Uruguay estuvo a la vanguardia mundial cuando reguló de manera integral el cannabis. Pese a ello y a la legislación e institucionalidad, quedó rezagado en distintos aspectos y, sobre todo algunas actividades como la medicinal están legisladas hace tres años, pero nos encontramos lejos de regular su implementación. Por otra parte, pese a la clara intención de separar las respuestas estatales relativas a los campos de lo «administrativo» y lo «penal» continúan existiendo espacios grises en los que el prohibicionismo sigue actuando mediante la criminalización de conductas vinculadas al cannabis que están lejos del mundo delictivo.