Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay
La violencia y criminalidad adquieren ribetes cada día más complejos; la situación de las cárceles está desbordada mientras el sistema político sólo agrava penas; los amplios nichos de corrupción policial son inocultables. Ahora muchos miran a Rosario, Argentina, sin darse cuenta lo cerca que estamos.
—¿Cómo llegan estas personas a involucrarse con el mundo del narcotráfico?
—No soy criminólogo ni cientista social, sino un abogado que trabaja como fiscal. Con eso dicho, creo que es parte de una cultura de instantaneidad, de acceso fácil a bienes de consumo, a dinero, en contraposición a un avance más lento del mercado laboral formal y de las oportunidades educativas. Se va convirtiendo en una subcultura, una forma de vivir, que hace que en el ámbito familiar se vayan decantando por esta actividad ilícita.
En su extensa división del trabajo, el crimen organizado de las drogas ilegalizadas cubre un repertorio extenso de actividades delictivas de poderosos y de cuello blanco, así como delitos de débiles y de cuello azul. Mientras los primeros protegen el capital y se protegen a sí mismos, los segundos están desprotegidos creyendo no estarlo, defendiendo con su cuerpo lo que no les pertenece.
Ahora, lo que se propone es modificar nada menos que la Constitución, no para salvar vidas sino todo lo contrario, para ponerlas en riesgo en busca de unos gramos de drogas, mientras que las toneladas entran por el puerto. Parece broma si no fuera dramático.
Todo pareciera indicar que la experiencia uruguaya de regulación a logrado en buen grado reducir el estigma que en general pesa sobre el consumo de cannabis. No obstante, esto no parece funcionar de la misma manera en cuanto a las políticas de seguridad pública y drogas, ni en el marco legal altamente restrictivo y punitivo de la Ley de Urgente Consideración, y mucho menos en las constantes acciones policiales y judiciales en contra de cultivadores y usuarios de marihuana.
Las “vulnerabilidades” en los organismos públicos dedicados al combate del lavado de activos abundan, a juzgar por las conclusiones primarias a las que llegó Alejandro Montesdeoca, experto contratado por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft) para armar un diagnóstico y proponer una nueva Estrategia Nacional de Riesgos.
En 1978, el agente de la DEA Michael Levine llegó a la Argentina para desempeñar funciones en la Embajada estadounidense. En poco tiempo, sus investigaciones lo llevaron a descubrir los vínculos entre los militares argentinos, financiados por la CIA para apoyar a narcotraficantes anti-izquierdistas en el narcogolpe que tumbó al gobierno de Bolivia en 1980. Esta es la intrincada y paradójica historia de la guerra contra las drogas.
La «guerra a a las drogas» sólo colabora en la consolidación de grupos económicos que crecen al margen de la ley y que a medida que acumulan capital construyen estrechas relaciones con otros sectores económicos legales, como la construcción, las finanzas, el juego y el inmobiliario urbano y rural, entre otros.
En Uruguay, a menudo descrito como la “Suiza de América Latina”, aparecieron 14 cuerpos este año en un período de 10 días. Tres fueron quemados y uno cortado en pedazos. La letanía de estadísticas deprimentes sobre la fallida guerra contra las drogas y su terrible costo humano ha llevado a un número cada vez mayor de políticos en América Latina a pedir la legalización de la cocaína.