CON RODRIGO MOROSOLI, FISCAL DE ESTUPEFACIENTES

«Hay que entender el nexo entre la violencia y el lavado de activos»

Nota de Mauricio Pérez para Brecha 15/03/2024.

Uruguay se transformó en un país de acopio de drogas para su posterior exportación, afirmó el fiscal Rodrigo Morosoli. Un factor que lo explica es la cantidad de incautaciones de cargamentos de 50 o 60 quilos en galpones, depósitos o viviendas. Si bien consideró necesario perseguir el delito que se produce en torno a las bocas de venta, para él es indispensable focalizar las investigaciones en el corazón del negocio del narcotráfico: el dinero.

Desde febrero de 2023, Morosoli está al frente de una de las tres fiscalías que se encargan de la persecución penal de los delitos de micro y mediano tráfico de drogas en Montevideo, que incluyen el narcomenudeo e investigaciones sobre las bocas de venta y sitios de acopio en la ciudad; la cuarta, liderada por la fiscal Mónica Ferrero, investiga el gran narcotráfico. Su último procedimiento sobre drogas fue en diciembre de 2017, en Maldonado. Desde entonces, dice, mucho ha cambiado.

—¿Es compleja la investigación de los casos de micro y mediano tráfico de drogas?

—Uno puede desarrollar buenas investigaciones, prolijas, pero le puede faltar suerte al momento de «reventar» la operación. Hay un componente de azar que siempre está presente. Un jerarca policial me decía que es más complicado investigar el microtráfico que el macrotráfico, y tiene una cuota de razón, porque estamos siempre trabajando con personas en una situación compleja, con cantidades que a veces están en el límite de lo legal, donde hay varias piezas del puzle para armar. El trabajo de macrotráfico implica un hilado más fino, un trabajo más perseverante, pero cuando hay una incautación nadie la va a discutir.

—En su fiscalía se encuentran con el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico.

—Exactamente. Con el eslabón más débil y con algunos eslabones más arriba, que son quienes trabajan en el acopio en distintos puntos del departamento para poder distribuir las sustancias al por menor. Pero, sí, es el eslabón más débil y el que, con la normativa vigente, genera mayor cantidad de reclusos.

—¿Qué características tiene la población imputada por su fiscalía?

—Es una población joven, capaz, con un nivel educativo más alto que el que vemos en las fiscalías de Flagrancia, en las que vemos personas analfabetas o con primaria incompleta. Acá encontramos personas con secundaria incompleta. Y también población femenina.

—¿Cómo llegan estas personas a involucrarse con el mundo del narcotráfico?

—No soy criminólogo ni cientista social, sino un abogado que trabaja como fiscal. Con eso dicho, creo que es parte de una cultura de instantaneidad, de acceso fácil a bienes de consumo, a dinero, en contraposición a un avance más lento del mercado laboral formal y de las oportunidades educativas. Se va convirtiendo en una subcultura, una forma de vivir, que hace que en el ámbito familiar se vayan decantando por esta actividad ilícita.

—Algunos analistas estiman que la baja de las denuncias por rapiñas puede estar asociada a un corrimiento hacia otras modalidades delictivas, como el narcotráfico, que es más redituable. ¿Qué opina?

—Es posible. Ante una necesidad económica, una situación de precaridad de ingresos, puede ser una opción más redituable en el costo-beneficio el microtráfico que un delito violento.

—¿La legislación nacional es particularmente dura con los delitos de microtráfico?

—Es una discusión que se ha dado en los últimos años, no solo en materia de estupefacientes, sino con la dosimetría del Código Penal, vigente desde 1934. En general, el sistema penal uruguayo tiene un desfasaje en cuanto a la dosimetría de las penas. Se notó mucho –y hubo un debate público grande– por la normativa sobre ingreso de drogas a la cárcel: la pena mínima es de cuatro años, que es la misma que para una persona que transporta sustancias por una ruta nacional en vólumenes elevados. Todo el sistema penal merece una revisión.

—¿La actual normativa de drogas afecta preferentemente a las mujeres?

—Afecta a todo el público de microtráfico. Es cierto que el foco público y los esfuerzos de los defensores públicos, la academia –e incluso de jueces y fiscales– se abocaron al tema de las mujeres que ingresaban a la cárcel, pero ese es un mundo diverso, no todas las situaciones son iguales. Partimos de una base de personas de quintiles bajos de ingresos, pero hay de todo. Hay gente que pertenece a organizaciones con roles más o menos divididos dedicadas a ingresar drogas a centros carcelarios, hay gente que le lleva drogas a su familiar o a su pareja, hay gente que lo hace coaccionada. Hay un montón de matices.

—¿La pena de cuatro años de cárcel para casos de microtráfico no ocasiona un perjuicio para la sociedad?

—Ahí hablamos de la falta de equilibrio entre las penas y los delitos. Hasta 2020, la Instrucción General 6 de la Fiscalía General de la Nación [FGN] establecía que los delitos de microtráfico no eran de interés público para la persecución penal. Eso habilitaba a aplicar, en el caso de las mujeres primarias que intentaban ingresar drogas a las cárceles, la suspensión condicional del proceso con la imposición de un montón de obligaciones, pero no ingresaban a la cárcel. Pasamos de eso a cuatro años de penitenciaría. Fue un cambio sumamente brusco.

—Ese cambio punitivista provocó otros problemas.

—Sí, y fueron advertidos oportunamente por todos los operadores jurídicos, incluida la FGN y la asociación de fiscales. Una de las consecuencias más previsibles, y que efectivamente ocurrió, fue el hacinamiento carcelario.

—¿Cómo actuán los fiscales ante estas situaciones al saber que tienen que pedir que estas personas vayan a prisión?

—Nosotros tenemos que cumplir la normativa. Hay casos y casos: no es lo mismo una persona que en sus bolsillos tiene dos cigarillos de marihuana que una persona que tiene escondidos en su recto 200 gramos de pasta base. Pero las situaciones que son perseguibles se trabajan. Como dijo el doctor Carlos Negro en redes sociales, la fiscalía no tiene otra opción que cumplir con las normas vigentes; los eventuales reclamos deben dirigirse a los legisladores.

—¿Existe una asociación directa entre el narcotráfico y el aumento de la violencia?

—Por la información que manejamos, en Montevideo y zona metropolitana hablamos de clanes cuasi familiares, precariamente organizados, que disputan territorio. Esas disputas conllevan un nivel de violencia ínsito. Hasta qué punto incide esto en la tasa de homicidios, de lesiones o delitos violentos no lo puedo cuantificar. Ahora bien, las fiscalías de Estupefacientes están en el cuarto piso de la sede de Cerrito y Misiones y comparten piso con las de Homicidios. Eso te da una pauta. Muchas veces las dos materias están ligadas. Hay una interrelación entre la violencia y el tráfico de estupefacientes.

—¿Existen barrios particularmente afectados por el narcotráfico?

—Uno tendería a pensar que sí, que en determinadas zonas se recrudece la violencia por la disputa territorial, pero yo he tenido –como fiscal de Flagrancia– una investigación, con condena, por el ataque a mano armada y disparos a una boca de microtráfico en Cordón. Entonces, es relativo. La violencia tiende a expandirse, no está circunscripta a algunos barrios. En algunos barrios es más notoria, lo que ha motivado intervenciones específicas del Ministerio del Interior, pero también puede ocurrir en otras partes del departamento, de la zona metropolitana o del país, como pasó en San Carlos o en Minas.

—¿Son efectivas esas intervenciones policiales en el territorio?

—No estoy en condiciones de afirmar eso, porque no tengo la información necesaria. Lo que sí veo es que el microtráfico es una realidad que impacta en la comunidad, en el barrio, en el vecino, y requiere una respuesta. A raíz de la existencia de esa boca de expendio de drogas hay un sinnúmero de situaciones que rompen la convivencia ciudadana, ya sean pequeños delitos contra la propiedad, amenazas, violencia privada o problemáticas que distorsionan la vida en vecindad. A eso hay que darle una respuesta.

—Los operativos de saturación se llevan adelante, al menos, desde 2011 y la violencia pareciera seguir incrementándose. No parecen ser una respuesta efectiva.

—No sé si hay estudios académicos que hayan estudiado el impacto de estos operativos. Sería interesante.

—¿Cómo visualiza la situación que se vive en Rosario [Argentina]? ¿Es posible extrapolar esa realidad a Uruguay, a Montevideo?

—«Rosario siempre estuvo cerca» [risas]. Santa Fe fue uno de los modelos que tomó Uruguay para su sistema acusatorio, porque tiene una población parecida a la uruguaya. Rosario tiene una población parecida a la de Montevideo. Está muy cerca y está en el eje de la hidrovía. Creo que es un espejo al que hay que mirar con muchísima atención.

—¿Usted considera que los discursos punitivistas al estilo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prenden más rápido en la población?

—Sí, y es peligroso, porque es más efectiva la inteligencia y el trabajo fino que ese ejercicio más mediático de imposición del poder estatal, que es efímero. La violencia que se está desatando en Rosario viene un poco porque se dio lugar a determinada demostración de poder intramuros, en las cárceles. Qué tanto es golpe de efecto y qué tanto tiene sustancia el tiempo lo dirá. Hay investigaciones periodísticas que señalan que el fenómeno que se vive en El Salvador viene de la mano de pactos con determinados líderes o maras para recuperar territorio. ¿Es apropiado hacer eso? No tengo la respuesta. Todo tiene sus matices. Si fuera tan fácil, no tendríamos los problemas que tenemos en el continente y en el mundo con el crimen organizado.

—¿Se han detectado contactos de grupos medios de Uruguay con organizaciones internacionales de tráfico de drogas?

—La hidrovía es un corredor enorme que permite sacar mercadería de todo tipo al oceáno Atlántico. Lo es desde hace 500 años, desde la época de la colonia. Obviamente que ese gran corredor atraviesa diferentes países, y al que no atraviesa lo vincula, como Bolivia y Perú. Todo lo que hace al eje de la hidrovía está atravesado por lo transnacional, incluso lo ilícito.

—¿Casos como el de Sebastián Marset y su crecimiento en el mundo del narcotráfico eran plausibles hace algunos años?

—Están dadas las condiciones para que una persona con iniciativa pueda crecer en una organización delictiva o en varias. Ya no hay una organización que mantenga el dominio sobre todas las etapas de la operación, desde el cultivo hasta la exportación a Europa. Hay segmentación, quien maneje con inteligencia eso tiene posibilidad de ascender. Es un mercado ilícito, pero que se rije por las normas del capitalismo: maximizar las ganancias con la menor pérdida de ingresos y la menor dificultad posible.

—¿El hacinamiento en las cárceles coadyuva a la captación de personas por grupos criminales?

—Hay investigaciones periodísticas que muestran como el Primer Comando de la Capital (en Brasil) va captando gente en los centros de reclusión.

—¿Es fácil reclutar personas en las cárceles?

—Si vamos a la lógica de que una persona con una situación social y económica deprimida puede tener un acceso rápido a bienes, es más que seductor. Te ofrecen bienes materiales, pertenencia, respeto, prestigio; para una persona que está en situación de vulnerabilidad, puede ser tentador. Hay investigaciones periodísticas y académicas sobre cómo las organizaciones criminales van penetrando en la vida cotidiana de los barrios y eso origina una captación de gente. El narco o el lavado aportan dinero al comedor o a la escuela del barrio, y eso motiva una sensación de pertenencia; sustituyen de cierta forma a la acción estatal. Ahí es cuando se complejiza más la situación: recuperar espacios públicos o comunitarios no es algo que se logre desde lo punitivo. Obviamente, la fiscalía debe investigar cuando hay un delito, pero esto es cuando el problema ya está asentado en el territorio, tiene que haber mucho más Estado antes, en todas sus variables, para evitar que se pierdan espacios de convivencia, que son captados por la actividad ilícita organizada.

—Pero estos grupos no solo se insertan en la vida social con violencia.

—No. Y me preocupo siempre de cómo le hacemos entender al vecino que se acuesta escuchando balas o que tiene miedo de salir a trabajar a las 5 de la mañana que ese puñado de monedas y billetes arrugados que provoca violencia en el barrio después se traslada a actividades lícitas, a gente que se vende como empresarios o benefactores de la comunidad. La gente de a pie debe entender el nexo entre la violencia que hay en sus barrios y el lavado de dinero. Sin el lavado de activos, esa violencia no podría verificarse: esos billetes arrugaditos pasan por diversos canales y terminan siendo inmuebles, campos, semovientes, yates, aviones, cuentas offshore. Nos falta hacer ese clic. Si no lo hacemos, nunca vamos a llegar a buen puerto.

—¿Está en debe la persecución del lavado de activos en Uruguay?

—Nos falta, y estoy citando a Julio Guarteche, una percepción comunitaria y colectiva del riesgo, y dotar a los organismos de prevención y represión de recursos materiales y humanos (fiscalía, Policía, prefectura, secretaría antilavado, junta anticorrupción). Estamos enfrentando un capital transnacional que se inserta en los resquicios del sistema jurídico para poder inyectar capitales espurios a la economía nacional e internacional. Para luchar contra eso, tenés que tener elementos, si estás peludeando,es difícil conseguir resultados. Más allá de las herramientas jurídicas, materiales y de recursos humanos, hay un plus que nos falta como colectivo, como país de visualizar lo que es el lavado de activos. Hay una frase de uno de los detectives de la serie The Wire que dice: «Si vos seguís la droga, vas a encontrar adictos y narcotráfico; pero si empezás a seguir el dinero, no sabés a dónde te va a llevar».

—¿Seguir el dinero puede llevar a revelar la corrupción detrás del narcotráfico?

—Otro de los problemas que tenemos en Uruguay es la autoindulgencia: «Como el Uruguay no hay, la tacita de plata, Uruguay nomá’». Estamos en un continente donde el narcotráfico va de la mano con la penetración de estas organizaciones delictivas en niveles bajos o medianos de la administración pública. No tengo elementos para decir que está ocurriendo. ¿Es posible que esté sucediendo? Es posible, en la medida en que estamos inmersos en una región y un continente donde eso ocurre probadamente.

ALLANAMIENTO NOCTURNO

«HAY QUE MEDIR EL COSTO-BENEFICIO»

Morosoli argumenta que la experiencia comparada indica que en los países donde el allanamiento nocturno está habilitado se usa muy poco. «Me permito pensar que, de estar vigente una norma así, la Policía acudiría a ella en muy contadas ocasiones, por los riesgos que conlleva para la propia fuerza policial y para las personas del entorno.» Para efectuar esa intervención, a su criterio, deben evaluarse diversos aspectos, como el lugar al que se pretende entrar, qué se piensa encontrar, cómo hacer para que los efectivos salgan indemnes y preservar la integridad física de vecinos o transeúntes: «Lo que se debe evaluar, y lo digo en colectivo, son los costos-beneficios del allanamiento nocturno. Qué estamos dispuestos a sacrificar y qué obtenemos a cambio. Se habla de un retaceo de garantías. ¿Ese retaceo de garantías nos llevará a un resultado exitoso? ¿Costará la integridad física o la vida de un funcionario policial o de un civil? Como sociedad, debemos darnos un debate muy serio, el costo-beneficio hay que medirlo muy bien».