“La situación del Ircca” y su lentitud para tramitar licencias “es preocupante”, pero con el ministerio la situación es aún “más grave”, dice un informe que entregaron a Lacalle Pou
Búsqueda Nº 2121 – 6 al 12 de Mayo de 2021, escribe Guillermo Draper.
Las máximas autoridades del Poder Ejecutivo han dado señales claras de que ven al sector del cannabis no recreativo como un área donde la economía tiene espacio para crecer. Esa posición quedó reflejada en varias decisiones y gestos durante el primer año de gobierno, que incluyeron resoluciones que facilitaban la exportación de la producción, hasta la visita del presidente Luis Lacalle Pou a la inauguración, en Salto, de una planta de procesamiento de cannabis medicinal de una empresa canadiense. Y sin embargo, las principales empresas del sector consideran que su sintonía con Presidencia no permea luego al resto de los organismos encargados de llevar adelante la política.
Representantes de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal (Cecam) mantuvieron una reunión con Lacalle Pou y otros jerarcas de la Presidencia a fines de marzo y le entregaron un documento en el que enumeran los “principales obstáculos” que enfrentan para desarrollar su actividad. El escollo más grave, apuntan, es el Ministerio de Salud Pública (MSP).
La ley que reguló el mercado de cannabis con fines recreativos, medicinales e industriales, aprobada en 2013, creó un sistema de habilitaciones y controles que involucra a varias oficinas del Estado, entre ellas el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). “Si bien la situación regulatoria ha limitado enormemente el desarrollo de la industria, gran parte de las dificultades son consecuencia de la acción o inacción de los propios organismos públicos”, dice el documento de la Cecam, al que accedió Búsqueda.
Las empresas confían en que, al menos en parte, algunos problemas se solucionen cuando el Poder Ejecutivo cumpla su compromiso y reglamente la ley vinculada al cannabis medicinal y modifique el decreto sobre el funcionamiento del sistema, dijeron fuentes del sector.
“La situación del Ircca es preocupante”, resumen las empresas. “La última licencia otorgada fue hace más de cuatro meses y a la fecha no se han otorgado licencias para cultivo de cannabis no psicoactivo con fines medicinales”.
La cámara sostiene que el Ircca puede tardar más de un año en otorgar una licencia, lo que complica posibles negocios. “Explicarle a un inversor que el plazo para obtener una licencia, y por tanto comenzar su proyecto, es de al menos 12 meses no parece ser el mejor camino para fomentar los proyectos. Ese cuello de botella ha llevado, según el documento, a que el 80% de las empresas soliciten licencias al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que da autorizaciones para cultivo de cáñamo con fines industriales. Esto provocó, a su vez, que haya una “sobreoferta” para algunos sectores del mercado y una menor diversificación de proyectos.
De acuerdo con el sitio del instituto, hasta el momento se han otorgado 21 licencias para investigación, 19 para proyectos de industrialización y seis para el cultivo de cannabis psicoactivo para uso médico. La última habilitación fue en marzo del 2021 a Yerbatera Celeste SRL, cuyo objetivo es “producir la especialidad yerba mate con agregado de cannabis no psicoactivo”.
El documento sostiene también que existe una “superposición de funciones” entre el Ircca y el MSP, porque la secretaría de Estado debe autorizar todos los proyectos que ya fueron habilitados por el instituto. “Esto genera gastos, demoras y confusión, además de únicamente suceder en esta industria”, concluye.
CBD
El MSP recibe las peores críticas de las empresas, algo que ocurre desde la aprobación de la ley. La situación con esa cartera “es sin duda la más grave y de mayor tensión”, dice la cámara, y luego relata varios episodios para sustentar su opinión.
Las compañías de cannabis cuestionan la falta de recursos para atender a la “cada vez más creciente” solicitud de habilitaciones y consultas vinculadas al sector medicinal.
“La comunicación con las empresas no es fluida. Por el contrario, la comunicación es tensa y ha llevado a situaciones críticas, que han puesto en evidencia una desconfianza del MSP al cannabis que no resulta acorde a los avances científicos ni a la normativa vigente”, dice el documento. Luego menciona tres ejemplos, el primero de ellos fue “la imposibilidad de registrar y comercializar flores de cannabis desconociendo la evidencia científica y la realidad mundial”.
El segundo caso implicó el “envío de e-mails a autoridades sanitarias internacionales indicando que ciertos productos que ya estaban listos para ser exportados no debían ser considerados con fines medicinales, desconociendo expresamente una norma que habilita a exportarlos con ese fin”. Ese hecho, agrega el documento, “generó grandes pérdidas a una empresa”.
El tercer episodio ocurrió al final de una reunión con una funcionaria de la secretaría de Salud. “Después de que todos los aspectos técnicos fueran saldados, desde la funcionaria del MSP hubo una recriminación a la empresa por una circular interna escrita por Cancillería reclamando por demoras al MSP. No solo expuso las diferencias interministeriales y divulgó el contenido de un informe confidencial, pero además le quitó confianza al inversor”, dice el documento.
De acuerdo con la Cecam, “no existen criterios por escrito que aclaren el panorama regulatorio y procedimental en el MSP” y sus autoridades “ni siquiera” mantienen “un discurso uniforme”.
Para las empresas, es fundamental que el gobierno permita la elaboración de productos alimenticios que tengan cannabidiol (CBD), que no tiene efecto psicoactivo, entre sus ingredientes. Si el gobierno aprueba un decreto que incluya el CBD en el Reglamento Bromatológico Nacional, “se estaría dando un impulso liberalizador y dinamizador sustantivo de la industria local de cannabis”, auguran.
Discriminación
El documento que las empresas entregaron al presidente incluye críticas acerca de la falta de protocolos claros en el MGAP y en el Instituto Nacional de Semillas, lo que genera “incertidumbre” entre los productores.
Sobre la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), que se encarga de analizar el origen de los fondos de los proyectos que piden autorización para operar en el sector cannabis, dice que la oficina actúa de forma “discriminatoria”, porque les demanda información a los empresarios del sector que no les exige a otras industrias.
Con menos expectativa de soluciones de fondo, las empresas también marcan sus discrepancias con el Banco Central (BCU) y el Banco República. Las instituciones financieras no proveen servicios a empresas vinculadas al cannabis por las complicaciones que les puede causar en su actividad.
Aún así, la Cecam sostiene que “no parece correcto” que después de siete años de aprobada la ley, el BCU permita que los bancos mantengan esa política respecto de “empresas con una actividad económica lícita y altamente regulada”.
“Incluso se han planteado alternativas que permitirían a las empresas operar temporariamente pero que el BCU ni el BROU aún han validado”, lamentan.
Reglamentaciones
Las empresas cannábicas tienen expectativas de que el gobierno atienda algunos de sus reclamos. De hecho, el Poder Ejecutivo les informó en los últimos días que la Presidencia de la República y el MSP tienen casi pronto un borrador de decreto que modifica el decreto 46, que entre otras cosas reguló el funcionamiento del Ircca. Además, se comprometió a tener en mayo la reglamentación de la Ley Nº 19.847, aprobada en 2019, referida al sector medicinal.
El secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, dijo el martes en el Parlamento que el MSP y Presidencia vienen avanzando en esos temas con cierta lentitud, dado que en el contexto de pandemia no es un asunto prioritario para el ministerio, informó la diaria.
Link al original: Empresas denuncian tensa relación con el MSP