Semanario BUSQUEDA Nº 2132 – 22 al 28 de Julio de 2021
Escribe Victoria Fernández
Durante un procedimiento policial, los efectivos ingresaron a un domicilio y golpearon a una persona que tenía una cirugía neurológica. Cuando su hija de 14 años gritó desesperada, los policías la tomaron del cuello. En otro operativo, el dueño de una casa inspeccionada fue esposado en ropa interior en la vía pública. Un detenido fue golpeado con la mano abierta en el oído y más tarde un segundo examen médico realizado a instancias del defensor constató que tenía una perforación en el tímpano. Otro detenido recibió tal golpiza de un funcionario policial que debió ser suturado con ocho puntos. Al menos tres imputados afirmaron que durante la declaración en la sede policial les pusieron una bolsa en la cabeza. Otros relataron que fueron trasladados en el baúl del patrullero.
Estos hechos son algunos de los ejemplos que describen los defensores de oficio que trabajan en el área penal en una denuncia que presentaron ante la Suprema Corte de Justicia el lunes 12 para advertir sobre un aumento “preocupante” de los abusos policiales en el último año.
En el documento firmado por la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, al que accedió Búsqueda, los abogados aseguran que han observado “un incremento en la violación de garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos en las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios policiales”. Para llegar a ese diagnóstico, la asociación realizó un relevamiento entre los defensores penales de todo el país, que dan asistencia gratuita a las personas de bajos recursos (alrededor del 90% de quienes están sujetos a un proceso penal).
El relevamiento mostró un panorama preocupante y generalizado en casi todos los departamentos. Allanamientos sin orden judicial que se “disfrazan” como inspecciones “voluntarias”, maltratos y agresiones en las detenciones, coacciones físicas y psicológicas para conseguir declaraciones, ausencia de exámenes médicos para comprobar lesiones en los detenidos, uso “desmedido” de la fuerza frente a niños, daños innecesarios en hogares de bajos recursos.
En el documento presentado ante la Corte los defensores plantean que la situación se agravó tras la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) —que dio mayor autonomía y respaldo al accionar policial—. Y señalan que si bien varios episodios han sido denunciados ante el fiscal del caso y el juez de garantías, generalmente se encuentran “con el obstáculo de falta de pruebas y el poco interés en la Fiscalía de investigar estos excesos debido a que está en juego la suerte de la investigación que está llevando a cabo”.
También explican que en muchas ocasiones los propios damnificados no quieren reportar los abusos: “Nos enfrentamos a la encrucijada de que los detenidos no quieren formular denuncia por las posibles represalias de las que podrían ser víctimas a consecuencias de ello”. La situación, agregan, “se hace más evidente en el interior del país, donde los distintos actores generalmente se conocen”.
La Asociación de Defensores de Oficio pide a la máxima jerarquía del Poder Judicial que ponga en conocimiento de la situación a las autoridades del Ministerio del Interior y de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y que trabajen en conjunto “a fin de enmendar las irregularidades”.
“No pretendemos más que hacer respetar la normativa internacional y nacional que ampara a las personas”, afirman los abogados.
Una Defensoría Penal débil
“Estamos desbordados”, dice a Búsqueda el presidente de la Asociación de Defensores de Oficio, Joaquín Gamba, en una conversación vía Zoom el pasado martes 20. La vicepresidenta del gremio, Victoria Muraña, asiente: “Es una frustración tras otra”.
La Defensoría de Oficio integra el Poder Judicial y depende jerárquicamente de la Suprema Corte de Justicia. Históricamente, ha reclamado que no tiene los recursos suficientes para poder brindar una asistencia adecuada a los imputados. Pero tras la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) la fortaleza que en términos de presupuesto, funcionarios y competencias adquirió su contraparte, la Fiscalía, dejó más en evidencia las carencias de la Defensoría Penal, que debe asegurarse de que se respeten los derechos y las garantías de las personas investigadas.
En un informe enviado esta semana a la Comisión de Legislación y Códigos de la Cámara de Diputados, la asociación advierte que “ya sea por la falta de recursos humanos, de recursos tecnológicos y organización administrativa”, hay en muchas ocasiones una “verdadera denegación de defensa técnica de las personas carentes de recursos, al no contar la Defensa Pública con los medios para llevar a cabo efectivamente esta función”. Recuerda que los últimos cargos que se crearon fueron en 2016 y reprocha que “el sistema político en los últimos años ha hecho caso omiso a los permanentes reclamos de la Asociación de los Defensores Públicos”.
“Sentimos impotencia frente a este sistema que no es garantista, porque todo se ha acomodado para la Fiscalía”, dice Gamba. “Desde el punto de vista de las garantías, hoy el sistema penal está peor que el CPP de 1980”, afirma.
Las elevadas cifras de formalizaciones y de personas privadas de libertad que exhiben las autoridades no son demostrativas del “éxito” del sistema, acota Muraña. Por el contrario, muestran que la única vía de solución es la cárcel y que formalizar a los detenidos —aunque se trate de delitos de “bagatela”— es la prioridad. Así se engrosan los números y se mejoran las estadísticas, critica.
La aprobación de la LUC el año pasado no hizo más que agravar la situación, a juicio de los defensores. “Claramente, hay una relación entre el aumento de los abusos y la entrada en vigor de la ley”, asegura Gamba.
La norma atendió un reclamo de la Policía, que había quedado disconforme con la pérdida de autonomía para investigar a raíz del nuevo CPP, y les autorizó un plazo de cuatro horas para indagar un hecho antes de reportarlo a la Fiscalía (el CPP ordenaba que la comunicación debía ser inmediata).
Es en ese plazo que recuperó la Policía para actuar donde se cometen los principales abusos, dicen los defensores. Rara vez ellos están presentes en esas primeras horas. Aunque las leyes nacionales e internacionales lo obligan, a los detenidos “no se les leen sus derechos”, aseguran. “Es algo básico en un Estado de derecho informarles que tienen derecho a no declarar, a no inculparse, a tener un abogado”, explica Gamba. Pero ocurre al revés. “Los coaccionan para que declaren, les hablan de las penas que pueden recaerles si no admiten, para que firmen un acuerdo”.
“Deberíamos tener una Defensoría Penal fuerte y estar en las seccionales en las primeras horas de las detenciones. Porque es ahí donde se sella la suerte de la investigación. Y es ahí donde se constatan las vulneraciones”, afirma Gamba. Pero la escasez de defensores (son unos 90 en todo el país para el área penal) y la dispersión geográfica de las seccionales policiales hacen imposible que estén presentes. Además, tampoco hay un espacio previsto en ellas para que puedan entrevistarse con sus defendidos de forma privada, agrega Muraña. Los defensores se reúnen con los detenidos una vez que son trasladados a la Fiscalía, donde sí hay pequeños boxes para que hablen con privacidad. Pero para entonces muchas veces es tarde. Fueron interrogados, asustados y “solo quieren que se termine”.
En un seminario realizado el pasado octubre, varios abogados penalistas y académicos advirtieron que la LUC “empoderaba” a la Policía y que su implementación podría derivar en excesos y peligros para las garantías de los ciudadanos (Búsqueda N° 2.095).
Uso desmedido de la fuerza y coacciones psicológicas
Según describen en el texto de la denuncia que entregaron a la Corte, los defensores observan un “uso excesivo de la fuerza en procedimientos policiales, específicamente en las detenciones, las inspecciones oculares y los allanamientos”. Detallan como ejemplo situaciones en que los policías ingresan a un hogar sin exhibir previamente la orden de allanamiento, provocan daños materiales y “apuntan con armas de fuego a los habitantes”.
“Cabe destacar que muchas veces no se tiene la orden de allanamiento que se anuncia y se los hace firmar (con base en el abuso del miedo y desconocimiento de los moradores) formularios de inspección ocular voluntaria”, advierten.
“Incluso, muchos de nuestros defendidos han manifestado que el personal policial llega gritando ‘allanamiento’ y en realidad era una inspección cuyo ‘consentimiento’ se ha llegado a firmar recién en la seccional policial una vez detenidos”.
Cuando los defensores toman conocimiento de estas situaciones, se encuentran con la dificultad de probarlas. “Es imposible volver atrás en los pasos del procedimiento y naturalmente se descree de la palabra de los imputados. Son contados los casos donde la policía lleva o llega a exhibir sus cámaras GoPro para verificar o no la veracidad de los dichos de los detenidos, siendo este casi el único medio de prueba para demostrar tales irregularidades”.
Por eso la asociación insiste en la necesidad de que todos los policías usen cámaras GoPro y que no obstaculicen el acceso a las imágenes.
También denuncian que en los allanamientos “se ha constatado el uso desmedido de la fuerza física en hogares de familia donde por lo general hay niños y personas de edad avanzada”. Además, “los funcionarios policiales producen daños innecesarios” en los hogares. “No debemos olvidar que nuestros asistidos son personas con hogares de escasos recursos, por lo que causar estos daños significará para la familia erogaciones que no serán capaces de afrontar”, advierten.
Por otra parte, los defensores afirman que ocurren “maltratos físicos en el momento de la detención y en los momentos sucesivos, incluso cuando no hay ningún tipo de resistencia”, y “coacciones psicológicas y hasta físicas para obtener la declaración del detenido”.
“El uso de la fuerza física desmedida en el momento de llevar a cabo las detenciones por parte de los funcionarios policiales es frecuente, y generalmente son golpeados en determinadas zonas del cuerpo o con mecanismos que no dejan marcas visibles, por ejemplo, poniendo una cuadernola de por medio”, describen.
“Cuando se pone en conocimiento de esta situación a la autoridad policial, se nos plantea que los golpes fueron consecuencia de que el imputado ejerció ‘resistencia al arresto’”.
Otro aspecto grave sobre el que hacen hincapié los defensores es en la omisión de los médicos de guardia de ASSE al revisar a los detenidos. “Es generalizado el hecho de que los imputados no son examinados”, aseguran.
Describen, por ejemplo, el caso de un detenido al que le sangraba la cabeza y el certificado médico decía “un corte”. Ante la protesta del defensor en Fiscalía, fue trasladado de nuevo al hospital y debieron hacerle 14 puntos de sutura. “En otras ocasiones se ha solicitado al juez de garantía, en la audiencia de control de detención, que sean examinados por un médico forense, atento a que tienen lesiones a pesar de que el certificado médico menciona que no las tiene”.
“Eso es unánime en todo el país”, dice Gamba. “Ni los miran, no les levantan la remera”. Además, los chequeos se realizan ante la presencia del policía. También ocurre que algunos hospitales fijan horarios para la revisión médica, por lo cual en ocasiones no se realiza en el momento, sino varias horas después.
Por otra parte, la asociación sostiene que “en el último año se ha detectado un aumento en el uso abusivo de los controles de identidad a las personas de bajos recursos que muchas veces se encuentran en la calle revisando, por ejemplo, volquetas en busca de comida”.
La LUC derogó la regulación del control de identidad que establecía el CPP. Ahora “toda persona tiene el deber de identificarse cuando la Policía lo requiera” y puede ser conducida a la seccional si no lo hace o no tiene la documentación, según la nueva redacción del procedimiento.
En los controles a veces las personas reaccionan y luego son denunciadas por “agravio a la autoridad policial”, señalan los defensores, un delito incorporado por la LUC. “Hay muchas personas que han sido formalizadas —debiendo cumplir prisión— por estas circunstancias”, advierten. Además, los controles de identidad están en la mayoría de los casos “exentos de controles judiciales y ni siquiera llegan a conocimiento de la Fiscalía”, por lo que quedan en el anonimato.
Otro aspecto que genera preocupación en los defensores es que la prisión preventiva se cumple a veces en “condiciones peores que las personas que están cumpliendo condena”. Es que el CPP obliga a que estén separados y, ante la carencia de infraestructura, a veces quienes están en prisión preventiva son trasladados a otros departamentos y alejados de sus familias. Los abogados advierten que eso “lleva muchas veces a que se realicen acuerdos de procesos abreviados con la sola finalidad de dejar de cumplir la prisión preventiva”.
El documento menciona también situaciones en que las denuncias contra los abusos policiales dieron resultados. Por ejemplo, el jefe de seguridad de la cárcel de Florida fue denunciado por las defensoras públicas del departamento por abuso sexual a varias reclusas en 2019. Pese a que las presas no querían reportarlo por temor a ser trasladadas, una actuación conjunta de las defensas con la Fiscalía y las víctimas logró la condena del funcionario. Otro efectivo fue imputado luego de que se constatara que sistemáticamente denunciaba a individuos por agravio a la autoridad policial y que era él quien los agredía. En esos casos las Fiscalías actuaron de forma “objetiva” e investigaron a los funcionarios, destacan los defensores. Pero, advierten, se trata de excepciones.