Discusión acerca del turismo cannábico genera choque de posturas
Nota de Mateo Castells publicada por semanario Crónicas el 30 diciembre de 2022
En el marco de la discusión del proyecto de ley del turismo cannábico, propuesta por el diputado frenteamplista Eduardo Antonini, que regula la venta de cannabis a los turistas, CRÓNICAS conversó con el presidente de la Asociación de Cultivadores de Cannabis (ACCA) al respecto. El entrevistado afirmó que la ley crea una “relación de dependencia” entre asociaciones civiles sin fines de lucro, como lo son los clubes cannábicos, y emprendimientos privados del tipo turístico, lo que se debe a una contradicción legal y ética.
En el año 2013, el Poder Ejecutivo aprobó la Ley 19.172, que regula la producción, distribución y venta de cannabis en Uruguay, pero su implementación no prevé el acceso de los turistas a la misma. El 10 de junio de este año, diputados del Frente Amplio (FA) presentaron un proyecto de ley donde se propone que quienes visiten el país puedan acceder a la marihuana legal durante el tiempo que dure su estadía.
Lo que implementaría esta ley, en caso de ser aprobada, sería la posibilidad de que los emprendimientos turísticos que se encuentren habilitados por el Ministerio de Turismo, se asocien a los clubes cannábicos con membresía o puedan contar con uno de ellos dentro de sus instalaciones. Además, aumentaría el número de miembros y plantas permitidas en los clubes: de 99 plantas se pasaría a un máximo de 300 y el tope de miembros sería de 200, en vez de 45.
Julio Rey, vocero de ACCA, argumentó que el incremento del número de plantas y socios en los clubes es necesario para mejorar la accesibilidad al cannabis, pero afirmó que, con la excusa de la pandemia y de impulsar el turismo, el beneficio al que accederían los clubes se colocaría “en el bolsillo del privado”. Esto, según su visión, responde a una contradicción legal y ética. En la misma línea, enfatizó en que este proyecto solo focalizaría el expendio en los lugares turísticos más importantes del país.
Dos posturas opuestas
Las empresas Jabelor S.A., Faises S.A. y Legiral S.A., que fueron las ganadoras de la licitación para producir la marihuana del Estado, en un documento entregado a la comisión responsable de discutir la ley, argumentaron que deberían ser ellas las encargadas de proporcionar la marihuana a los turistas.
Al respecto, Rey puntualizó que las empresas que producen el cannabis del Estado son representantes de un “nuevo prohibicionismo del tipo económico”, debido a que el cultivador es perseguido y limitado para que el usuario consuma el producto de un mercado regulado, que tiene distintos beneficios para los privados. “Yo soy partícipe, junto con el movimiento social, de la libertad y los derechos, antes que el capital”, sentenció, y agregó que considera “absurdo” que personas sean condenadas a prisión por algo que se vende en las farmacias.
Además, explicó que con la implementación de la Ley 19.172, se buscó conformar a quienes querían acceder a marihuana regulada o legal, como a quienes no estaban de acuerdo. Entre los integrantes de la asociación existe la sensación de que, a través del movimiento social, se logró establecer un aparato empresarial restringido y que corrompe el ejercicio de las libertades individuales, lo que beneficia a los grandes inversores, por lo que el turismo cannábico seguiría en la misma línea.
El problema de la accesibilidad
A pesar de que el cannabis está regulado y se comercializa en farmacias a lo largo y ancho del país, actualmente el acceso al mismo no es equitativo en todo el territorio uruguayo. Según el entrevistado, la implementación de una ley que regule el consumo en los turistas “no hace un mayor aporte” a solucionar la falta de accesibilidad en todo el Uruguay.
El titular de la ACCA dijo que a nivel parlamentario y gubernamental se deberían habilitar licencias de microproducción y aclaró que desde el autocultivo no se pretende expender marihuana en grandes volúmenes, sino que lo que se necesita son licencias accesibles, sin altos costos en los pliegues, para producir cannabis “seguro y de calidad”, y distribuirlo desde pequeñas producciones a un expendio, que cubra las necesidades de acceso en las localidades donde no hay farmacias ni clubes cannábicos. “Es un poco contradictorio cómo se están proponiendo las cosas”, lamentó.
Nota de la ACCA: Para referirnos a «prohibicionismo económico» nos basamos en las declaraciones de Legiral S.A. ante la comisión de turismo de diputados del 7 de diciembre de 2022.
En las páginas 11 y 12 de las actas correspondientes a esa fecha el Sr. Guillermo Delmonte se expresa de la siguiente manera:
«Nosotros hemos denunciado producto e irregularidades que hoy existen y que están a la luz y a la cara de todos en la medida de que ellos promocionan sus productos totalmente ilegales. El Ircca no tiene la función y la Policía no tiene la capacidad de hacer ese seguimiento, ese control y esa regulación de forma correcta.»
«También involucramos a la Policía por el mercado secundario que se genera dentro de esa potencial informalidad.»