A propósito de los allanamientos y procesos penales recientes.
Comunicado nro4 de la Agrupación de Cultivadores del Uruguay. 7 de setiembre de 2022.
En uruguay hemos tenido en estos últimos días algunos sonados casos policiales y judiciales de allanamientos a cultivos, grows, clubes y particulares por actividades que según el marco jurídico actual pueden ser consideradas ilícitas.
O sea que más allá de su resolución los procedimientos pueden calificarse como «sujetos a derecho». Esto es bueno tenerlo en cuenta más allá de nuestras respectivas filosofías sobre la marihuana, sus usos y costumbres.
Dicho esto deberíamos analizar porque se dan estas situaciones de establecimiento de un mercado gris de la cannabis en Uruguay. Y probablemente hallemos respuesta en las carencias del sistema de acceso regulado, que fue promulgado en 2013 en nuestro país.
Primero y fundamentalmente la producción de los licitantes para las farmacias, y las propias farmacias son insuficientes para la demanda de cannabis de usuarios y usuarias. Farmacias geograficamente mal distribuidas, con muchos departamentos con ausencia de ellas. Clubes que se ven limitados en su número de plantas y socios. Así como los «límites» establecidos para el cultivo doméstico, son condiciones de la puesta en práctica de la regulación que dejan sin atender el acceso a cannabis de miles de personas.
O sea… si bien habría responsabilidades penales… también habría responsabilidad del Estado por una implementación insuficiente… y ni que hablar de su actual política de seguridad pública y drogas.
Lo ya dicho, mas una implementación que no escapa a la visión prohibicionista, ni a la hipocresía conservadora respecto a las drogas, dejan un vacío que muchos idóneos en cultivo de cannabis están deseosos de llenar. Esa visión miope de la producción y dispensación de la cannabis se fundamenta en el sinsentido de que para el gran capital estas actividades son denominadas de desarrollo, mientras que para los pequeños es denominada de delito.
Sobre los casos en particular serán dirimidos por la «justicia», nos quepa o no. Pero debemos trabajar más que nunca en forma organizada para capear este temporal que no pareciera tener un final próximo en el tiempo.
Esto implica tener claro que articulados de las leyes de drogas afectan directamente nuestras posibilidades de desarrollo, así como nuestros derechos y libertades. También desarrollar estrategias y protocolos de defensa en los casos de intervenciones policiales y judiciales que puedan tocarnos. Y terminar de entender lo que está sucediendo mucho antes de que suframos estos embates en carne propia.
La derogación de figuras penales como la «hipótesis de tenencia no para consumo» o el «suministro a título no oneroso» se hacen urgentes. Así como el articulado de la Ley de Urgente Consideración que arrasa con los derechos y garantías obtenidos a través de la regulación. ¿Y porqué no? La eliminación de antecedentes y de toda pena a los «delitos por cannabis».
Es momento de dejar de lado las diferencias y actuar en conjunto, porque de a uno… palo y pá la bolsa. Nadie es más que nadie en este rubro. Ni nadie se salva ni crece solo.
Por una regulación integral e inclusiva!!!
NO más presos ni presas por marihuana!!!