Estimados y estimadas integrantes de la prensa.
Sociedad civil organizada y opinión pública en general.
De nuestra mayor consideración.
En pro de la defensa de nuestros derechos constituidos referentes al cultivo y uso de cannabis, los cuales consideramos vulnerados por políticas ministeriales altamente punitivas, así como por un marco jurídico que fomenta la fracasada guerra a las drogas y que promueve el encarcelamiento de los más débiles, sobre todo hombres y mujeres jóvenes, es que la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay decidió proceder a su inscripción en el registro de organizaciones civiles de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
El trámite fue realizado a través del registro online de la propia INDDHH, y recibiendo una escueta respuesta y sin mayores fundamentos referida de la siguiente manera:
«La solicitud de registro de Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay ante la Institución fue RECHAZADA.
Motivo de rechazo: No se encuentra enmarcado en el ámbito de derechos humanos.»
Negativa a la cual respondimos debidamente:
«Estimades. Con el mayor respeto apelamos vuestra decisión, la consideramos falta de objetividad y no de recibo. Requerimos una fundamentación de su negativa ya que la escueta respuesta de su parte carece de fundamentación.»
Al día de hoy y a horas de llevarse a cabo la XII Asamblea Nacional de DDHH no hemos recibido la fundamentación requerida. Es por esto que hemos decidido recusar formal y publicamente esta negativa.
Cabe señalar que la temática cannabis en particular, así como las políticas de drogas en general han sido en diversas ocasiones enmarcadas en el ámbito de los DDHH por la propia INDDHH. Y que también la ley 19.172 a la cual nos plegamos ha sido fundamentada para su aprobación parlamentaria y su posterior implementación en el eje de los DDHH. Y ni que hablar de la defensa que Uruguay realizara en más de una oportunidad ante la mísmisima ONU.
Algunos ejemplos de los mencionados pronunciamientos respecto a la cannabis alineada a los DDHH por parte de la Institución son su resolución nro 503/017, o también el convenio JND-INDDHH en el período 2015-2019, donde entre otras cosas ambos organismos acuerdan «la sensibilización de la población sobre los derechos de usuarios y usuarias de drogas».
Este posicionamiento de la actual INDDHH contraviene además el pronunciamiento de la actual administración de gobierno y anteriores, de la Regulación de la Marihuana como Política de Estado.
Es por eso que señalamos cierta falta de objetividad en la negativa de la INDDHH a integrarnos a la misma como sociedad civil organizada en torno a la regulación de la cannabis y las ´políticas de drogas.
Insistimos entonces en que se reconsidere por parte de la INDDHH esta decisión que va a a contrapelo de los Derechos Humanos que dice promover; y la debida integración de la ACCA a la lista de organizaciones civiles que la integran. Pero sobre todo el cumplimiento de los acuerdos internacionales en cuanto al alineamiento de las políticas de drogas a los DDHH.
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