LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS CULTIVOS LEGALES DE MARIHUANA POR EL GOBIERNO
Camilo Salvetti para BRECHA 2 julio, 2021
Al contrario de lo que pidieron los principales actores vinculados al mercado legal del cannabis (incluyendo al secretario general de la Junta Nacional de Drogas), el Poder Ejecutivo pretende, a través del artículo 72 de la rendición de cuentas, otorgar acceso al Ministerio del Interior a los datos personales de las personas registradas en el IRCCA. Además de que esto significaría avasallar derechos, se da en un contexto de represión y encarcelamiento de autocultivadores registrados.
Son muchas las notas sobre marihuana que comienzan explicando cómo se arma un porro, los efectos que tiene y todos los motivos por los que es una sustancia mucho menos dañina que, por ejemplo, el alcohol. Esta no es una de ellas. No porque se quiera evitar caer en un cliché, sino porque en Uruguay hace ya ocho años que existe una ley que regula el mercado de cannabis y, ya sea que se esté a favor, en contra de ella o que se tenga matices, se podría creer que la práctica de consumir marihuana ya no causa escándalo. Sin embargo, las declaraciones de algunos jerarcas sobre los clubes cannábicos o los autocultivadores –por ejemplo, las del fallecido ministro del Interior, Jorge Larrañaga–, y los intentos por acceder a información protegida por la ley, hablan de que, para el gobierno, este no es un tema saldado.
Así lo demuestra el texto del artículo 72 de la rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo envió el miércoles al Parlamento, que modifica el artículo 8 de la ley 19.172, la que reguló el mercado del cannabis: «La información de la dirección y ubicación de los autocultivadores y de los clubes cannábicos registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis [IRCCA] y de los respectivos lugares de plantación, cultivo y cosecha de cannabis, serán de acceso por razones de seguridad pública al Ministerio del Interior [MI], a los fines de la prevención de delitos, pudiendo en tales casos realizar inspecciones y controles regulares».
Este párrafo revive una de las polémicas en torno al cannabis de los últimos meses. Luego de un allanamiento violento en Punta Rubia contra un autocultivador registrado, el entonces ministro Larrañaga dijo en rueda de prensa que la cartera pretendía acceder a los datos del IRCCA, para conocer «por lo menos la ubicación» de quienes se encontraban «en el marco de la ley» para diferenciarlos de aquellos que no; Larrañaga también consideró que podían existir «situaciones de desborde, y en las que de lo legal se pueda transformar en una parte en ilegal». El secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío, se negó a proveer al ministerio de tales datos, y tanto la Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay (FECCU) como la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay (ACCA) se pronunciaron en contra del atropello.
«Si pasa, pasa» sería la frase para definir lo que pretende hacer el artículo 72 de la rendición de cuentas. El exdirector de la Policía Nacional Mario Layera dijo a Brecha que se trata de un tema «profundamente político» y que en él entran en juego «temas que no se han superado, como la discriminación». De aprobarse este cambio en la ley, el cultivador pasaría a «ser culpable o sospechoso antes de que se pruebe lo contrario». Para Layera, el gobierno «tiene otras formas de vigilar o controlar esta situación».
«Dice “prevención del delito”, o sea que los redactores del artículo están suponiendo que quienes estamos en una actividad regulada estamos cometiendo un delito», argumentó Julio Rey, activista y miembro de ACCA; «están interviniendo la vida privada de las personas declarándolas culpables a priori», añadió, y recordó lo que se dijo en su momento desde el MI: que todo cultivo sería considerado, en principio, ilegal.
¿Es una directriz del MI, y heredada de la administración Larrañaga, considerar todos los cultivos como ilegales? No consta en ningún lado, pero, si observamos los casos recientes de allanamientos y abusos contra autocultivadores –como el citado ejemplo de Punta Rubia–, quedan pocas dudas.
NO HAY PORQUÉ
El 15 de junio, la Coordinadora de Cannabis del Uruguay, que nuclea a clubes, autocultivadores y empresas, asistió a la comisión especial de adicciones del Parlamento para dar cuenta de los abusos policiales cometidos contra, sobre todo, cultivadores domésticos. En el documento que presentó la coordinadora, se habla de varios elementos que han conducido al encarcelamiento de cultivadores que producían dentro del marco legal. Por ejemplo, la resolución 137 del Consejo Honorario de Instrucciones Generales que prioriza el «combate al microtráfico», así como también el espíritu del apartado sobre «estupefacientes» en el capítulo de seguridad de la Ley de Urgente Consideración, en el que no solo se aumentan las penas para los delitos relacionados con drogas, sino que se elimina la posibilidad de salidas transitorias o reducción de penas cuando se haya incurrido en ellos (artículos 84 y 85, respectivamente).
Los autocultivadores llevados ante la fiscalía están encontrando dificultades para defender sus derechos. Así pasó en el caso de un hombre de 39 años, de Canelones, con seis plantas en regla, que, luego de un allanamiento y un juicio abreviado –una constante en estos casos, que dan aún menos margen–, terminó con prisión preventiva. Las plantas estaban en regla, pero, al pesarlas, la Policía notó que estaba excedido del máximo de acopio permitido: 480 gramos. El problema está en que las plantas fueron pesadas así como estaban, a menos de dos días de cosechadas, aún con hojas y ramas, y todavía frescas, cuando en realidad se debe esperar a la extracción y el secado de las flores para que puedan ser consumidas, lo que reduce su peso entre un 70 y un 80 por ciento. Lo mismo sucedió en Pando, con un hombre de 38 años al que se le incautaron 2.500 gramos de cosecha totalmente verde (que devendrían a lo sumo en 750 gramos de materia seca) y que ahora se encuentra, también, con prisión preventiva. En el caso de Punta Rubia, luego de un allanamiento violento y que fue incluso denunciado por los vecinos como «desmedido», el hombre de 35 años quedó libre porque se trató de un «error de domicilio». En Durazno, un hombre de 52 años que es paciente cardíaco y sufre de EPOC también fue procesado con prisión preventiva por «tenencia no para consumo», otra de las figuras legales utilizadas en estos procedimientos y que no pudo ser comprobada.
Estos son algunos de los casos expuestos. En la mayoría –por no decir en todos– se solicitó un «carnet de usuario de cannabis». Primero, los datos siguen protegidos por el hábeas data. Segundo, cualquiera que se haya registrado en el Correo puede asegurar que no existe tal carnet y que el registro se hace a través de las huellas digitales. «Tenemos gente presa que no ha cometido delito alguno. Estamos a ocho años de la ley, que estas cosas se sigan repitiendo es incomprensible», sentenció Rey, y adelantó que, si lo propuesto en el artículo 72 se llega a aprobar, el movimiento social vinculado al cannabis piensa presentar un recurso de inconstitucionalidad.
CUESTIÓN DE NÚMEROS
Según datos de la Fiscalía a los que accedió Brecha, entre marzo de 2020 y marzo de 2021, fueron 1.386 las personas formalizadas con la carátula de «estupefacientes», un promedio de 115 personas por mes. Según la última encuesta nacional de drogas (llevada a cabo en 2018), el mercado legal le seguía ganando terreno al ilegal, pero la proporción aún no era contundente: de los consumidores de cannabis mayores de 17 años, el 27,3 por ciento accedía de forma legal, el 11,6 por ciento consumía prensado comprado en una boca, el 12,8 por ciento compraba cogollos también en una boca y el 35,7 por ciento obtenía la marihuana de forma ilegal pero no delictiva, es decir, esta es compartida por alguien que tiene cultivo.
Mientras los autocultivadores son procesados y contenedores con cocaína llegan a España desde nuestro país, los robos a clubes o plantaciones pequeñas comienzan a extenderse. Y no hablamos de robos improvisados, sino de clubes que han sido largamente estudiados para sustraerles toda la cosecha y pasarla al mercado ilegal.
Para el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, estos robos, «además del problema que generan al abastecer un mercado ilegal que sigue existiendo, provocan otro, relevante, que es que afectan los recursos y la seguridad personal de las personas que le están poniendo el hombro a la generación del mercado legal». Olivera señaló también al semanario que a esto hay que añadir que el abastecimiento de las farmacias todavía es escaso. «Tenemos una cantidad importante de consumidores que no encuentra cannabis en las farmacias, y encuentra otro tipo de vías y un mercado gris», observó.
Según comentaron a Brecha miembros de la coordinadora, cuando los cultivadores legales son objetos de robo, la Policía no se muestra demasiado proactiva para encontrar la mercadería robada. Así las cosas, solo resta hacer un pedido: dejen secar los cogollos.
COMBO EXPLOSIVO
Según la socióloga Clara Musto, si se ven en su conjunto los cambios introducidos por la Ley de Urgente Consideración en relación con la libertad de acción de la Policía, se observa que «la aumentan tanto que vuelven más redituable la corrupción a nivel policial», puesto que ahora «vos, como policía, en parte, lo que decidís es si se inicia o no» un proceso de formalización. Además, la inexistencia de un organismo externo que investigue los casos de abuso o corrupción ayuda a que este tipo de situaciones funcionen en paralelo al poder político.
¿Por qué es importante hacer estas puntualizaciones? Porque basta con buscar la cantidad de noticias respecto a policías involucrados en el tráfico de drogas o constatar la presencia y circulación de –sobre todo– pasta base en las cárceles, donde, según el último informe del Comisionado Parlamentario Penitenciario, ocho de cada diez reclusos presentan consumo problemático de drogas. Esto, sumado a lo que Musto llamó un «vínculo fuerte e históricamente importante sobre todo en el Cono Sur» entre el tráfico, los policías y las cárceles, resulta en un «combo explosivo», como el establecido entre la Policía brasileña con los «comandos» delictivos de ese origen, de los que ya «se ha detectado la presencia en las cárceles uruguayas».