instancia de revisión, cree que nada pasará si no cambia “la
mentalidad de los mandos medios de Salud Pública, que son los garantes del control de las sustancias frente a todo el mundo”. A modo de ejemplo, recordó que en 2020 el presidente Luis Lacalle Pou firmó dos decretos para dinamizar las exportaciones de cannabis medicinal, pero el
proceso se frenó en esta cartera.

A su entender, hay varios desafíos. “El primero tiene que ver con el porcentaje que se le pudo quitar al mercado irregular”, que era el objetivo principal cuando el expresidente José Mujica lanzó iniciativa. Algorta consideró que, por un lado, se le ofreció al consumidor “un producto más apetecible”, aumentando las concentraciones de tetrahidrocannabinol (THC), haciendo crecer la demanda en las farmacias. Pero, por otro lado, valoró que se ha fallado “rotundamente” en ofrecer condiciones a los productores para regularizarse.
“La ley decía que el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) debía tener un consejo
deliberativo, donde habría un representante de los autocultivadores y de la sociedad civil, y eso
nunca se aplicó”, aseguró Algorta.

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AGENDA CANNABIS NOVIEMBRE:

Lunes 6 de noviembre 18:30hs. Sede del PIT-CNT

8, 9 y 21 de noviembre