Cuando los inspectores del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) recorrieron el club La Puertita para ver cómo estaba funcionando un año atrás encontraron cosas que no les cerraban. La organización había sido habilitada 69 días antes de la inspección, pero tenía cosechados 9,6 kilos de marihuana para repartir entre sus socios, lo que era difícil de creer dado el tiempo que demora el ciclo productivo de la planta. De poco les sirvió a los responsables de La Puertita aducir que tenían semillas “fast version”: el 19 de noviembre las autoridades resolvieron sancionar al club obligándolo a destruir la droga.
Las inspecciones del Ircca a los clubes de cannabis, cuya actividad preocupa al Ministerio del Interior, no dejaron de crecer en los últimos años, según datos oficiales a los que accedió Búsqueda a través de un pedido de acceso a la información. Por el contrario, el control sobre los autocultivadores registró una caída sostenida.
Esfuerzos concentrados
El Ircca regula las actividades de plantación, cultivo, cosecha, elaboración, acopio, distribución y expendio de cannabis; además otorga las autorizaciones y lleva el registro de los autocultivadores y de los clubes de membresía. La ley exige que los clubes tengan entre 15 y 45 socios con una producción no superior a los 480 gramos anuales por persona y no más de 99 plantas de flor hembra.
Los datos del Ircca muestran que las inspecciones a clubes habilitados subieron de manera constante desde 2016. En 2018 hubo 200 inspecciones y dos sanciones, en 2019 fueron 243 las inspecciones y 21 las sanciones y el año pasado hubo 435 inspecciones y 24 sanciones, algunas de las cuales son producto de expedientes generados el año anterior. La imposibilidad de que los fiscalizadores ingresaran a las instalaciones, la presencia de personas no autorizadas en un club, producción sin declarar y otras irregularidades resultaron en tres inhabilitaciones temporales y una suspensión; el resto de las penas fueron apercibimientos, multas, decomisos y destrucción de la mercadería en situación irregular.
En una tendencia contraria, los controles a autocultivadores bajaron todos los años desde 2016. Fueron 45 en 2020 y habían sido 46 y 148 en 2019 y 2018, respectivamente.
La ley prevé que, además de la venta de marihuana en farmacias y la participación de clubes, quien quiera conseguir cannabis puede cultivar hasta seis plantas en su hogar, previa autorización del Ircca.
“Se concentraron los esfuerzos en los clubes debido a su mayor capacidad productiva y también a la complejidad que implica la fiscalización sobre los autocultivadores, que son unos 12.000, dispersos por todo el país, donde la coordinación ha demostrado ser muy difícil y donde la cantidad de horas invertidas en una inspección exitosa es altísima. La idea propuesta es fiscalizar mejor en los clubes para tener horas disponibles para dedicarle a visitar a los autocultivadores”, dijo a Búsqueda el director ejecutivo del instituto, Diego Serrano.
De acuerdo con la información proporcionada por el Ircca, hay 8.796 autocultivadores en el interior y 3.885 en Montevideo.
Tres veces más cara
El año pasado el aumento de incautaciones de marihuana uruguaya en el sur de Brasil puso en alerta a las autoridades de ambos países. La Policía Federal de Brasil envió un informe de laboratorio a la Policía Nacional en el que asegura que el cogollo de esas incautaciones contiene una concentración de tetrahydrocannabidiol (THC), el componente psicoativo, superior al 20%. Según el informe, la marihuana producida en Brasil nunca alcanza el 10% de THC, por eso sus sospechas respecto al origen uruguayo del producto.
La línea de investigación fue confirmada por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, ante un panorama general de crecimiento en sus decomisos de plantas, semillas y flores de marihuana: fueron 8.653 plantas, 41.184 gramos de semillas y 145.673 gramos de flores entre marzo de 2020 y febrero de 2021 en comparación a 1.683, 1.137 y 27.870 entre los mismos meses de 2019 y 2020.
La Policía uruguaya entiende que algunos clubes son utilizados como pantalla legal para la sobreproducción de cannabis de alta calidad y su venta ilegal al exterior, según indicaron a Búsqueda fuentes policiales. El kilo de cogollo en Uruguay tiene un valor actual de $ 50.000 frente a $ 150.000 en Brasil, un precio tres veces superior. “Si se están haciendo las cosas bien, está todo perfecto. Ahora, si como consecuencia de esa actividad legal puede haber un exceso de producción que podría volcarse al mercado negro, ahí estamos en una situación de ilicitud”, argumentó el ministro de Interior, Jorge Larrañaga, en octubre.
En conversaciones con la Junta Nacional de Drogas (JND), el ministerio transmitió la necesidad de acceder a la base de datos del Ircca y que refuerce su plantel de fiscalizadores para controlar a los 171 clubes habilitados.
“No creo, con toda franqueza, que con cuatro inspectores se puedan inspeccionar” a todos, dijo Larrañaga.
Serrano afirmó que el equipo fiscalizador del Ircca “es eficiente en su trabajo y realiza la cantidad de visitas esperable para la cantidad de personas que lo componen”. Aunque el ente prevé aumentar la fiscalización en cantidad, la limitación de recursos económicos también determinará una nueva estrategia de control. “Será necesario focalizar y utilizar mejor los sistemas de información disponibles e incorporar al riesgo específico de cada club como la variable guía a la hora de fijar cómo, dónde, cuándo y cuántas veces se inspecciona”.
En cuanto a la información sobre los miembros de los clubes la JND consultó a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. La respuesta fue que para compartir los datos con el ministerio es necesario tener el consentimiento de sus titulares o asegurar su anonimización, es decir que la identificación personal no sea posible a partir del dato brindado.
El Ircca y la JND consultarán a autocultivadores y clubes si aceptan que se dé su información.
“Si yo le digo al usuario cuando llega, que se quede tranquilo, que su dato es sensible, que su identidad y su privacidad van a estar protegidas porque así lo establece la norma, que no le voy a dar esa información a nadie, pero, después, se la termino dando al Ministerio del Interior, me parece que le estoy haciendo una trampa”, dijo el secretario de la JND, Daniel Radío, el martes 4 en la Comisión Especial de Adicciones de Diputados.
Link al original: Semanario Búsqueda Nº 2123 – 20 al 26 de Mayo de 2021