La siguiente es una nota de Meri Parrado publicada por Caras y Caretas, acerca del estado actual de la cannabis regulada en Uruguay. El título alternativo es de responsabilidad de la ACCA.
FLOR DE NEGOCIO
La industria del cannabis crece y el uso medicinal promete
Desde que Uruguay legalizó el consumo y la producción de cannabis en 2013, y pese a las barreras prohibicionistas que persisten, el sector viene floreciendo y busca ampliar mercados. ¿Qué cifras mueve esta industria?, ¿qué obstáculos enfrenta?, ¿cuál es la situación de los pequeños productores?
En Uruguay se puede acceder legalmente a 40 gramos mensuales de cannabis de uso adulto no médico por tres vías: mediante la compra en farmacias habilitadas (hasta 10 gramos semanales), clubes de membresía (hasta 40 gramos mensuales por socio) o a través del autocultivo (480 gramos anuales). Con respecto al uso medicinal, si bien se aprobó en el año 2019, se produce y exporta materia prima para la elaboración de productos médicos, pero aún no se pueden comercializar en territorio nacional.
De acuerdo a cifras del Instituto del Regulación y Control del Cannabis (Ircca) de julio de 2022, a un año de la habilitación de venta de cannabis en farmacias, en 2018, los adquirientes registrados eran 24.000 y actualmente son 49.630. Las farmacias habilitadas para la venta son 28 y están distribuidas en los departamentos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rocha, Salto y San José.
Además, hay 14.135 cultivos domésticos registrados -que pueden tener un total de 6 plantas hembras- y 249 clubes de membresía (sin fines de lucro) que contienen a un total de 7.166 miembros.
Hasta el momento se han entregado 199 licencias de las cuales 177 son para cultivo, 12 para industrialización (50% a capitales nacionales y 50% a capitales extranjeros) y 10 para investigación y desarrollo. Los países que recibieron licencias son Argentina, Alemania, Brasil, Estados Unidos y Georgia.
El potencial de la industria del cannabis en Uruguay se explica, en parte, por la gran variedad de productos que este país es capaz de producir. Para elaborar cannabis industrial se utilizan semillas, granos, fibras, tallos y flores, y se obtiene aceite, cáñamo (biomasa de uso no médico) y cannabinoides aislados que también se utilizan para el cannabis medicinal. De estos últimos, hay con alto contenido de CBD (cannabinoide no psicoactivo), así como de THC (componente psicoactivo).
Escenario actual y proyecciones
Las cifras de exportaciones de cannabis medicinal y de cáñamo industrial son otro indicador del progreso del sector. Mercedes Ponce de León, cofundadora de la plataforma de negocios Cannabis Business Hub (CBH), dijo a Caras y Caretas que “en 2020 se exportaron 7 millones de dólares, en 2021 8 millones de dólares y en lo que va de 2022 más de 4 millones y medio”.
Ponce de León aseguró que esta industria tiene grandes expectativas en cuanto a nuevas oportunidades de desarrollo en la medida que, a nivel mundial, los marcos regulatorios se amplíen y se tornen más permisivos respecto al tema del cannabis medicinal. “En este momento estamos expectantes de la reglamentación de la ley de accesibilidad al cannabis medicinal, vigente desde 2019”.
Lo cierto es que, aún sin esta regulación, sostuvo la entrevistada, el cannabis medicinal ya se produce en Uruguay, y es una industria que evolucionó en los últimos años. “Hay empresas que producen extracto para medicamentos, hecho con materia prima local, y se están desarrollando productos que cuentan con potencial para venderlos fuera del país. Por otro lado, hay una empresa que también está exportando flores, material vegetal -previsto en la ley madre- también considerado como cannabis medicinal. Estamos exportando a Europa, a mercados como Portugal, vendiendo flores con THC [componente psicoactivo] para uso medicinal”.
Dos de las empresas que están produciendo cannabis medicinal en Uruguay son Fotmer, la primera en realizar una exportación en 2019, y la multinacional Aurora, firma canadiense que elabora aceites de CBD (cannabidiol). Estas se exportan bajo el nombre comercial Bidiol y se utilizan para el tratamiento de epilepsia en niños y adolescentes.
Con respecto al cáñamo industrial, Pónce de León explicó que se obtiene a partir de la fibra de los tallos de una de las variedades de cannabis [Cannabis sativa], que ha tenido variados usos a lo largo de la historia de la humanidad y que tiene un gran potencial. “Lo primero que se descubrió de la planta de cannabis fue su fibra, no sus flores. Tiene en su tallo una capa muy grande de fibra, muy buena y más resistente que cualquier otra planta, por lo cual se preserva muy bien. A través de esta fibra, el ser humano comenzó a construir arcos, flechas y distintas herramientas. Toda la industria naviera de la historia de humanidad se basó en esta fibra. Las velas de las carabelas de Colón eran de cáñamo y también la primera bandera de Estados Unidos fue construida con este material. Con la fibra de cáñamo se puede hacer todo lo que es textil, papel y materiales de construcción”.
Por otro lado, aseguró que está comprobado que esta planta nunca fue prohibida por sus efectos psicoactivos o su letalidad, sino por intereses comerciales de la industria del algodón, en los años 40, cuando había una gran puja por el desarrollo de los textiles de cáñamo y de algodón en Estados Unidos. “Esta planta nunca mató a nadie y tiene un gran potencial para muchas industrias. La industria de cáñamo es realmente el potencial de esta planta, tanto así que algún día el tema recreativo va a ser una anécdota”.
Contó que, en Uruguay, algunas empresas han desarrollado muestras para textil y fibra e incipientes pruebas con granos, pero que aún no hay maquinaria adecuada para este tipo de proyectos y, actualmente, el país está enfocado en lo medicinal y recreativo. “Hay cuestiones que podían estar desarrolladas y por resistencias no se han desarrollado, por ejemplo, el alimento. En muchos países se venden comidas en base al cáñamo, que es considerado una superfood, mientras que en Uruguay ningún producto ha sido aprobado para su venta al público, eso claramente es un problema para el desarrollo. El cannabis medicinal es lo que ha tenido mayor inversión y desarrollo, pero hay que poder ver el bosque y no solo el árbol. Hay mucho en lo cual Uruguay se puede desarrollar”.
Barreras
Consultada por las demoras en la reglamentación para la accesibilidad al cannabis medicinal, Ponce de León opinó que esta normativa “no sería necesaria si se estuviera cumpliendo con la ley original”. En tal sentido, señaló que todavía existe una importante resistencia por parte de las autoridades sanitarias, por lo cual se requirieron nuevas reglamentaciones para hacer más explícita la accesibilidad a los pacientes. “Es ilógico que en una farmacia se puedan comprar flores recreativas y no se puedan comprar flores medicinales o sin THC, cuando Uruguay produce y exporta”.
Estas trabas también están relacionadas a la mirada prohibicionista que todavía existe sobre el consumo y uso del cannabis. “En Uruguay, por más que se reguló el mercado del cannabis, aumentaron las penas por delitos vinculados a las drogas y se están aplicando medidas mucho más represivas que tienen que ver con el abordaje hacia las políticas de drogas. Hay ciertos paradigmas que no se han derribado o no se ha puesto el énfasis en la reducción de riesgos y daños, que son abordajes más evolucionados que se aplican en países europeos”.
Para Ponce de León, las “resistencias” que persisten actualmente están cambiando y seguirán cambiando con el paso del tiempo. “Un ejemplo de esa evolución es el grado de acuerdo con la regulación. Al inicio de este proceso un 24% de la población estaba de acuerdo con regular el mercado del cannabis y actualmente un 48% está de acuerdo. En estos 9 años se observó a nivel de toda la sociedad una tendencia de apertura hacia este tipo de políticas, y eso es muy importante, aunque llevará tiempo que se transforme en una política de Estado”.
Exclusión
La Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay (ACCA) tiene una visión crítica respecto al escenario actual de la industria cannábica y se encuentra con otras dificultades pasa su desarrollo. El cultivador Julio Rey, integrante de este colectivo, opinó que la reglamentación actual no se cumple y que los pequeños productores están excluidos del sistema. “El pequeño productor no está incluido ni en la reglamentación 19.172 ni en la regulación 19.847, votada por unanimidad en 2019 en nuestro Parlamento, y que tenía plazo de un año para implementarse y no se cumplió. Tampoco se cumplió con el espíritu original de la ley, que era la inclusión del pequeño productor”.
Para el cultivador la implementación de la ley de regulación actual es “verticalista”, ya que “la pirámide de producción es dominada por el gran capital”. “Si bien la ley no prohíbe expresamente el desarrollo de pequeños productores, en su implementación y en la práctica, el grado de exigencia de logística y los costos de licencias son exorbitantes, por lo que excluyen a emprendedores y pequeños productores”.
“La ley vigente tiene como intención incluir al pequeño productor en ese mercado regulado y, a la vez, solucionar la accesibilidad, en términos de costos, para las personas que solicitan derivados naturales de las plantas. Sin embargo, vienen anunciando que la implementación de estos derivados será implementada de forma farmacotécnica, es decir, algo que solo podrá desarrollar el gran capital. Tampoco se han implementado las asociaciones de pacientes -asociaciones civiles sin fines de lucro- previstas en la ley”, agregó.
Con respecto a la expansión de la industria cannábica en Uruguay, sostuvo que el país “no ha podido avanzar como se hubiera querido, a pesar de haber dado el golpe histórico en la regulación del cannabis”, lo que atribuyó a “temas burocráticos e ideológicos” respecto al cannabis, tanto psicoactivo como no psicoactivo. Y añadió: “Recordemos que las distintas administraciones del Ministerio de Salud Pública, a lo largo del tiempo, mostraron resistencia a ciertos productos, como los aceites full spectrum, que utilizan derivados extraídos directamente de la planta. Hicieron informes muy negativos sobre este producto ignorando la evidencia científica a nivel mundial. De esta manera, esos aceites full spectrum, que eran elegidos popularmente por costos y efectividad, quedaron fuera del sistema regulado”.
El cultivador explicó que existe evidencia científica de que un cannabinoide aislado, como puede ser CBD, lo que se encuentra mayoritariamente en productos autorizados, tiene solo un 30% de efectividad respecto a lo que suele tener un derivado o un full spectrum -que contiene todos los cannabinoides- y que produce lo que los médicos han denominado “efecto séquito” mediante la sinergia de todos esos productos. “Sin embargo, en Uruguay, solo se ha autorizado el CBD aislado y la exportación de cáñamo. Es absurdo que el cáñamo, variante no psicoactiva del cannabis, se pueda exportar a lugares como Suiza, como sustituto de cigarrillo o como materia prima para elaborar medicamentos, y que no se pueda comercializar en el mercado interno”.
Sobre el cannabis recreativo, consideró que también está “trabado” debido a posiciones ideológicas respecto a las drogas. “Hay propietarios de farmacias que se niegan a vender marihuana y nos hacen rehenes a los usuarios de esa moral relativa”. A eso se suma, prosiguió, la producción y especulación con las licitaciones de quienes producen marihuana recreativa para las farmacias. “Existen licitaciones que han pasado por capitales mixtos, uruguayos y regionales, y posteriormente han sido vendidos a las empresas multinacionales de la marihuana, como Aurora. Creemos que más que el desarrollo de la industria, hay una constante especulación de los grandes capitales por dominar cualquier licencia y copar todo posible desarrollo, ya sea terapéutico o recreativo”.
Como si el panorama fuera poco complicado, la implementación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) también impactó sobre cultivadores y consumidores de cannabis. “La LUC afectó profundamente nuestros derechos y libertades. Pero hay que aclarar que es parte de un proceso que no se limita a la LUC, sino que surgió con el nuevo código penal en la anterior administración. La combinación de estos articulados lleva a que hoy tengamos gente con condenas no menores a dos años por delitos absurdos, como el de un cultivador que le vendió $ 500 de cannabis a un amigo, así como condenas de gente inocente. La LUC ha significado un retroceso absoluto y solo ha permitido avalar la visión prohibicionista por parte de la fuerza policial y el sistema judicial mediante la llamada guerra a las drogas cuando se trata de cantidades absurdas”.