El pasado lunes 16 de agosto la Coordinadora de Cannabis del Uruguay convocó a una marcha desde plaza Libertad (Montevideo) hasta el Palacio Legislativo (sede del parlamento uruguayo). Más de medio millar de personas adhirieron a al reclamo de «NO al artículo 72. NO más presos por plantar. Cultivá tus derechos».
Al respecto se expresaron a través del medio Caras y Caretas dos de los múltiples integrantes de la Coordinadora, Bruno Calleros del MLC y Julio Rey de la ACCA.
Agradecemos al periodista Ricardo Posse la cobertura y el habernos cedido el material para difundirlo a través de nuestras redes. Así como agradecemos la imagen de portada cedida por el fotógrafo Gustavo Manfredi miembro de la RUDU.
«Siguen habiendo procesamientos y procedimientos por los distintos actores judiciales, ya sea jueces, fiscales o la propia policía. Que nos parecen injustos y que terminan muchas veces en procesamientos que no corresponden.»
Bruno Calleros-MLC
«Más allá de que hoy estemos defendiendo esta regulación porque es un momento de urgencia, es necesario profundizarla. La regulación de la cannabis en Uruguay repite estructuras lógicas del prohibicionismo.»
Julio Rey-ACCA
Aquí la proclama de la Coordinadora de Cannabis leída frente al Palacio Legislativo mientras la Cámara de Diputados sesionaba respecto a la rendición de cuentas que incluye el polémico artículo 72.
PROCLAMA DE LA COORDINADORA DE CANNABIS 16/08/21
Hoy a casi 8 años de la ley 19.172, de regulación del cannabis, marchamos para oponernos al retroceso de nuestros derechos adquiridos. La propuesta del art. 72 de la Rendición de Cuentas es un instrumento regresivo y contrario a la regulación. Con este tipo de embestidas quiebran la confianza de los ciudadanos y ciudadanas que, en un Estado de
Derecho, confiaron en la ley y en la responsabilidad de las instituciones custodias de los registros.
El artículo propuesto parte del desconocimiento más absoluto sobre la planta de cannabis, los procesos de cultivo y el derecho de las personas a consumir. También el sistema judicial carece de conocimientos al respecto, y tanto defensores, como fiscales y jueces toman decisiones aplicando criterios de leyes anteriores sobre drogas. Están generando que personas inocentes, que en algunos casos pudieron cometer pequeños errores
administrativos, terminen encarceladas.
Defendemos el sistema regulado de cannabis, que seguro debe mejorarse, pero nunca perdiendo los derechos adquiridos. Confiamos en las actuales autoridades del IRCCA. No queremos ocultarnos, pero exigimos la defensa de nuestros datos manteniendo su anonimato como mandata la ley 18331.
En Uruguay veníamos avanzando, pero esta propuesta (planteada en la rendición de cuentas) junto a la actuación policial y de la justicia, que se da desde la aplicación de la LUC, horadan el espíritu de la ley de regulación y nuestros derechos adquiridos.
El Ministerio del Interior tiene la competencia de acceder al registro de clubes y autocultivadores en el marco de una investigación penal, es decir por razones de seguridad pública o de prevención del delito.
La advertencia que hace la JIFE sobre corrupción policial en Uruguay, en su informe sobre drogas en el 2020, es grave y visibiliza una problemática interna dentro de la estructura policial a donde, al día de hoy, llega la influencia del narcotráfico. Es en este esquema, que consideramos de alto riesgo para la seguridad pública que la Policía tenga acceso a la base de datos de las direcciones de los cultivos.
De un paradigma garantista basado en la legislación, información y control, se propone un paradigma de vigilancia y castigo propio de un Estado antidemocrático que no da garantías a los ciudadanos y no respeta los derechos adquiridos. Criminalizando además una actividad legal, regulada y controlada por el IRCCA.
Los y las ciudadanas confiaron en que sus datos serían tratados como dato sensible al momento del registro. Si se cambia el carácter anónimo de los datos se pierde la confianza en el registro y en la norma imponiendo una retroactividad anticonstitucional, degradando la calidad del Estado de derecho.
La cannabis engloba en nuestro país a múltiples actores, autocultivadores, clubes de cannabis, adquirentes en farmacias, growshops, empresas que cultivan y producen derivados, investigadores y profesionales de diferentes materias, generando todos ellos puestos de trabajo y desarrollo económico para el país, que tan necesitado está de trabajo y crecimiento económico.
Seguiremos cultivando nuestros derechos y exigiendo que no haya más presos y presas por plantar, ni por desconocimiento y/o equivocaciones de la policía y los actores judiciales.
Necesitamos un diálogo amplio entre autoridades de todo el Estado y la sociedad organizada, que permita dirimir estos desencuentros y seguir construyendo una sociedad con reglas claras para todos.
Coordinadora de Cannabis del Uruguay